Lito Santana
Cuando Don Antonio Guzmán Fernández se juramentó como presidente de la República el 16 de agosto de 1978, una de sus primeras medidas fue derogar las famosas leyes 6, 70 y 71, instrumentos empleados por su antecesor, Joaquín Amparo Balaguer Ricardo, para investigar, localizar, apresar o fusilar, a miles de jóvenes en todo el territorio nacional, tras ser acusados de violar esas normas, que proscribían la práctica del comunismo, en República Dominicana.
Para esquivar esas leyes y seguir luchando en defensa de los intereses y servicios del pueblo, los jóvenes izquierdistas debían recibir intensos entrenamientos en sus organizaciones revolucionarias, incluyendo viajar al extranjero, para usar técnicas de evasión y escaparse del brazo ejecutor de grupos militares y paramilitares que, como fieras rabiosas, salían a cazar a nuestros muchachos, que sólo procuraban el bienestar del pueblo.
Una de esas técnicas aprendidas por los defensores de la Patria, era fortalecer sus bases sociales, vinculándose a los sectores más empobrecidos, como los trabajadores y campesinos, cuyas casas o pequeñas propiedades, se convertían en refugios cuando arreciaban las persecuciones.
El uso de seudónimos o nombres falsos era otra técnica usada para evadir las búsquedas. Muchas veces se aplicaban labores de contrainteligencia militar como forma de ir un paso por delante de los sabuesos del régimen.
También era parte del trabajo social, vincularse con maestros, médicos, agrónomos, mecánicos, pequeños comerciantes, sacerdotes y hasta empleados medios, que amparaban a jóvenes perseguidos para que no fuesen capturados.
La lucha por la supervivencia incluía la infiltración de los organismos de seguridad del Estado, colocando militantes en las “entrañas del monstruo”.
Aun así, cuando los organismos de seguridad le ponían el ojo a un militante de la revolución, no había forma de escapar, caer preso o morir fusilado.
La lista con estos ejemplos sería interminable.
Ahora que los tiempos han cambiado y no hay luchas de ese tipo, vinculadas con las ideologías y que la delincuencia común desborda los organismos de seguridad del Estado, es lógico preguntar, cuál es la base social de los líderes de la delincuencia que no pueden ser atrapados por los “encargados del orden”.
El caso más resonante es el de un tal “Kiko La Crema”, enclavado en la zona rural de Cambita en San Cristóbal, cuyo manual de escape y evasión a la persecución debe ser analizado, si es que algún día lo apresan o lo fusilan en un “intercambio” de disparos.
Lo mismo ocurre con otros sospechosos de cometer algún delito, que viviendo en zonas conocidas de la ciudad capital o el interior del país, no pueden ser apresados y sometidos al orden.
¿Cuál será la base social y la contrainteligencia de estos delincuentes comunes?
