Por Máximo Calzado Reyes
La libertad de expresión e información no es solo un principio jurídico; es la respiración misma de la democracia. En su núcleo late la posibilidad de pensar, cuestionar y compartir ideas sin miedo, sin censura y sin ataduras. La Constitución dominicana, en su artículo 49, consagra este derecho como uno de los más sagrados, al proclamar que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”.
Este mandato constitucional no se detiene ahí. En su numeral primero, el mismo artículo reconoce además el derecho de toda persona a buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, subrayando que el acceso y la circulación del conocimiento son el pulso vital de una sociedad libre.
En consonancia con este espíritu, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, refuerza la dimensión humana y universal del derecho al pensamiento y la expresión. Nadie puede ser privado de manifestar sus ideas, de escuchar las de otros, ni de difundirlas más allá de las fronteras. Es el reconocimiento de que la palabra no conoce límites geográficos ni ideológicos.
De igual modo, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000, eleva este derecho a la categoría de fundamental e inalienable. No es una concesión del Estado, sino una condición inherente a la dignidad de toda persona.
En esas atenciones, es importante destacar que, aunque la Carta Democrática Interamericana no menciona de forma explícita la libertad de expresión, su artículo 7 la hace latir entre líneas, al afirmar que “la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos”. En otras palabras, donde no hay libre expresión, la democracia se desvanece.
Por tales razones, la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia, no solo habilita la palabra: sostiene la estructura entera del debate público. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su célebre Opinión Consultiva OC-5/85, lo expresa con una claridad contundente: “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública… una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.”
De esta manera, este derecho se erige como un instrumento de participación ciudadana y de control del poder. Sin él, el pensamiento se marchita, la crítica se silencia y la verdad se vuelve rehén de los intereses.
La misma Opinión Consultiva de la Corte Interamericana introduce una idea luminosa: la doble dimensión de la libertad de expresión. No se trata solo de un derecho individual, el de hablar, escribir o crear, sino también de un derecho colectivo, el de recibir información, contrastar y formarse un juicio propio. “Cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no solo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a recibir informaciones e ideas.”
Precisamente, en esa dualidad radica la grandeza del ejercicio al derecho a la libertad de expresión e información, ya que el emisor y el receptor son parte de un mismo proceso comunicativo que alimenta la vida democrática. La censura que calla una voz empobrece a toda la sociedad.
En conclusión, el derecho a la libertad de expresión e información constituye un derecho paraguas, del cual se desprenden múltiples garantías que fortalecen el Estado de Derecho. Cada palabra emitida y cada idea recibida forman parte de un mismo acto de libertad. Porque en última instancia, hablar y escuchar son los dos latidos de una misma democracia.
