Por Osvaldo Santana
La detención momentánea, con la imposición de esposas, de la diputada del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Elías Piña Millys Martínez, ha vuelto la mirada una vez más hacia la Policía Nacional, cada vez más empoderada con la línea dura frente a los ciudadanos, con saldos trágicos cuando son señalados como delincuentes.
Esta vez el exceso estuvo dirigido contra una legisladora oficialista, lo que desató la protesta de sus colegas de la Cámara de Diputados, que no sesionaron el 13 de octubre, y reclamaron respeto al cuerpo legislativo, que según sus denuncias, también son víctimas de las actuaciones policiales.
Pero lo ocurrido con la diputada Martínez, al margen de las circunstancias que rodearon el hecho, no es más que una expresión de la imposición de una línea de actuación frente a la ciudadanía, que obedece a exhortos o mandatos asociados a una política de seguridad ciudadana que no ha dado los resultados esperados.
Ahora fue la diputada, pero lo ocurrido está precedido de un temporal violento protagonizado por la Policía que persigue a personas señaladas como delincuentes, con los cuales protagoniza “enfrentamientos” que amplios sectores descreen y están persuadidos de que en la mayoría de los casos se trata de ejecuciones de ciudadanos en conflicto o no con la ley.
Y en ese temperamento, el famoso código de la muerte, el 29, ha sido aplicado de una forma tan brutal que ya las víctimas civiles en lo que va de 2026 pasan de 195, con lo que la Policía supera su cifra de abatidos de 2025, que fue de 187, cuando la letalidad se redujo respecto a 2024, cuando fueron abatidas 227 personas en los ya famosos “intercambios de disparos”.
Lo cierto es que esa práctica de la Policía no es nueva. Está de hecho instituida, si se revisa el pasado lejano o reciente. El recurso de la violencia suele ser el remedio fallido frente a la criminalidad, cada vez en auge, pese al discurso oficial que pregona una tasa de homicidios que en 2025 fue de 8.7 por cada 100,000 habitantes, con el agravante de que precisamente la Policía juega un factor multiplicador de las muertes violentas.
La línea dura de la PN pese al humanismo de los jefes
La línea de confrontación violenta de la Policía frente a los criminales no deja de chocar, si se mira al equipo que la orienta o le presta sombrilla.
El presidente de la República, Luis Abinader, es un civilista con una calificación profesional, y en sus discursos formales aboga por el respeto a la vida, la defensa de los derechos ciudadanos y el predominio de la institucionalidad.
Sin embargo, en los últimos tiempos de confrontación, cuando el crimen, organizado o no, ha desbordado la capacidad de contención o ha ridiculizado los programas de control o seguridad pública, interviene de una u otra forma en el accionar de la Policía. De hecho, como nunca, un presidente de la República había estado tan directamente vinculado a gestión policial, de forma tal, que ha vuelto una rutina su concurrencia a las reuniones semanales de los mandos que dan seguimiento la política anticriminal del Estado.
También participa mediante mensajes mediáticos a los señalados como criminales para que se entreguen, bajo la advertencia de que pueden ser enfrentados por la Policía. “A los que tienen muchas fichas, que creo que son unos 70, y que son de alta peligrosidad, lo que nosotros les repetimos es que se entreguen. Porque hay equipos buscando”. (Abinader) Como esa, son repetitivas las advertencias del mandatario.
Las consideraciones sobre el discurso presidencial podrían aplicarse a la ministra de Interior y Policía Faride Raful, una apasionada defensora de los derechos humanos, hasta que llegó al ministerio de Interior y Policía, y en ocasiones prefiere el silencio, o incluso, extrañas justificaciones ante los excesos policiales.
Aplica también para el director general de la Policía, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García y para el subdirector Esteban Figuereo García, ambos académicos, profesionales con altas calificaciones que promovieron votos de defensa de los valores ciudadanos. Figuereo García, en un encuentro reciente para evaluar el proceso de reforma policial, celebrado el 10 de septiembre de 2026, en la Universidad Católica Madre y Maestra, campus Santo Domingo, justificó las acciones policiales bajo el argumento de que los agentes no se van a dejar matar.
Es una directriz
En un panorama de ese tipo, es fácil concluir que la actuación policial violenta o excesiva no es el fruto de un descontrol de los agentes de la calle, los patrulleros, sino que simplemente obedecen a una línea trazada desde las alturas para imponer el “orden” o una seguridad afirmada en la muerte de los criminales, lo que queda al margen de la institucionalidad, dígase, las leyes, los debidos procesos, y la Constitución.
La persecución de los delincuentes, pero…
La violencia policial ha devenido en debate sobre la pena de muerte bajo administración policial, y quienes entienden que a los delincuentes hay que darles “para abajo”.
Y siempre, quienes rechazan las muertes “en acciones legales”, es decir, en los “intercambios de disparos”, temen que un alto porcentaje de las víctimas sean producto de ejecuciones extrajudiciales. Hechos registrados confirman estas percepciones.
Un fusilamiento a mansalva
Joan Vargas, redactor del periódico El Día, develó con un relato lo que la mayoría se niega a admitir: la Policía Nacional mata a quienes considera delincuentes, a sangre fría, en muchos casos, con el justificativo del “intercambio de disparos”.
La crónica de Vargas se afirma en un vídeo, en el cual se ve cuando un policía dispara a un joven en Villa Vásquez, a mansalva:
“Un video captado por una cámara de vigilancia contradice la versión ofrecida por la Policía Nacional sobre la muerte de Cristhofer Carlos Belliard, alias “Cri Cri”, ocurrida este sábado ( 26 de septiembre de 2026) durante una intervención de agentes de la División de Investigaciones Criminales (DICRIM) en el municipio de Villa Vásquez.
“De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, Belliard habría enfrentado a tiros a los agentes que realizaban labores de patrullaje y prevención en la calle Mella, próximo a la entrada del hotel Aruba, por lo que los miembros actuantes habrían repelido la agresión.
“Sin embargo, las imágenes de una cámara de vigilancia muestran una secuencia diferente a la descrita en el reporte policial. En el audiovisual se observa a Belliard corriendo mientras es perseguido por agentes policiales. En un momento de la secuencia, el joven se detiene, levanta las manos y queda frente a los agentes.
“Instantes después, uno de los miembros de la DICRIM le propina un disparo a corta distancia, mientras Belliard permanece con las manos levantadas, según se observa en la grabación”.
Otro caso escandaloso en 2025
El incidente más sonado de 2025 ocurrió en septiembre en el sector La Barranquita, Santiago, donde cinco hombres fueron abatidos por la Policía. Las investigaciones posteriores del Ministerio Público y las autopsias contradijeron la versión oficial de la Policía al revelar que ninguna de las víctimas había disparado un arma, lo que resultó en la detención y prisión preventiva de varios agentes implicados.
