domingo, noviembre 24, 2024

Prevenir la migración de jóvenes rurales a las ciudades a integrar círculos de delincuencia

Por Emiliano Reyes Espejo

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Los trágicos, dolorosos y altamente costosos hechos registrados con las abundantes lluvias en el territorio nacional, a causa del cambio climático y consecuentes disturbios tropicales, deben hacer reflexionar a nuestras autoridades para que se planteen un cambio radical en sus políticas de desarrollo.

La alternativa sería enfocar sus programas hacia el logro de un desarrollo integral de la zona rural ¿Existen en el país “políticas de desarrollo rural y de ciudades del interior”? Los partidos políticos ¿se han planteado en sus respectivos programas de gobierno planes dirigidos a reivindicar la zona rural?

Creo que no, definitivamente; y me parece que no les interesa, o por lo menos –si existen- no los están divulgando.

Tengo la amarga percepción de que los políticos nuestros están centrados en impulsar políticas dirigidas a impactar en dos o tres grandes sectores económicos específicos. Al parecer, las zonas rurales no son partes, ni prioridades de las estrategias de los expertos que trabajan en los programas de desarrollo que sirven de propuestas electorales de los partidos políticos. Obsérvese bien, no digo del partido oficial, sino de las organizaciones políticas con vocación de acceder al poder.

Se benefician a sectores

Y es entendible. Resulta –y es obvio- que aquí se elaboren planes y proyectos para sostener, impulsar, fortalecer y facilitar el crecimiento de grupos económicos que controlan mediante el dinero los estratos que tienen reales voluntades de decisión. Son los que de alguna manera contribuyen con recursos para las campañas electorales. Estos sectores, por ende, tienen en sus manos las influencias necesarias para incidir en el curso de la economía y de la sociedad.

El desarrollo social de zonas olvidadas por décadas, no gozan, casi nunca, como los referidos sectores, de las preferencias de los planificadores, ya que se trata de estratos marginales de la sociedad.

Para ellos, los proyectistas, importa, por ejemplo, y se toma como prioridad en esos programas, el trazar políticas que beneficien a los sectores turísticos, financieros y de la construcción, entre otros. Las demás divisiones económicas y sociales son manejadas de forma aleatoria, incluyendo las áreas rurales y zonas fronterizas. O sea, estos estrategas se plantean programas de gobierno dotados de planes dirigidos a impulsar el turismo, construcción y áreas financieras, mientras obvian tratar en sus enfoques iniciativas de impactos sociales.

Y una cosa tiene necesariamente que estar aparejada de la otra si queremos lograr un desarrollo integral que no esté plagado de exclusiones y marginalidades. ¿Tendrán en cuenta los expertos de los partidos políticos colocar en los programas de gobierno planes de construcción masiva de viviendas en las zonas rurales? Se trata de una iniciativa de alto impacto social, pero ¿lo visualizarán así los sectores inversionistas?  ¿O procurarán que esta iniciativa les permita obtener grandes ganancias  y decidirán dirigir sus recursos a este sector?

Casa rural más espaciosa que la urbana

Para tales fines, los planificadores deben tomar en cuenta que: “Una vivienda rural es aquella que se ubica en una zona campestre, normalmente, lejos de las zonas urbanas y rodeadas de naturaleza”, según definen los expertos del área. Y añaden: “Son zonas de poca población o comunidades dispersas, relacionadas con la agricultura y la ganadería”.

“Las viviendas rurales suelen ser más grandes y espaciosas que las urbanas, y tienen terrenos amplios para huertos y jardines”, apuntan.

¿Contemplarán los programas de los partidos políticos construir en los campos del país viviendas con esas características?

El que vive en su campo en un hábitat como el descrito anteriormente, lo pensaría “dos y hasta tres veces” tener que migrar, ir a malvivir en un barrio marginado, al lado de una cañada de la ciudad capital o de Santiago.

