Por Osvaldo Santana
El acelerón que Luis Abinader le imprimió a la política dominicana la noche de su triunfo, el 19 de mayo, no termina de ser racionalizado plenamente, y es que, en ese momento, convocó a un pacto con la oposición para “profundizar los cambios” que promete.
Desde entonces, ha centrado la atención pública sobre la necesidad de una reforma constitucional para ponerle un “candado” y robustecer en el marco de actuación del Ministerio Público, que él define como la “independencia del procurador general de la República”.
En las reformas adjetivas, como la fiscal, no ha sido muy agresivo, y ha dejado que otros digan cualquier cosa sin presentar sus propósitos específicos.
La opinión pública ha visto pasar lo que normalmente fuese una transición convencional, que en este caso no tiene objeto, porque es la continuidad del mismo equipo. Apenas, algunas interrogantes acerca de quiénes se quedan y los que se van del gobierno, o a qué nuevo puesto irán, y algunos nombramientos ya adelantados de no tanta significación.
Terminaron los meses de mayo y junio, y ya julio entra en su recta final, tendiéndole la mano a agosto, cuando empieza el nuevo período de gobierno, sin que haya ocurrido nada importante en la dirección de la cosa pública. Algunas presentaciones de “memorias”, e inauguraciones postergadas por las elecciones.
La oposición, después del trastabilleo del excandidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, que recibió al presidente Abinader inmediatamente después de las votaciones, sin consultar a sus compañeros, y la aletargada reacción de Leonel Fernández, de procrastinar sin fecha un encuentro pedido por el gobernante, la oposición ha estado a la espera de las iniciativas reformadoras anunciadas desde la misma noche del triunfo de la reelección.
¿Qué ha pasado?
El gobierno se ha quedado en las generalidades y nada ha ocurrido más allá de la proclamación del presidente: “Respetaré los límites de la Constitución en términos de las elecciones. No volveré a ser candidato, es mi palabra, es mi compromiso y será parte de mi legado en la República”. Y su anuncio de ponerle “un candado” a la Constitución para evitar que políticos ambiciosos la modifiquen a conveniencia.
Ha insistido en su apuesta por el cambio, porque “el pueblo ha hablado con claridad, los dominicanos quieren seguir avanzando en el cambio, hemos obtenido más apoyo popular y votos que en 2020… Hemos recorrido una parte del camino y toca profundizar los cambios y las reformas”.
Pero la concreción de ese anuncio no se ha visto. Ha quedado en el aire la posibilidad de una concertación con la oposición, que está centrada en el análisis crítico de los resultados electorales, en la celebración de sus congresos, como el PLD y la Fuerza del Pueblo.
Mientras, Leonel Fernández y sus parciales no han cesado de advertir que resistirán una nueva reforma constitucional. El pasado lunes 22 fue muy categórico en un artículo en el Listín Diario, cuando dijo: “Reforma constitucional: ¿para qué?”, para señalar que las diversas razones que ha esgrimido el mandatario para modificar la constitución no son convincentes.
“No es necesario modificar la Constitución para dotar de independencia al Ministerio Público, ni para incluir un Ministerio de Justicia ni para poner candados.
“Por demás, nadie en estos momentos reclama la realización de una reforma constitucional. Tampoco figura en el conjunto de necesidades actuales que padece el pueblo dominicano”.
Huelga decir, que esa oposición radical a la reforma no supone la participación de la Fuerza del Pueblo en un diálogo con tal propósito. Más bien, habría que imaginar un escenario de confrontación.
No habría un pacto político para la reforma
Si se conoce el temperamento de la oposición de la Fuerza del Pueblo, habría que pensar en los medios que utilizaría el presidente y su Partido Revolucionario Moderno (PRM) para realizar la reforma.
El presidente Abinader puede simplemente ejecutar sus propósitos reformadores con la fuerza absoluta con que cuenta en el Congreso Nacional, pero ese proceder no deja de ser un riesgo.
Podría recurrir a la “consulta social”, al margen de los partidos, si tampoco el PLD concuerda con una reforma constitucional ahora.
La constitución es un pacto de nación, y su modificación unilateral por una fuerza política, aun bajo el predicamento de la “consulta social”, tiene serias implicaciones.
La Constitución de la República establece en el artículo 210 los referendos, que son “consultas populares” que “estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración”. Desafortunadamente, en 14 años, el Congreso dominicano no ha aprobado esa normativa que sería el instrumento para validar socialmente cualquier reforma constitucional.
Una reforma en esos términos podría ser considerada un acto de fuerza y, en consecuencia, amenazar la gobernabilidad democrática, porque podría conducir a una parte, y quizás a la oposición toda, a la confrontación, como ocurrió no hace demasiado, cuando el presidente Danilo Medina intentó modificar la constitución para reelegirse una tercera vez, en la previa de las elecciones de 2020, lo que llevó a una alianza táctica entre Abinader y Fernández, apoyados por los Estados Unidos, en el momento más crítico de la intentona del entonces oficialismo.
Las otras reformas necesarias
Las otras reformas necesarias, como la fiscal, la seguridad social, la aplicación del pacto eléctrico, la legislación laboral, probablemente no encuentren el tipo de oposición que puede generar una reforma constitucional.
Siendo así, no se comprende por qué el presidente Abinader privilegia la reforma constitucional, justo al inicio de su segundo mandato, cuando, según la norma vigente, empieza el conteo de su retiro del poder para nunca más volver, al menos, en los términos de la Constitución vigente.
