Por Evelyn Irizarri Santos
NUEVA YORK, Estados Unidos. – El pasado fin de semana, mientras un ciudadano venezolano era alcanzado por las balas de uno de los agentes de ICE en Austin, Texas, en Alabama, una corte se alistaba para dar a conocer la decisión de uno de sus jueces, sobre ciertos requisitos que deben ser cumplidos al realizar los arrestos.
El de Austin, Texas, es el caso más reciente de un tiroteo que involucra a agentes de Ice y en el que un inmigrante resulta herido. Se trata del venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez. Más tarde, la abogada del herido denunció que el hospital y las autoridades ocultaron información a la familia, luego de que el joven fuera sacado del establecimiento médico, para presuntamente ser trasladado a un centro de detención. La representación legal de Garcés ha advertido que interpondrá un recurso ante la corte federal para evitar una deportación inmediata.
Solo con una orden
Asimismo, un colectivo de organizaciones y activistas ha recurrido a la justicia, debido a los múltiples arrestos que sufren perseguidos por las autoridades migratorias, como el caso de Leonardo García Venegas, un ciudadano estadounidense de origen latino, que ha sido arrestado en tres ocasiones por agentes federales. Un juez federal de Alabama emitió una orden judicial que prohíbe a los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza realizar redadas sin contar con una orden emitida por un tribunal.
Dicha resolución exige detener los arrestos de personas que porten una identificación válida. Es en esta última parte donde se tomó en cuenta lo sucedido con García Venegas, de quien se afirma ha sido arrestado por su perfil físico.
Trabajadores de la construcción
Uno de los sectores más afectados con las detenciones de ICE es el de la construcción, donde se han reportado arrestos con violencia física y armada. Además, se han recibido denuncias de trabajadores que se han lesionado de manera grave, tratando de escapar de los agentes.
En su decisión, el magistrado incluye que la agencia debe dejar de detener a estos trabajadores si no existe un motivo real y válido. También les ordena la libertad inmediata de los trabajadores que presenten pruebas de su estatus migratorio legal, como identificación REAL ID.
También prohíbe el ingreso de agentes de inmigración a los lugares de trabajo, con la finalidad de realizar arrestos, si no existe una orden emitida por un tribunal competente, o sin una justificación válida para ejecutar un arresto.
Ahora se espera la reacción del Departamento de Seguridad Nacional y las medidas que podría implementar para contrarrestar esta decisión.