Es por eso que algunos especialistas, especialmente sociólogos que estudian el fenómeno de la migración campesina, han llegado a la conclusión de que la marginalidad rural es la principal causa de la creación de los barrios pobres en la capital y otras grandes ciudades.

 Estos asentamientos, la mayoría de las veces levantados de manera ilegal, son los propulsores, en un porcentaje elevado, de fábricas de la llamada generación “ni-ni” (jóvenes que ni estudian ni trabajan) además de ser focos de bandas delincuenciales y caldo de cultivo de traficantes de estupefacientes.

Disminuye población rural

Según el censo de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) “la población rural de la República Dominicana en 2020 fue de 1, 894,044”. “Esto representa –precisa la institución oficial- el 26% de la población total del país”. Advierte, asimismo, que “la población rural ha disminuido en los últimos años, pasando de 3.1 millones en 2005 a 1.8 millones en 2020”.

En tanto, el científico y empresario de agronegocios, César Aybar, tras valorar como “muy bueno” mi artículo anterior, acerca de la necesidad de realizar programas de construcción masiva de viviendas rurales, -lo que me causó una agradable satisfacción- advirtió que los planes de viviendas de los distintos gobiernos incentivan “la migración hacia las ciudades importantes”.

“Pienso que –sostuvo Aybar- “se incentiva mucho la migración hacia las ciudades importantes cuando no existe en la realidad una política que toque el desarrollo rural y ciudades del interior, relacionando ese desarrollo con la producción local de bienes y servicios”.

Planteó promover en el campo “el encadenamiento de la producción rural con procesadoras que estén en ciudades cercanas a esas zonas rurales, en la misma provincia, con lo cual se busca estimular de manera fundamental que las personas no emigren a las grandes ciudades”.

“Lógicamente, eso debe ir acompañado de una política de construcción de viviendas dignas e infraestructuras que faciliten la vida de quienes allí viven, así como centros culturales y de diversión. Como ves, el asunto es global”, subrayó el científico y pequeño empresario, quien deplora que no exista ninguna política que incentive la permanencia de los hombres y las mujeres en los campos.

Sopesados estos señalamientos, creemos oportuno proponer a los expertos que trabajan en la elaboración de los programas de gobierno de los partidos políticos (entiéndase PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD y sus respectivos aliados, de uno u otro bando), las siguientes sugerencias:

1)       Contemplar políticas de desarrollo rural y de ciudades del interior.

2)       Incluir programas de construcción masiva de viviendas rurales (más grandes y espaciosas que las urbanas, amplios terrenos para huertos y jardines”, además de servicios de educación, salud, internet, parques, áreas deportivas, etc.)

3)       Valorar el desarrollo rural con el mismo énfasis con que lo hacen con el turismo, la construcción y otros sectores. El desarrollo rural como soporte de las otras áreas de la economía.

4)       Aplicar políticas que eviten la disminución de la población rural, ya que “de 3.1 millones en 2005 pasó a 1.8 millones en 2020”, lo que debe ser motivo de preocupación de los líderes políticos y gobernantes.

5)       Desestimar en los programas de gobierno aquellas políticas que incentiven la migración de la población rural hacia las zonas urbanas.

6)       Plantear políticas dirigidas a reducir la delincuencia en los barrios mediante planes de incentivos del desarrollo en las zonas rurales, y así evitar la migración de jóvenes campesinos para engrosar la población marginada de los barrios de las grandes ciudades.

Estas políticas estarían orientadas a erradicar la práctica de eliminación por parte de la policía de “jóvenes delincuentes” en barrios de las grandes ciudades, en razón que se frenaría la migración de estos desde sus respectivas comunidades rurales.

En ese sentido, se daría un enfoque humano a los planes de desarrollo que en lo adelante se ejecuten en el país. 

¡Enhorabuena!

*El autor es periodista.

Emiliano Reyes
Emiliano Reyes
Periodista y Gestor de relaciones públicas

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