Por Héctor Linares
El escenario para el diseño del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) de 2026 luce repleto de muchos desafíos, si se asume que habrá un cambio en el modelo deficitario que ha prevalecido en el último cuarto de siglo, con solo un año de excepción. Diseñar un Presupuesto sin déficit fiscal y sin el soporte de una reforma fiscal parece a simple vista una tarea difícil.
Con el Ministerio de Hacienda (MH) liderado por un economista que previo a su designación había expresado favorecer un cambio en la estructura o composición del gasto público y también de apoyo a una reforma fiscal, el modelo de presupuesto aplicado desde el 200l hasta el cursante 2025, parecería haber llegado a su fin o al menos que no se repetiría en similitud de proporción en el del año 2026. El cómo lograrlo es la misión complicada.
Con la excepción del 2007, cuando se presentó un PGE de equilibrio entre gastos e ingresos proyectados, todas las demás propuestas fueron planteadas con un faltante expreso de ingresos que rondaba entre 1.7 % y 3.0 % del producto interno bruto (PIB). En la práctica, el resultado anual no necesariamente era el proyectado. En el 2012, por ejemplo, el déficit fiscal fue más del doble del estimado originalmente. Ese desbordamiento fue atribuido a un aumento extraordinario en gastos en obras iniciadas y pagadas en el primer semestre del 2012, periodo en que el país tenía abierto un proceso electoral.
Hasta los presupuestos 2009-2012, que se elaboraron en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), fueron presentados con “déficits originalmente concebidos”. En ese lapso, las metas fiscales eran de cumplimientos más rigurosos, un requisito para mantener el acuerdo y sus desembolsos, los cuales finalmente dejaron sin ejecutar el último tramo de US$500 millones, por un tema de aumento de la tarifa eléctrica que el Gobierno de entonces no completó y que estaba contemplado en el pacto. Ajustar las tarifas eléctricas era parte de las iniciativas que debía el Gobierno adoptar para conjurar el déficit financiero del sector eléctrico, un tema que todavía perdura e impacta las cuentas fiscales, por los elevados subsidios que recibe del Presupuesto Nacional.
Ahora, con el Ministerio de Hacienda dirigido por el economista Magín Diaz, confeso creyente de que el Gobierno debe mejorar el gasto en inversiones públicas, las expectativas ahora son de si el modelo presupuestario deficitario cese o continúe a partir del PGE de 2026.
Un escenario fiscal en el que el servicio de la deuda pública y la asignación del equivalente al 4 % del PIB a la educación pública preuniversitaria captan cerca del 50 % del Presupuesto pone en primer plano el tema del modelo presupuestario a seguir en el 2026. Cambiar el modelo, el enfoque o la estructura, son algunas de las hipótesis que se plantean. Tampoco se descarta un continuismo del modelo presupuestario, si las circunstancias así lo mandan.
La estructuración presupuestal de los últimos años, con un nivel de ingresos promediando en torno al 15 % del PIB para sustentar un gasto promediando el 18 % del PIB, la franja del déficit fiscal con una media de 3 % del PIB aparece en las proyecciones que se hagan, si están exentas de medidas que puedan ayudar a un aumento de las recaudaciones internas.
Como faltan unos 60 días para armar el muñeco presupuestal que el Poder Ejecutivo deberá mandar al Congreso Nacional antes del 1 de octubre, el ministro de Hacienda deberá estudiar a fondo las cifras fiscales ejecutadas hasta la fecha y las proyectadas al final del periodo, para estructurar un proyecto de PGE 2026 acorde a su criterio y posibilidades de aplicación. Su referencia inicial sería las proyecciones plurianuales descritas en el PGE 2025.
Del calendario de formulación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 que entró en las etapas definitorias, al ministro Díaz le tocará encabezar las partes definitorias en las fechas claves, las de tocar los aspectos de fondo, para armar el muñeco de las finanzas públicas del próximo año. Todo aparenta desarrollarse en un escenario de igual o mayor incertidumbre que el que rodeó la formulación del Presupuesto actual.
Las previsiones plurianuales apuntan para el 2026 un periodo de altos pagos en intereses y amortización de la deuda, que entre ambos conceptos consolidarían un equivalente a un 6.7 % del PIB.
Cada año, las fechas del calendario presupuestal son fijas e inician el 14 de marzo, con la publicación por parte de la Dirección General de Presupuesto (Digepres) del calendario de formulación presupuestaria del año al que corresponda.
