Por Gregorio Montero
Uno de los retos cruciales a los que se enfrentan las instituciones y autoridades de la Administración Pública hoy día tiene que ver con el conocimiento que deben tener en torno a los asuntos de su competencia; el conocimiento debe precederle a cualquier toma de decisión, sea esta simple o compleja, pues la misma, dadas sus implicaciones e impacto social, tiene que tomarse sobre la base de informaciones precisas y datos confiables que respalden su pertinencia. En la actualidad, tomar decisiones sin disponer y ponderar el conocimiento necesario que imprima certeza al acto administrativo que se emite, tomando en cuenta su alcance y afectación de intereses, constituye la mayor expresión de irresponsabilidad de los gestores públicos.
La gestión pública moderna exige que la actuación administrativa sea debidamente informada, lo que coloca al sector público ante la disyuntiva de actuar con ligereza, al margen de las teorías y principios de la administración científica, universalmente aceptados, o, por el contrario, asumir con rigor en su actuación las categorías científicas y herramientas técnicas que, sobre la gestión estatal, están disponibles y han sido probadas. Esto último, que es el deber ser, conlleva, necesariamente, la planificación y sistematización de los procesos que habrán de garantizar la efectiva construcción del conocimiento, así como una adecuada gestión del mismo, a lo interno de los entes y órganos estatales, apostando de esta forma a la efectividad de la gestión.
Debemos recordar que el conocimiento es un proceso mediante el cual se adquiere información relevante que permite que las personas comprendan todo lo necesario y desarrollen habilidades para operar de forma productiva ante una realidad que les circunda; en este proceso se produce una interesante y virtuosa relación en la que interviene el individuo, que es quien desea conocer, y el objeto o la realidad que debe ser conocida, siempre con la mediación del razonamiento, la experiencia, la percepción y el estudio de los fenómenos identificados. En el proceso cognitivo se valoran fuentes empíricas, intelectuales, testimoniales y educativas, por lo que son asumidas como parte de este las vivencias, los ejercicios mentales y la transmisión de información.
Cuando se habla de construcción de conocimiento en la Administración Pública se hace referencia al proceso permanente en el cual los servidores públicos, de forma activa, captan, interpretan, almacenan y hacen uso de la información disponible, relacionada con las funciones y tareas que tienen bajo su responsabilidad; importante es entender que en el sector publico esto debe ser asumido desde una dimensión estratégica, pues los saberes institucionales que se construyen son la base para la gestión adecuada de las políticas públicas y de los servicios. Esto contribuye a consagrar la inteligencia institucional necesaria para que la toma de decisiones fundada en información veraz y evidencias incuestionables, que es innegociable, sea asegurada en cada una de las instancias administrativas.
La construcción de conocimiento en las instituciones del gobierno hace parte de los procesos fundamentales de modernización e innovación, donde los funcionarios ponen de manifiesto sus experiencias y conocimientos concretos de las teorías y normas asociadas a su labor, que resultan de los estudios que realizan, por lo regular financiados por el Estado. En estos casos, la construcción de conocimientos debe hacerse siempre con el objetivo central de transformar y mejorar las organizaciones públicas, en procura de la eficiencia en el cumplimiento de los programas y acciones del gobierno y de agregar valor; no hay duda en que ahora con los avances tecnológicos, especialmente con la Inteligencia Artificial, esta cuestión adquiere una dimensión mayor.
El afamado profesor y autor de significativas obras en el campo de la administración científica, el austriaco nacionalizado estadounidense, Peter Drucker (1988), reconocido incluso como uno de los padres de la gestión del conocimiento, estableció que hablar de conocimiento es hablar del activo fundamental de las organizaciones, lo que obliga a acuñar la idea y el enfoque del “trabajador del conocimiento”. En los organismos estatales, más que en cualquiera otro tipo de organizaciones, la dotación de conocimientos y capacidades a los servidores públicos está conectada no solo con el hecho de que estos puedan despachar decisiones cualificadas y certeras, sino además con que puedan cumplir sus propios fines y los del Estado.
