Por Rafael Méndez
Como diputado de una provincia fronteriza, y durante mi gestión me tocó presidir la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados, y antes y después de ser legislador o tener alguna función pública, he denunciado situaciones reprochables y clamado por soluciones a las problemáticas que, lejos de mitigarse, parecen exacerbarse, en la “mil veces estudiada” región fronteriza dominico-haitiana”. Se ha estudiado más que el Algebra de Baldor”, el famoso libro de matemática escrito por Aurelio Ángel Baldor de la Vega, matemático, profesor, escritor y abogado cubano.
La situación en la frontera dominicana con Haití clama por una atención inteligente y urgente, y un viraje radical en el timón de las políticas migratorias, aunque para vergüenza del país, parecería que el cambio más visible es la tropelía cometida por el alcalde del municipio de Dajabón, Santiago Riveron, quien “tomó la justicia en sus manos” con su abominable actuación, con las que implícitamente delató a las autoridades de migración, militares y de seguridad.
Las sombras del tráfico ilegal de personas, la metástasis de la corrupción en los organismos de control y el trato inhumano infligido a migrantes, incluyendo a niños, niñas, y mujeres en estado de vulnerabilidad, se alargan sin cesar, demandando acciones que trasciendan la retórica que poner el "dedo en la llaga" del tráfico, que modere el populismo migratorio y que cuide la imagen internacional del país.
Como ex diputado de una provincia fronteriza, cuando presidí la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados, y sin ser legislador, he mantenido mi voz en alto clamando por soluciones reales y sostenibles a la región dominico-haitiana ocasiones, pero lejos de mitigarse, parecen exacerbarse, proyectando una sombra cada vez más oscura a las soluciones reales, a pesar de somos el único espacio geográfico que la Constitución de la Republica llama a su atención y con una seguridad jurídica para la inversión, avaladas en leyes, en las altas cortes y en resoluciones del Senado y de la Cámara de Diputados.
El maltrato infantil como espejo de una crisis mayor
Las recientes y escalofriantes imágenes provenientes de Dajabón, donde un funcionario local arrastra a niños y niñas haitianos durante operativos de deportación, no son hechos aislados.
Condeno con la mayor firmeza estas acciones que laceran la dignidad humana y exhiben una preocupante desconexión con los principios más elementales de protección infantil y las normativas internacionales de derechos humanos. Este tipo de trato indigno es un golpe directo a la reputación de nuestro país.
Este accionar de Santiago Riveron, además, es una implícita crítica a la labor de las autoridades militares y de migración en la zona, sugiriendo una ineficacia que lo lleva a extralimitar sus funciones. Es alarmante y absolutamente inaceptable observar escenas que contradicen los acuerdos internacionales firmados por la República Dominicana, que contravienen las normas internacionales de derechos humanos que prohíben el trato degradante especialmente hacia personas vulnerables.
Deportaciones sin rostro humano: Un peligro para la nación
Mis alertas sobre las graves secuelas internacionales de las actuales políticas de deportación resuenan con más fuerza ante la expulsión de mujeres en pleno alumbramiento, la desgarradora separación de familias y el desamparo de cientos de niños deportados sin identificación ni compañía. Urge una revisión profunda de estos protocolos, pues la vulneración sistemática de los derechos de personas en estado de indefensión nos expone a serias responsabilidades ante la comunidad global.
Si bien el Estado tiene el derecho de regular el flujo migratorio, la forma en que se están llevando a cabo estas deportaciones, sin garantías legales y sin considerar la extrema vulnerabilidad de estas personas, podría interpretarse como un trato inhumano degradante, con implicaciones legales a nivel internacional, ya que Republica Dominicana tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo a los migrantes y, de manera especial, a los niños, principios que parecen haber sido ignorados en las acciones del alcalde de Dajabón.
La corrupción endémica: el tumor que devora la frontera
He insistido, y hoy lo reitero con mayor énfasis, en que la corrupción actúa como el motor principal que impulsa el tráfico ilegal en nuestra frontera. Esta complicidad, enquistada en todos los niveles de los organismos de control, desde la base hasta las más altas esferas, es un "mal endémico" que socava la seguridad y la integridad de nuestra nación. Este contubernio permite y facilita el flujo constante de personas a través de la línea divisoria.
Sin este contubernio antinacional entre quienes deben proteger la frontera y los responsables de los puestos de control, sería imposible el ingreso masivo de personas. Esta práctica se ha normalizado y se ha convertido en un negocio lucrativo, sostenido en muchos casos por la precariedad en los puestos militares, quienes en muchos casos se ven expuesto al soborno para poder comprar los alimentos que no le llegan, desde los mandos superiores.
Un control fronterizo en terapia intensiva
El "colapso estrepitoso" de las políticas de control fronterizo es una realidad innegable. A pesar de la ostentosa presencia militar y la proliferación de entidades de seguridad, el tráfico en todas sus formas continúa su curso, evidenciando una pérdida de control alarmante. La corrupción se ha convertido en el engranaje que aceita esta maquinaria ilegal.
Esta situación demuestra que el gobierno ha perdido el control efectivo de la frontera. Los pases perforados en la verja perimetral, ubicados frente a los puestos de control, son una evidencia de la complicidad existente. Las problemáticas que he señalado persistentemente, basadas en mi experiencia, y conocimiento de la realidad fronteriza, demandan una respuesta que vaya más allá de paliativos superficiales. Es imperativo "poner el dedo en la llaga" de la corrupción que gangrena nuestra frontera, moderar un enfoque populista en la política migratoria que obvia la dimensión humana del problema, y actuar con responsabilidad para salvaguardar la imagen internacional de la República Dominicana. La inacción ya no es una opción.
