El jueves 6 de octubre el conductor Franklin Nin Pérez, de 47 años, conducía un autobús que se volcó con 51 turistas en el Bulevar Turístico del Este, provincia La Altagracia. De acuerdo con el Ministerio Público Nin Pérez manejó “sin precaución, de forma descuidada, atolondrada, temeraria e imprudente”, además de habría dado positivo a cocaína en una prueba realizada por un centro médico de Punta Cana. El saldo ha sido hasta ahora de cuatro personas fallecidas y 45 turistas heridos, algunos de gravedad y otros fueron dados de alta en pocos días.
El accidente plantea una seria crisis para el turismo dominicano en materia de seguridad de transporte. Un problema harto conocido tomando en cuenta que desde hace más de una década la República Dominicana se mantiene en los primeros lugares per cápita en muertes por accidentes de tránsito. El problema es que toca a uno de los principales motores de la economía dominicana, siendo el turismo una industria transversal que genera negocios y beneficios para el país.
El gobierno dominicano pudiera tomar este último incidente como la punta de lanza para arreciar las exigencias al sector del transporte de pasajeros. Históricamente afectado por vehículos no cuidados y conductores sin formación ni preocupación social que tienen en sus manos las vidas de decenas de personas mientras las autoridades aplican medidas laxas para controlarlo. Todo lo contrario, el sector transporte se fortalece con el tiempo y mientras, vemos cómo cada vez más individuos con menos capacidad ponen las manos en los volantes. A la vez, los principales dirigentes del sector choferil ganan posiciones de poder en la política dominicana, desde las cuales obtienen influencias para controlar y disponer de leyes que hacen poco para mejorar el tránsito e imponer penas graciosas a quienes violan el tránsito.
Ante la intención del Intrant de poner un ejemplo con el tema de la seguridad vial en el país, y sacar a Franklin Nin Pérez de las carreteras, quien desgració la vida de 51 turistas que vinieron a vacacionar al país, el gremio advierte que pudiera paralizar el sector. Y así saca sus garras un sector que históricamente se ha manejado como cualquier mafia o cartel: presionando a los organismos de poder y amedrentando o eliminando a quienes les oponen.
Este miércoles el Ministerio Público solicitará un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Nin Pérez. La primera prueba de fuego de un delito que debe ser tomado como bandera contra el manejo temerario e irresponsable.
¿Echará el Gobierno el pleito?
