Lito Santana
La resistencia generada por una parte de la población inconforme por la aprobación del nuevo Código Penal, me recordó aquellas discusiones sobre cómo abordar las diferencias, cuando en medio de las luchas populares teníamos la disyuntiva de perderlo todo o conseguir una parte de nuestros reclamos. Fueron tiempos de las décadas de los 70, 80 y hasta 90 del siglo pasado.
Prácticamente éramos muchachos de entre 20 a 25 años, los que teníamos que sentarnos a "negociar" con las autoridades el levantamiento de una huelga que podía ser por 48 horas o indefinida, en demanda, casi siempre, de la mejoría de los servicios a la población.
Con la presencia del gobernador provincial, el síndico municipal y el comandante de la Policía Nacional, surgían los debates con los dirigentes populares sobre qué demandaba la comunidad y que podían ofertar las autoridades.
Muchas veces se reclamaba la construcción de un liceo, reparación de una carretera, de aceras y contenes o mejoría del servicio de agua potable. En ocasiones había reclamos más genéricos como bajar "el alto costo de la vida" o el fin de los apagones.
Con las manifestaciones encendidas y el pueblo en huelga, surgían las ofertas y promesas de las autoridades para que se levante el paro y las demandas radicales de los huelguistas, para que se resuelvan los problemas.
Casi siempre "por el nivel de sus rangos”, los negociadores oficiales no podían complacer todos los reclamos, como bajar el costo de la vida o reparar una carretera. Pero, si podían iniciar la reparación de las aceras y contenes, y mejorar de inmediato la calidad del agua para que sea potable.
Ese tipo de tranque podía extenderse por horas y a veces por día, radicalizándose la protesta y aumentando la represión oficial para detenerla.
Y ahí surgía el debate entre los jóvenes protestantes, sobre si aceptar "las migajas" ofertada por el Gobierno o "cerrarse a banda" con el ideal “de todo o nada", diluyéndose la protesta sin nada positivo que exhibir.
Con la discusión sobre la aprobación del proyecto de ley sobre el Código Penal ocurría algo similar, relacionado con la posibilidad de refrendar las “tres causales para consentir el aborto" o sin ese detalle.
Debieron pasar casi 30 años en ese pugilato, el viejo Código tenía 141 años vigente, desperdiciando otros beneficios que aportaría ese instrumento, para castigar los delitos.
Era como en aquellos tiempos perderlo todo, por defender una parte.
La aprobación y posterior promulgación del Nuevo Código Penal no implica que se abandone la lucha por las tres causales para permitir el aborto en circunstancias excepcionales, pero en lo que se avanza con ese reclamo, saquemos ventaja a sus inclusiones positivas.
