Lo que se necesita es una declaración franca de la crisis, una política de emergencia educativa y un pacto operativo donde cada actor quede incorporado con nombre, responsabilidad y control social. Solo entonces será posible quitarle las antenitas al absurdo y comenzar, por fin, a empujar la roca con dirección, autoridad y sentido de país.
POR RAFAEL MENDEZ
La educación dominicana lleva años atrapada entre el esfuerzo que no llega a puerto y la improvisación que pretende sustituir la política pública. De un lado, el sistema empuja la misma roca de diagnósticos, congresos, informes y promesas; del otro, aparecen anuncios ruidosos que venden astucia donde apenas hay artificio. Entre ambos extremos, la escuela pública sigue sin encontrar el punto de apoyo que la saque del círculo.
No puede decirse que al país le falten recursos, estudios o discursos bien articulados sobre el tema. Lo que falta, y cada vez con mayor evidencia, es la decisión de tocar las estructuras que reproducen la inercia, reparten cuotas de poder y neutralizan cualquier intento de reforma que aspire a cambiar de verdad la experiencia cotidiana en las aulas, en los centros y en la gestión educativa.
Por eso, el eslabón perdido de la educación dominicana no está escondido en un laboratorio técnico ni en un nuevo documento de planificación. Está a la vista, aunque muchos prefieran rodearlo: se llama gobernanza, se llama disciplina y se llama autoridad legítima para conducir un sistema donde sobran diagnósticos, pero faltan consecuencias, responsabilidades definidas y voluntad política para sostener decisiones incómodas.
Cuando la investigación no transforma
Desde hace años, el país acumula estudios sobre bajo rendimiento, brechas territoriales, sobre edad, debilidades en la formación docente y precariedades de infraestructura. Sin embargo, ese esfuerzo investigativo no ha producido el salto que cabría esperar, porque entre el conocimiento y la acción se ha abierto una distancia que termina convirtiendo la investigación en un rito de confirmación, más que en una palanca de transformación.
En provincias como Bahoruco, donde los indicadores han sido reiteradamente adversos, los hallazgos se conocen, se comentan y hasta se exponen en escenarios especializados, pero rara vez bajan con fuerza suficiente al terreno donde deberían provocar medidas concretas. Así, el sistema parece premiar la capacidad de diagnosticar el problema, mientras posterga indefinidamente la obligación de corregirlo con decisiones verificables y seguimiento real.
A esa lógica se suma una narrativa oficial que con frecuencia presenta avances extraordinarios en contextos donde las familias, los docentes y los directores viven otra realidad. Cuando se anuncian inicios de año escolar en condiciones “nunca vistas”, pese a la falta de aulas, al hacinamiento y carencias acumuladas, no se fortalece la confianza pública, sino que se agranda la brecha entre el discurso administrativo y la experiencia concreta de la comunidad educativa.
De ese modo, la imagen de Sísifo resulta más que una metáfora literaria. Expresa un sistema condenado a repetir esfuerzos que no cambian el resultado, porque cada subida de la roca encuentra abajo los mismos obstáculos sin remover. Investigar para saber, sin actuar para transformar, termina siendo una forma sofisticada de administrar el estancamiento y de disimular, bajo lenguaje técnico, una renuncia política a cambiar el curso de las cosas.
Gobernanza, disciplina y poderes que nadie quiere tocar
Si el sistema no avanza, no es solo por carencias materiales o debilidades pedagógicas. También pesa una gobernanza frágil, incapaz de ordenar responsabilidades, exigir cumplimiento y proteger a quienes deben conducir los centros educativos. Muchos directores cargan con deberes formales que no se corresponden con una autoridad efectiva, lo que los deja expuestos a la impotencia y convierte la gestión escolar en una ficción administrativa.
Esa debilidad se agrava porque hay actores cuya influencia es determinante y, sin embargo, suelen ser omitidos o tratados de manera tangencial en los grandes documentos de planificación. La ADP y COOPNAMA han desempeñado papeles complejos, a veces útiles y a veces obstructivos, pero ignorar su capacidad de apoyar, condicionar o bloquear reformas no es una omisión inocente, sino una evasión que empobrece cualquier proyecto serio de transformación.
Mientras tanto, el país destina un volumen considerable de recursos a la educación y el contribuyente observa cómo buena parte de ese esfuerzo se diluye sin producir mejoras proporcionales en infraestructura, aprendizaje, disciplina institucional ni confianza ciudadana. El problema no es únicamente cuánto se invierte, sino bajo qué reglas se administra, quién responde por los resultados y qué sanción política o administrativa existe cuando las metas vuelven a incumplirse.
De ahí que la salida no pase por un nuevo acto de heroísmo chapulinesco ni por otro anuncio de astucia salvadora. Lo que se necesita es una declaración franca de la crisis, una política de emergencia educativa y un pacto operativo donde cada actor quede incorporado con nombre, responsabilidad y control social. Solo entonces será posible quitarle las antenitas al absurdo y comenzar, por fin, a empujar la roca con dirección, autoridad y sentido de país.
