Por Osvaldo Santana
Mouné trabaja como vigilante en uno de los sectores del Distrito Nacional. Lleva en el puesto al menos cinco años. Él es haitiano establecido irregularmente en el país. Su estatus legal no impidió que los vecinos lo contrataran, sin la protección de seguridad social que le corresponde. Es la oportunidad que tienen ante un mercado laboral cada vez más competitivos para determinados servicios.
La cuestión es que el pobre Mouné, cumplidor a cabalidad con sus obligaciones laborales, lo atraparon los agentes de Migración, y aunque fue detenido en el Distrito Nacional, terminó rumbo a Haití por la ruta por Dajabón. Al final, el hombre consiguió retornar, pero eso le valió desembolsar 39,500 pesos a agentes de Migración.
Como Mouné, miles de ciudadanos haitianos en Santo Domingo resultan atrapados en redadas repentinas, pero logran quedarse de este lado de la isla mediante el pago de dinero. Es uno de los factores que eleva la cifra de deportados que la dirección de Migración presenta como éxito.
La persecución de ciudadanos haitianos en situación irregular ha derivado en otra fuente de corrupción en la Administración, difícil de desentrañar, porque el gobierno no hace lo adecuado para controlar de verdad la frontera o para buscar los medios para registrar a quienes están de ese lado en forma irregular y desempeñan un rol en la economía.
Es un tema de difícil solución. Pero hay uno mayor, asociado a esos seres de origen haitiano que habitan en República Dominicana. En algún momento fueron identificados por los defensores de los derechos humanos como los apátridas. Nacidos aquí de padres no registrados que tampoco pudieron ser documentados. En el pasado remoto no existía la declaración de nacimiento desde el hospital, diferente a lo que ocurre ahora, que cada nacido es anotado en un libro de Extranjería.
Aunque ya desaparecieron los defensores, es creciente el número de nacidos en República Dominicana que no pueden ser documentados. Hijos de extranjeros en condición irregular no pueden ser provistos de un acta de nacimiento que les permite obtener una cédula de identidad para sus actos civiles, para ingresar a los centros de estudios o al mercado laboral formal.
Esa población crece en un limbo jurídico y se constituye en una fuerza laboral solo útil para las labores duras que no quieren ejercer los dominicanos.
Existen, pero excluidos de los derechos que les corresponden. No son dominicanos, pero tampoco tienen los medios para llenar los requisitos que igual les exigen las autoridades haitianas para registrarlos a través de sus oficinas consulares. Si no tienen papeles emitidos por alguna instancia nacional, a las autoridades haitianas se les dificultad también registrarlos como ciudadanos de su país.
Esas personas, que nacieron y crecieron aquí, no se sienten haitianos más allá de los vínculos con sus progenitores. Son renuentes a acudir a un consulado haitiano, el cual suelen verlo ajeno a su vida. Se perciben dominicanos que al mismo tiempo son rechazados como tales.
Es una cuestión que devuelve toda la vigencia a los días en que fue emitida la ley 169-14 para la regularización de extranjeros, con el agravante de que ahora los defensores de esa gente han colgado los guantes, o pasaron a las filas de quienes se niegan a reconocer esta realidad.
No son refugiados o exiliados, son desnacionalizados, a los cuales se les niega el derecho a un nombre propio y a un estatus.
Es que la ley 169-14 solo alcanzó a un número muy limitado de extranjeros que pudieron beneficiarse del régimen especial instituido entonces para facilitar el registro.
La ley estaba llamada a jugar un papel, pero su aplicación fue saboteada en un debate irracional, y en la mayoría de los casos, los destinatarios no estaban en capacidad para entender ni beneficiarse de la oportunidad que se les brindaba. Las autoridades haitianas ni las dominicanas, y menos las famosas ongés, hicieron lo necesario para movilizar a esa población.
Ahora la situación de ciudadanos extranjeros en condición irregular se ha agravado. Decenas de miles siguen llegando; un alto porcentaje logra establecerse, forman familia, procrean hijos, todo al margen de la ley. Y continúa reproduciéndose el problema.
¿Será necesario un relanzamiento de un nuevo programa de regularización? Los datos de la Encuesta Sectorial Agrícola (Enagrot 2022) del Instituto Nacional de Migración, revela que el 60% de los trabajadores de 711 fincas están establecidos aquí desde hace al menos 10 años, sin retorno. Evidencia un flujo sostenido de migraciones para la agricultura, y agregamos, para los demás sectores, como la construcción o servicios menores.
En vez de avanzar, el país retrocede, y se conforma con un pantalleo de captura de ilegales que deviene en una fuente de corrupción y enriquecimiento de sus manejadores.