En cuanto a la gestión del conocimiento en el sector público, esta se refiere a un proceso, también estratégico, mediante el cual las instituciones públicas organizan, sistematizan y comparten el conocimiento construido a lo largo de su existencia, colocándolo a disposición de la mejora institucional y la eficiencia gubernamental. La gestión del conocimiento en las instituciones públicas debe tomar en cuenta el capital intelectual que reposa en los funcionarios, en la memoria institucional, individual y colectiva, que resume años de experiencias, el aprendizaje permanente de los empleados como consecuencia de la constante interacción y el intercambio de informaciones que contribuyen a configurar verdaderas comunidades de práctica.
La gestión del conocimiento implica también el establecimiento de ámbitos de colaboración que ayudan a algo más que la simple acumulación o almacenamiento de conocimientos, es decir, a compartir los mismos con el dinamismo y la atención que les imprimen utilidad. De hecho, la implementación de un programa de gestión del conocimiento, que es parte de una estrategia de modernización e innovación, convoca a atender debidamente a las personas que intervienen, a diseñar y rediseñar debidamente los procesos institucionales, a asumir con cuidado las atribuciones y funciones, a intervenir los elementos de la cultura institucional cada vez que sea necesario, a mirar las virtudes y defectos de las herramientas tecnológicas.
Lo dicho anteriormente es lo que garantiza continuidad de los programas estatales ante los cambios políticos y la alta rotación de personal en las franjas correspondientes. Para el catedrático español Mario Pérez Montoro (2016) la gestión del conocimiento es el arte de crear valor a partir de activos intangibles, transformando experiencias personales en conocimiento común útil. Como se puede ver, la valía e importancia de la gestión de conocimiento en la Administración Pública están supeditadas a la posibilidad de generar interacción entre los saberes individuales de los colaboradores, para que estos a su vez sean transformados y convertidos en saberes o conocimientos colectivos e institucionales; bajo esta lógica, las instituciones públicas aprenden.
Lo que se aprende de manera individual en los programas de formación y capacitación de los servidores públicos, el conocimiento obtenido a través de las experiencias en el servicio público, y el intercambio de ellas, los resultados de las investigaciones y análisis de temas de gestión pública, constituyen el acervo y la inteligencia de las instituciones, por lo que debe ser puesta en práctica al momento de tomar y ejecutar decisiones administrativas. No tomarlo en cuenta es la forma más eficiente de no hacerlo bien y traicionar la confianza ciudadana, pues cuando las autoridades públicas actúan sin el debido conocimiento, sin ponderar las informaciones y los datos, ignorando la ciencia, exponen con ello la credibilidad del Estado y la seguridad jurídica.
La construcción, la transmisión y la gestión de los conocimientos en el sector público responden a una estrategia institucional transversal que se sustenta en los programas de investigación, en la formación, capacitación y experiencias de los servidores públicos, todo lo cual hace parte de la inversión que debe realizar el Estado, misma que solo tendría sentido si se priorizan acciones dirigidas a retener en las instituciones públicas el talento humano beneficiario de estos saberes, donde se sintetizan todos los esfuerzos y sacrificios que en esta dirección se materializan. Esto se logra con el despliegue del sistema de mérito y profesionalización de la función pública que, con un enfoque de carrera administrativa, garantice la estabilidad, la promoción y el ascenso de ellos.
El recurso humano en el Estado tiene un valor singular, el cual crece en la medida en que sus aprendizajes y conocimientos acumulados son colocados al servicio de la solución de problemas públicos, lo que garantiza sin duda la sobrevivencia de las instituciones. Desde esta óptica, el servidor público debe ser también un trabajador del conocimiento, en aprendizaje continuo, aplicar día tras día de manera consciente y en cada circunstancia sus saberes teóricos y técnicos.
