Por Lito Santana
Es muy probable que cuando los funcionarios del Gobierno diseñaron el proyecto de ampliación de la Avenida Colombia, contemplaron de la "A la Z" los detalles que tomarían en cuenta para la ejecución de esa importante y vital obra.
Ha de suponer que calcularon líneas de corte de suelo, talas de árboles y malezas, planeo de tierras removidas, tuberías del sistema de agua potable que afectaría, tendido eléctrico aéreo y soterrado, intersecciones y semáforos, comisiones y ganancias para los gestores, y naturalmente, las veces que se frotarían las manos ante sus éxitos económicos y profesionales.
Bajo esas premisas arrancaron con su proyecto y, aunque con altas y bajas, marchaban "viento en popa y a toda vela".
Pero obviamente un detalle, un componente esencial para este tipo de soluciones: la opinión de la gente, el sentir de los ciudadanos, la consulta de otros actores que no piensan en posibles ganancias millonarias ni fama profesional.
Y ahí está el detalle. Sólo después de que defensores del medio ambiente, las juntas de vecinos del entorno del Jardín Botánico y profesionales de los partidos de oposición alzaron su voz, vinieron los detalles.
No se entendía cómo un proyecto que supera los 10 mil millones de pesos, en un tramo de siete kilómetros, donde residen más de un millón 400 mil personas, impactaría el parque principal de la ciudad y solucionaría la circulación de cerca de 35 mil vehículos que se desplazan por esa ruta, solo estaba en la cabeza de sus "protagonistas".
Ahí es que surge la importancia de la voz de la comunidad, del conglomerado social que asumió la defensa de ese santuario capitalino.
Algo parecido ocurrió con aquella propuesta de reforma fiscal impulsada por Gobierno.
Sus auspiciadores la daban como un hecho irreversible, pero se encontraron de frente con la voluntad de un pueblo, que le dobló el pulso y tuvieron que recogerla.
Estos dos hechos indican que, aunque de manera pasiva, casi extrema, la ciudadanía vela por sus intereses y está dispuesta a defenderlos.
