Por Antonio Isa Conde
Sobre el nuevo Código Penal aprobado en el Senado, y aún en discusión en la Cámara de Diputados, se ha hablado mucho.
Ha despertado la indignación de juristas, activistas de la sociedad civil, mujeres y ciudadanos comunes, porque algunos puntos de este Código representan un grave retroceso para la nación.
¿Por qué seguir hablando de esto? No nos podemos cansar de hacerlo. Hay que repetir y repetir lo dañino que es.
Solo seis Estados en el mundo prohíben el aborto en todas las circunstancias: Ciudad del Vaticano, Nicaragua, El Salvador, Honduras y República Dominicana. ¡Qué retroceso!
Este nuevo Código Penal mantiene prohibido el derecho de la mujer a decidir sobre su vida y su cuerpo.
Además, exonera de culpa a las iglesias en casos donde pastores y sacerdotes cometan violaciones. Esto es una flagrante violación a la justicia y a los derechos de las víctimas.
Los casos de corrupción prescriben y las sanciones por violaciones sexuales son leves. Esto debilita la lucha contra la corrupción y la violencia sexual, promoviendo la impunidad y el abuso.
El Estado se exime de la responsabilidad de perseguir los delitos de discriminación. Esto deja desprotegidos a muchos ciudadanos frente a actos discriminatorios y promueve la injusticia.
En cuanto a la violencia machista, el código no contempla despojar al agresor de su arma de fuego ni cancelar su licencia de deporte de armas. Esto es una amenaza directa a la seguridad de las mujeres.
Esta serie de oprobios nos lleva de vuelta al pasado. Y por demás se está trillando el camino hacia el fascismo, el crimen y la oscuridad.
El presidente de la República, @LuisAbinader, debe vetar este código si llega a ser aprobado. Su credibilidad y compromiso con el pueblo están en juego.
Esta decisión será crucial al inicio de su segundo mandato. Tiene la oportunidad de ganarse, aún más, la confianza de su pueblo o perderla completamente si promulga este código.
Hagamos escuchar nuestras voces. No podemos permitir que se apruebe un código que va en contra de los derechos humanos y la dignidad de los dominicanos.