El escenario macroeconómico de ahora es en el fondo similar, en cuanto a las necesidades de financiamiento del PGE 2026, que el prevaleciente cuando se formulaba el Presupuesto del año en curso. En julio del 2024 estaba en el escenario una reforma fiscal que aportara entre 2 % y 3 % del producto interno bruto (PIB). Esa reforma, destinada a darle sostenibilidad a las finanzas públicas y disminuir su dependencia del endeudamiento público, fue retirada del Congreso por el Poder Ejecutivo, por las presiones sectoriales recibidas.
En el ambiente económico-presupuestario para terminar la formulación del PGE 2026 ha emergido, con la designación de Díaz como líder del sector fiscal presupuestal estatal, por sus exposiciones previas sobre la materia, una expectativa acerca de lo que podría ser un ajuste fiscal en atención al nuevo presupuesto. Aunque una posible reforma había sido descartada por el presidente Luis Abinader para el periodo 2024-2028, la necesidad de reforzar las recaudaciones internas se mantiene en iguales o mayores niveles que los que existían cuando el año pasado el Poder Ejecutivo sometió y luego la iniciativa de reforma, perentoria para la economía dominicana.
Luego del nombramiento de Magín Díaz y sus previos pronunciamientos sobre el tema, se abre la posibilidad de volver sobre la engavetada reforma y parece retornar al debate, en momentos en los que hay aprestos e intenciones legislativas de aplicar aspectos de la propuesta fallida, como son las reducciones y eliminaciones de las leyes de incentivo, las que en forma global impactan las finanzas públicas con un sacrificio equivalente a entre 4 % y 5 % del PIB. En la Cámara de Diputados reposa una iniciativa del disputado Rogelio A. Genao para “racionalizar” las exenciones fiscales.
Si no hay pan, a comer casabe
Si el PGE 2026 no logra ayuda de ingresos adicionales vía una reforma fiscal, tendría que seguir la alta dependencia del endeudamiento público y hasta el constreñimiento de los gastos de capital, principalmente el renglón inversiones públicas porque la amortización de la deuda, técnicamente un componente de gasto de capital es difícil de rebajar o reducir, por cuestiones de evaluación de parte de las agencias internacionales calificadoras de riesgo.
Las mejoras que hacen y contemplan hacer las DGII y DGA, según sus cronogramas plurianuales de eficiencia recaudatoria, no serían suficientes para llenar el hueco. Se ha demostrado en la práctica que la eficiencia ayuda, pero no es suficiente para eliminar el ya estructural déficit fiscal, que ronda el 3.0 % del PIB.
Se desconoce el monto del PGE 2026, aunque se asume que en las reuniones calendarizadas realizadas desde el martes 15 de julio, y otras previas a la presentación de la propuesta al Congreso Nacional antes del 1 de octubre, se presentarán las cifras matrices generales, y que las mismas serían acordes con las referidas en los presupuestos plurianuales.
Para el próximo año 2026, el Presupuesto Plurianual consigna un gasto global de RD$1,592,596.4 millones, equivalente a un 18 % del PIB proyectado. El monto se compone de RD$1,397.2 millones de gastos corrientes (15.8 % del PIB) y RD$194,720.2 millones, equivalente a un 2.2 % del PIB de gastos de capital.
Esa proyección asigna o estima RD$323,845.9 millones, equivalente al 3.7 % del producto interno bruto proyectado, para el pago de los intereses de la deuda pública dominicana. Ese concepto, que es parte de los gastos corrientes, sería la segunda mayor partida de gasto comprometido o innegociable del Presupuesto, solo superada por la destinada a Educación preuniversitaria, que es el 4 % del PIB.
El déficit financiero consignado en el Presupuesto Plurianual para el 2026 es de RD$236,006.0 millones, que representaría un 2.7 % del PIB. Cuando se hicieron las proyecciones se calculó un crecimiento de 4.7 % para el cursante 2025 y un 5.0 para el próximo 2026.
Los capítulos Fuentes Financieras (deuda a contratar) y Aplicaciones Financieras (deuda a amortizar) tienen sus respectivas partidas proyectadas para el 2026. Son cifras preliminares, proyectadas en base a historial, esencialmente.
En el caso de las fuentes financieras, que estiman la necesidad de financiamiento que se requiere para el tamaño del PGE proyectado para el 2026, el monto es de RD$501,151.7 millones, para una representación del 5.7 % del PIB proyectado.
En pagos de amortización de la deuda se proyectan RD$265,145.7 millones, monto que equivaldría al 3.0 % del PIB.
Entre pago de intereses, comisiones y el principal de la deuda se destinarán en el 2026, según las cifras plurianuales citadas por la Digepres, un 6.7 % del PIB esperado.
El ciclo de los déficits fiscales demandando endeudamiento y estos generando nuevas cadenas de dependencias, parece que está en el tintero del 2026. Romper esa racha es un gran reto para el nuevo ministro de Hacienda.
