Por Osvaldo Santana
Quienes el pasado 8 de julio escucharon o vieron al presidente Luis Abinader defender en La Semanal el desempeño del Seguro Nacional de Salud (SENASA), como garante de los servicios sanitarios de millones de dominicanos, no pueden creer que se trate de la misma persona que el pasado domingo 14 de septiembre ordenó presentar un informe a la Procuraduría General de la República sobre “irregularidades” en esa institución.
No podía ser, pero sí, el mandatario dio un cambio radical respecto a la actitud que asumió en julio sobre las graves irregularidades en SENASA denunciadas originalmente por la Fuerza del Pueblo, que colocaban a esa entidad al borde de la quiebra.
Aquella vez, cuando fue interrogado sobre la denuncia sobre lo que pasaba en SENASA, recurrió a una retórica que implicaba un rechazo, y al mismo tiempo, una defensa.
Dijo entonces: “Senasa no es un negocio; es una misión que forma parte de la política pública. Es una institución pública con un profundo compromiso social, dedicada a proteger la salud y la vida de todos los dominicanos.
“… Y nunca le faltará cobertura de SENASA a los dominicanos y dominicanas, ni en el contributivo ni en el subsidiado, mientras yo sea presidente.
“Y sería bueno preguntar a los millones de beneficiarios, si esto es política o salud… se les ha dado a todos los dominicanos sin bandería política…”
Aquella vez no estaba en el tapete el alcance social de SENASA, sino la denuncia opositora e incluso del Colegio Médico Dominicano (CMD) sobre graves irregularidades, pero el presidente Abinader prefirió referir la trascendencia de los servicios prestados y el papel de la prestadora en favor de los dominicanos.
Ahora, se produce un cambio de actitud que en la práctica se convierte en una admisión de que en SENASA hay una situación escandalosa, y pasa a anunciar el día 13 de este mes, que ordenó al superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), y al director actual de SENASA presentar ante la procuradora Yeni Berenice Reinoso los “graves hallazgos de irregularidades detectadas”. Presurosos, Miguel Ceara Hatton, de la superintendencia y Edward Guzmán, de SENASA, visitaron el lunes 15 de septiembre en la mañana la Procuraduría.
En paralelo, el domingo 14, el mismo presidente hacía la siguiente publicación en la red social X: “Durante estos cinco años he luchado contra la impunidad y la corrupción. En coherencia con ello, envié el informe que revela irregularidades en la ARS-SENASA, directamente a la Procuradora Yeni Berenice, con una advertencia adicional a los funcionarios de mi gobierno para que no se equivoquen. Hoy quiero recordarles que puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices. En mi gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo”.
Según noticias de diferentes medios, el presidente Abinader ha sugerido que tenía datos sobre lo que ocurría en SENASA desde el año pasado, pero fue en agosto de este año cuando destituyó a su director Santiago Hazim, quien desempeñó un rol estelar en su campaña para alcanzar la Presidencia. Es la cabeza de OLA, la denominada Organización Luis Abinader (OLA), que durante más de ocho años lideró parte del sector externo del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Curioso
Ha llamado la atención que en torno a las denuncias de estafa contra los fondos de SENASA ni por asomo se menciona el nombre de su exdirector, sino a gerentes y encargados de áreas, como si esa institución durante los cinco años de gobierno perremeísta no tuviera un jefe.
No se le menciona absolutamente en nada, como si fuese ajeno a cuanto ocurría en la ARS estatal, siendo precisamente director ejecutivo, y de alguna manera, tendría que explicar qué pasó ahí.
De lo que se habla es de una estructura corrupta que envolvía a gerentes y encargados de áreas, coaligados con empresas o prestadoras y otras personas, que se dedicaban a facturar servicios nunca prestados, que dieron lugar a pérdidas cuantiosas.
El escándalo de SENASA estremece
Manejado en principio como si nada pasara, y que incluso, en algún momento el presidente respondiera las denuncias de la oposición de manera desdeñosa, sugiriendo que había un manejo político, el escándalo ha estremecido al gobierno. Se suma a los ingredientes que atacan uno de los ejes centrales de la apuesta gubernamental: la honestidad en el manejo de los recursos públicos.
En conocimiento de ese dato, ahora podría entenderse mejor la iniciativa del presidente Abinader de reunir a principios de septiembre, en el Palacio Nacional, a los miembros del Consejo de Ministros, a los cuales habría advertido las consecuencias de cometer actos que riñan con los cánones de la buena administración.
El motivo fue un encuentro con la procuradora general de la República a propósito de la aprobación del Código Penal y los cambios a la ley de Compras y Contrataciones, los cuales tienen nuevos rangos de sanciones penales para quienes cometan “indelicadezas”. La ley 74-25, (Código Penal) fue detallada por Berenice Reinoso, y la 47-25 (Compras y Contrataciones), habría sido explicada por Carlos Pimental, director de Compras y Contrataciones. Algo raro, porque los ministros y directores no son párvulos ignorantes de las leyes.
Abinader cambió de actitud
Como se puede ver, Abinader, después de su defensa a SENASA frente a las denuncias de graves irregularidades, el pasado julio, ha debido cambiar de tono, y adherirse a su proclamada política de transparencia y cero tolerancia a la corrupción en su gobierno. Porque, en definitiva, la oposición no censura la expansión del servicio a los más pobres, sino al cuestionable manejo de los recursos por una mafia que se habría apropiado de millones de pesos.
