Por Haivanjoe Ng Cortiñas
El Congreso se prepara para aprobar la modificación del presupuesto 2025. La votación está garantizada por la mayoría oficialista, pero lo que no está garantizado es la transparencia: el país sigue sin saber con claridad de dónde saldrán los llamados ingresos extraordinarios que financiarán el nuevo gasto.
Entonces, el problema no es la legalidad de esa aprobación, sino el costo en términos de legitimidad democrática: la propuesta llega con opacidad, sin un informe técnico público que clarifique los ingresos extraordinarios y sin que el Congreso cumpla plenamente su rol de fiscalizador de las finanzas públicas.
Además, este debate ocurre en un escenario macroeconómico donde se evidencia la precaria dotación de recursos públicos a la inversión. De los RD$ 69.7 mil millones adicionales para el gasto, un 49.0 % se destinará a gasto corriente y un 51.0 % al de capital. Este reparto evidencia la falta de contrapeso institucional.
Luego de las primeras críticas a la opacidad del proyecto de modificación presupuestaria de 2025, el Poder Ejecutivo envió una carta/adendum al Congreso para “modificar la modificación” -aunque se lea y luzca gramaticalmente como pleonasmo-, especificando un nuevo financiamiento de hasta RD$ 10,627.9 millones, para justificar el fondeo de gasto público que asciende a RD$ 1.66 billones.
La aprobación se hará en un ambiente de ausencia de un comité técnico especializado en finanzas públicas, que rinda un informe de carácter público a los fines de sustentar la modificación presupuestaria. Esta conducta legislativa es una demostración de debilidad institucional, al tiempo que revela la no obligatoriedad legal de una memoria técnica pública que acompañe a la propuesta de modificación presupuestaria.
La ineficiencia en la ejecución presupuestaria se evidencia en los primeros 8 meses del año 2025 en las subejecuciones del gasto de capital, con solo un 47.8 % de su apropiación del año en curso, lo que hace inclinar la posibilidad de que tampoco se cumpla con el aumento previsto en el presupuesto complementario para la ejecución de las inversiones públicas.
El nuevo déficit fiscal del 2025 de un monto de RD$ 276,610 millones no solo crece de un 3.0 % a un 3.47 % del PBI, sino que también eleva la presión del déficit sobre el gasto público, al pasar su participación de un 16.0 % en el 2024 a un 16.6 % en el 2025, para un incremento de la presión fiscal y demostrativo de una mayor amenaza a la sostenibilidad fiscal, además, de un mayor nivel de endeudamiento y de una mayor exposición a riesgos fiscales en el corto y mediano plazos. En pocas palabras, el gobierno está gastando más que sus posibilidades.
El aumento de las apropiaciones presupuestarias en un monto de RD$ 69.7 mil millones en el 2025 y su anuncio de que define la política fiscal como de tipo contracíclica, que apuesta a una reactivación económica, luego de la contracción del PIB en los primeros 7 meses del año a un 2.4 %, con un aumento del gasto de capital en un monto de RD$ 35,548 millones, resulta en un sofisma, al analizar la composición de la distribución de la nueva apropiación presupuestaria que es de un 51.0 % para gasto de capital y de RD$ 34,192 millones en gasto corriente o su equivalente de un 49.0 % del gasto público total. Esto significa que se privilegia el consumo político inmediato sobre las inversiones que generan empleos y bienestar a largo plazo.
En el mejor de los casos, de aplicarse sin dilación y en su totalidad el nuevo monto del gasto de capital de la modificación presupuestaria del 2025, al PIB dominicano se le agregaría un incremento de un 0.4 %, conforme a la estimación basada en el multiplicador del gasto de capital, que es el que mide la capacidad de las inversiones públicas sobre el desempeño de la economía.
La opacidad de la modificación presupuestaria que establece unos ingresos extraordinarios y balance de caja para usar más de RD$23 mil millones de saldos no ejecutados de 2024, deja sin especificar el origen de los restantes RD$ 36,072 millones, al limitarse a señalar que corresponden a balances no utilizados de los años que van del 2021 al 2023.
Pero resulta, que en el 2021 el déficit fiscal fue de un 2.7 %, el 2022 de 3.2 %, el 2023 de 3.1 % y el 2024 de 3.1 %, demostrativo de desbalances fiscales recurrentes durante esos años, entonces, ¿cómo explicar los excedentes presupuestarios? Ahí radica la opacidad de la propuesta de modificación presupuestaria y de la ausencia del rol del Congreso de la República, como garante de la fiscalización del presupuesto nacional.
La ausencia de transparencia en la propuesta de modificación presupuestaria también se revela ante el no conocimiento de que los porcentajes de los ingresos extraordinarios provienen de financiamientos de ejercicios fiscales de años precedentes, lo que implica unos compromisos financieros por pago de intereses que no son compensados por su inutilización y colocación en el sistema bancario dominicano.
Si los referidos recursos están depositados parcialmente en el banco comercial estatal, este no tiene antecedentes de pagar intereses por recursos del gobierno y la otra parte, si están colocados en la banca privada, han estado devengando intereses que no superan el 3.5 %, mientras que la tasa por los préstamos internacionales ha estado pagando intereses a una tasa que oscila entre un 4.5 % a un 8.0 %, dependiendo el año de vencimiento.
Esto muestra falta de eficiencia en la ejecución presupuestaria de los años anteriores y usar esos saldos para cubrir nuevas apropiaciones puede ser financieramente útil si se cumple con la ejecución del gasto de capital, pero no es una solución estructural. Este tipo de ingresos no son sostenibles ni recurrentes, por lo que no deberían financiar programas permanentes -aun tengan la connotación de programas sociales- y gastos corrientes.
Los recursos públicos que provienen de balances no ejecutados de años anteriores pudieron haberse destinado al pago del servicio de la deuda pública, una manera de reducir la presión fiscal y promover espacios fiscales.
Ante la ausencia de transparencia de los ingresos extraordinarios, una postura valiente y responsable en el ámbito legislativo debe ser la de reclamar una auditoría especial a los fines de establecer responsabilidades e identificar carencias en la gestión de las finanzas públicas. La democracia fiscal no se mide solo en votos congresuales, sino en la transparencia ante los ciudadanos que son, al final, los que pagan la deuda y l
