Por Rafael Méndez
Con el precedente de tres gobiernos desastrosos, se efectuaron la primera vuelta electoral, 9 de febrero del 2025 y una segunda vuelta electoral el pasado 13 abril del 2025. En el primer certamen se produjo un empate técnico entre el candidato-presidente de la derecha Daniel Noboa, y la candidata del progresismo Luisa González, con una diferencia de apenas 16 mil votos a favor del mandatario.
Y esos resultados en medio de una situación política, económica y social caracterizada la violencia, la inseguridad, la extrema precariedad en los servicios públicos, con suspensión de hasta 14 horas de fluido eléctrico, las más precarias condiciones de la educación pública y de la salud, la violencia y la delincuencia que ubican a Ecuador como el país más inseguro del mundo, y ante una reacción de shock, los diversos sectores reaccionan: ¿cómo Daniel Noboa sorprende con una victoria pasmosa, mientras se preguntan cómo Luisa González cae de manera estrepitosa, en tan poco tiempo?
Para la segunda vuelta, se destacó el papel del candidato de la raza originaria, quien obtuvo más de 500 mil votos en la primera ronda y quedó en tercer lugar, y cuyo respaldo fue fundamental para la estrategia de Luisa González, al sumarse líderes y organizaciones indígenas a su campaña. Sin embargo, este apoyo parece haberse diluido al no reflejarse en el resultado final, lo que pone de relieve una desconexión abismal entre lo proyectado por las encuestas y los resultados oficiales, alimentando así la polémica sobre la transparencia y legitimidad del proceso electoral.
Durante la contienda, Luisa González se destacó por una conducta impecable, sin errores que pudieran defraudar a un electorado ansioso por un cambio de rumbo en el país. La mayoría de las encuestas, tanto las previas, como las realizadas en boca de urna, apuntaban de forma clara a la candidata del progresismo como favorita para liderar el país, lo que generaba expectativas de una transformación en la conducción política y en la manera de abordar los problemas nacionales.
Caracterización de la situación social y económica de Ecuador
El escenario en el que se desarrollaron elecciones de segunda vuelta estuvo marcado por una crisis social y económica profunda. Durante el mandato del actual presidente-candidato, se han agravado todos los indicadores sociales y económicos, evidenciando un deterioro que afecta a amplios sectores de la población. La prolongada situación de apagones, que en ocasiones se extendieron hasta 14 horas, ha mermado la calidad de vida y ha repercutido en la productividad de diversas actividades. Paralelamente, la situación de la salud pública ha empeorado notablemente, con hospitales saturados y una respuesta insuficiente ante emergencias sanitarias, lo que ha generado un clima de descontento y desesperanza entre los ciudadanos.
Este deterioro estructural se suma a una crisis política que se traduce en la falta de respuestas efectivas ante los problemas del país. La desconexión entre la realidad vivida por la ciudadanía y la gestión del gobierno se hace cada vez más patente, alimentando la percepción de un fraude burdo y colosal que favorece a un candidato cuyo mandato se percibe como incapaz de revertir la espiral negativa en la que se encuentra la nación. Las expectativas generadas por las encuestas y por el respaldo de diversos sectores se han visto frustradas por una realidad innegable de agravamiento en la vida cotidiana, dejando en evidencia un panorama que exige profundas reformas y una rendición de cuentas real.
Descontento ciudadano y la inseguridad en auge
La inseguridad es otro factor determinante en este contexto de crisis. Durante el mandato actual, se ha registrado un incremento alarmante de la violencia y de situaciones delictivas en diversas regiones del país, lo que ha contribuido a un clima de temor y desconfianza hacia las instituciones. La percepción de que la seguridad ciudadana ha sido desatendida ha potenciado el descontento social, generando un ambiente de incertidumbre que se refleja en cada rincón de Ecuador. Este ambiente de inseguridad ha sido agravado por la falta de medidas efectivas y por una gestión que parece priorizar intereses políticos por encima del bienestar de la población.
El agravamiento de la situación se convierte en el epicentro de las denuncias y críticas, ya que la discrepancia entre la realidad diaria de los ciudadanos y los resultados que anuncia el Consejo Nacional Electoral resulta insostenible. La evidencia de apagones prolongados, el deterioro de la salud pública y el aumento de la inseguridad, en un contexto donde la gestión gubernamental debería estar orientada a resolver estos problemas, refuerza la tesis de un fraude electoral que busca ocultar el verdadero estado de crisis que atraviesa el país.
