Por Máximo Calzado Reyes
Haití lleva demasiado tiempo desangrándose ante los ojos del mundo. Sus calles se han convertido en escenarios de terror, sus comunidades viven bajo las amenazas de las pandillas y miles de familias han tenido que abandonar sus hogares para escapar de una violencia que parece no tener fin. Mientras tanto, la comunidad internacional acumula resoluciones, reuniones, promesas y misiones cuyos resultados siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de la tragedia.
En medio de esa desesperación aparece Nayib Bukele, presidente de El Salvador, proyectando una respuesta militar contra las organizaciones criminales que mantienen aterrorizada a buena parte de la población haitiana.
Para algunos, representa la esperanza de recuperar la tranquilidad perdida. Para otros, su intervención plantea interrogantes sobre la soberanía, la legalidad internacional y las verdaderas motivaciones de una ofensiva que podría extenderse más allá de sus objetivos iniciales.
Pero existe una pregunta mucho más importante: ¿qué ocurrirá cuando Bukele retire sus tropas y los haitianos tengan que enfrentar nuevamente su realidad?
La experiencia internacional demuestra que derrotar militarmente a una organización criminal no significa necesariamente acabar con las estructuras que la sostienen. Las pandillas no sobreviven exclusivamente por sus armas. Se alimentan de la pobreza, la corrupción, el tráfico ilícito, la debilidad institucional y las redes de complicidad que les permiten financiar sus operaciones.
Por eso, una ofensiva militar puede recuperar territorios, debilitar organizaciones y reducir temporalmente la violencia. Sin embargo, si las instituciones haitianas no logran consolidar esos avances, las bandas podrían reorganizarse y recuperar los espacios perdidos.
La verdadera victoria no consiste en ocupar un territorio durante una operación militar, sino en garantizar que sus habitantes puedan vivir en paz cuando los soldados extranjeros se marchen.
Bukele ha construido buena parte de su proyección internacional alrededor de su política de seguridad. Una operación exitosa en Haití podría fortalecer su imagen como dirigente capaz de enfrentar organizaciones criminales más allá de las fronteras salvadoreñas.
Pero una posible ganancia de prestigio político no demuestra que exista una agenda oculta. Para sostener semejante acusación harían falta evidencias concretas. El análisis responsable debe distinguir entre los objetivos declarados, los intereses políticos previsibles y las hipótesis que todavía no han sido demostradas.
Hay, además, una cuestión jurídica insoslayable. La cooperación internacional para combatir la criminalidad debe respetar la soberanía haitiana, los límites del consentimiento de sus autoridades y las obligaciones internacionales de protección de la población civil. Ninguna finalidad, por legítima que parezca, concede autorización ilimitada para utilizar la fuerza.
De esta ofensiva podrían surgir cuatro escenarios: una transición efectiva hacia el control de las instituciones haitianas; el resurgimiento de las pandillas después de la retirada; una escalada de violencia con nuevas víctimas y desplazamientos; o una misión prolongada que termine aumentando los costos económicos, políticos y humanos.
Para República Dominicana, el desenlace tampoco es indiferente, compartimos territorio insular, frontera, relaciones comerciales y desafíos de seguridad con Haití. Una mayor desestabilización podría repercutir directamente sobre nuestras comunidades fronterizas.
Por eso, el éxito no puede medirse solamente por el número de militares desplegados, las operaciones realizadas o las declaraciones de victoria. Debe medirse por la recuperación efectiva del control territorial, la protección de los civiles, el fortalecimiento de la Policía haitiana, el desmantelamiento de las redes de financiación criminal y la existencia de un plan creíble de retirada.
El pueblo haitiano merece algo más que una esperanza momentánea. Merece instituciones capaces de garantizar su seguridad, justicia para las víctimas y oportunidades para construir un futuro diferente.
Haití no necesita sustituir indefinidamente la autoridad de sus pandillas por la presencia de ejércitos extranjeros. Necesita recuperar la autoridad legítima de su propio Estado.
En resumen, Bukele podrá regresar a El Salvador y presentar los resultados de su operación. Pero los haitianos permanecerán allí, enfrentando las consecuencias de lo que se haya construido o destruido durante la intervención.
Lo preocupante es que la República Dominicana seguirá compartiendo con Haití una frontera que ninguna estrategia militar puede borrar. La historia no juzgará esta ofensiva únicamente por su capacidad de derrotar pandillas, sino por su contribución a devolverle a Haití la posibilidad de gobernarse y vivir en paz.
Porque la verdadera prueba de una intervención no es la fuerza con que entra, sino la paz que deja cuando se retira.
