Por Octavio Santos
En el corazón de Santo Domingo, el Polígono Central del Distrito Nacional, se erige como un símbolo de desarrollo y modernidad. Sin embargo, tras su fachada de torres imponentes y avenidas transitadas, se oculta una realidad menos glamorosa: un crecimiento urbano desordenado que ha llevado al borde del colapso a esta zona emblemática de la capital dominicana.
El auge incontrolado
Durante las últimas décadas, el Polígono Central ha experimentado una transformación vertiginosa. Lo que antes eran barrios residenciales tranquilos se han convertido en centros neurálgicos de actividad comercial y habitacional. La construcción de edificaciones de gran altura ha sido la norma, impulsada por intereses económicos que han priorizado la rentabilidad sobre la planificación urbana.
Este desarrollo acelerado ha generado una serie de problemas estructurales. La infraestructura existente, diseñada para una densidad poblacional mucho menor, se ha visto sobrepasada. La falta de planificación ha resultado en una red vial congestionada, sistemas de drenaje insuficientes y una demanda de servicios básicos que supera con creces la oferta disponible.
La falta de fiscalización
Uno de los factores clave en esta crisis es la falta de aplicación efectiva de las normativas urbanísticas. Aunque existen regulaciones destinadas a controlar el crecimiento y garantizar la sostenibilidad, estas a menudo son ignoradas o modificadas para adaptarse a intereses particulares. La fiscalización por parte de las autoridades competentes ha sido, en el mejor de los casos, deficiente.
La permisividad institucional ha permitido que se construyan edificaciones sin considerar la capacidad de carga de la zona. Esto ha resultado en una presión insostenible sobre los servicios públicos y ha exacerbado los problemas de movilidad y calidad de vida para los residentes.
El rol de los ciudadanos
La respuesta ciudadana ante esta situación ha sido limitada. Si bien existen casos de organizaciones comunitarias que han alzado la voz, la mayoría de la población ha permanecido pasiva. La falta de una cultura de participación y exigencia ha contribuido a que las irregularidades persistan sin mayores consecuencias.
En contextos donde la ciudadanía se involucra activamente en la defensa de sus derechos urbanos, es más probable que se logren cambios significativos. La experiencia internacional demuestra que la presión social puede ser un catalizador para la implementación de políticas públicas efectivas y sostenibles.
Hacia una solución integral
La situación del Polígono Central requiere una intervención integral que aborde tanto los problemas estructurales como los institucionales. Es fundamental que las autoridades locales y nacionales asuman un compromiso real con la planificación urbana sostenible. Esto implica no solo la aplicación rigurosa de las normativas existentes, sino también la revisión y actualización de estas para adaptarlas a las necesidades actuales.
