Por Santiago Torrijos Pulido
Legal Expertise Liaison en Fridman, Fels & Soto (USA)
LL.M. de Georgetown Law
Un aparato que promete detectar enfermedades en minutos puede despertar esperanza. Pero cuando sus resultados carecen de respaldo científico, lo que está en juego no es solamente el dinero de quien lo compró: es la salud de quien confió en él.
Dejemos algo claro: la innovación tecnológica avanza más rápido que nuestra capacidad de comprenderla (al menos en cuanto al ciudadano de a pie se refiere). Por tanto, la comercialización de equipos médicos plantea interrogantes importantes sobre la responsabilidad de quienes los fabrican, importan, distribuyen y promocionan. Particularmente, cuando las promesas comerciales superan las capacidades reales de los productos.
La primera cuestión es la responsabilidad civil. Cuando un equipo médico presenta defectos, ofrece resultados poco confiables o incumple las características anunciadas, pueden surgir obligaciones de reparar los daños ocasionados. Estos perjuicios no necesariamente se limitan al precio del dispositivo. Un diagnóstico equivocado, por ejemplo, puede conducir a tratamientos innecesarios, retrasar la atención de una enfermedad o generar consecuencias económicas y personales para el paciente.
En determinadas circunstancias, esa responsabilidad podría extenderse más allá del fabricante. Importadores, distribuidores y comercializadores también pueden enfrentar reclamaciones, dependiendo de su participación en la cadena de suministro, las garantías ofrecidas y la información proporcionada a los compradores.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre comercializar un producto defectuoso y vender deliberadamente una tecnología mediante engaños.
Aquí aparece la dimensión penal. Cuando los responsables conocen que un dispositivo de salud no funciona según lo anunciado y, aun así, presentan estudios manipulados, inventan certificaciones o realizan afirmaciones falsas para obtener beneficios económicos, su conducta puede trascender el incumplimiento contractual y constituir un posible fraude.
No todo error técnico es un delito. La responsabilidad penal requiere demostrar los elementos correspondientes, incluyendo la intención fraudulenta cuando esta sea exigida. Precisamente por eso, resulta indispensable distinguir entre una innovación que fracasa y una operación comercial construida sobre falsedades deliberadas.
Así pues, las autoridades, los profesionales de la salud y los compradores institucionales deben exigir información verificable sobre la eficacia y seguridad de los dispositivos antes de ponerlos al servicio de los pacientes.
La innovación médica merece apoyo, pero también exige transparencia. Una tecnología novedosa no es necesariamente una tecnología confiable, y una campaña publicitaria convincente jamás sustituye la evidencia científica.
En el sector salud, las promesas comerciales pueden generar expectativas. Pero cuando esas promesas son falsas, también pueden generar responsabilidades legales.
