Por Santo Salvador Cuevas
Con la Ley 189-11, con que se inició el andamiaje legal destinado al mercado hipotecario y de valores, tomando como base referencial esta ley, se remontan también la ARS y AFP para controlar con visto de legalidad la administración, conducción y políticas de los fondos de pensiones y, de lo que no es necesario profundizar para darse cuenta del crimen, el engaño legal y la estafa impuesta (sin derecho a apelar o renunciar) que pesa sobre los trabajadores en la fase final de sus vidas.
Ahora, no conformes con la estafa legal a los trabajadores al decidir los bancos sobre sus fondos de pensiones, lo que se ampara en la ley y por tanto cuenta con el amparo y protección de las instancias de seguridad del Estado, no conforme con ello, el país avanza a ser despojado de sus bienes públicos, pues este Gobierno ha centrado su accionar y/o la esencia de sus ejecutorias en la creación de una figura legal llamada Fideicomiso, la misma está en el Congreso Nacional y ha de ser el motor a corto plazo para concretizar la estafa del siglo contra el pueblo dominicano.
Es lo nunca visto en la historia
Lo que se pretende con la llamada Ley de Fideicomiso no es más que traspasar al sector privado el control de los bienes y empresas del Estado.
En más de 60 años de que fuera superada la dictadura de Trujillo con su ajusticiamiento el 30 de mayo de 1961, en todos los procesos electorales efectuados desde entonces en República Dominicana, para elegir gobiernos que vienen y van, durante ese tiempo lo hemos visto todo y de todos los linajes: buenos y malos, bandidos y traidores, demócratas y déspotas. Pero todos, hasta el más perverso de todos que fue Joaquín Balaguer, todos (hasta este Gobierno) ascendieron a la primera magistratura asumiendo la "defensa del interés nacional" y jurando "ser garantes de los bienes públicos".
Los bienes del Estado son recursos de los pobres y de todo el pueblo.
Cuando se elige un gobierno, debe ser su prioridad defender la cosa pública y hacer lo contrario, es decir, maniobrar con figuras legalistas en el Congreso Nacional, para conseguir luz verde y regalar o traspasar los bienes de la Nación a los pulpos privados, es un acto al que la patria (usando los canales legales) ha de pasar facturas en el 2024.
La complicidad política con el crimen de regalar la cosa pública
Mientras el Gobierno camina firme en Pedernales, en el sector transporte, en viviendas, sector salud, la agropecuaria, etc., para traspasar amparados en fideicomisos los bienes del Estado al sector privado, las fuerzas políticas del país (las llamadas a hacer oposición) se limitan solo a simples declaraciones mediáticas y propuestas altisonantes para modificarles letras al proyecto de Ley en manos del Congreso.
Ningún vocero de los partidos ha lanzado la advertencia firme de dejar sin efecto en el 2024 todas las entregas hechas a los tutumpotes de los bienes del pueblo mediante la figura de fideicomisos.
Es decir, aquí todos están siendo cómplices del robo del siglo, que pende sobre la nación entera.
El Gobierno debe rectificar y asumir la función de defender los bienes públicos para lo que fue elegido.
