Por Máximo Calzado Reyes
El principio de simplificación de la carga administrativa en las compras públicas se inscribe de manera directa en el derecho fundamental a la buena administración, reconocido en el artículo 4 de la Ley núm. 107-13, así como en su artículo 56, que consagra expresamente el deber estatal de descarga burocrática. Estos preceptos imponen a la Administración la obligación de actuar con racionalidad, eficiencia y orientación al ciudadano, evitando trámites innecesarios, dilaciones injustificadas y formalismos excesivos que obstaculicen el acceso a los procedimientos públicos.
Este principio encuentra, además, un desarrollo específico y actualizado en el numeral 17 del artículo 4 de la Ley núm. 47-25, desde el cual se establece que: “Son aquellas actuaciones que persiguen reducir el número de procedimientos administrativos existentes, así como los trámites que conforman cada procedimiento”.
En esas atenciones, mediante la operativización de este principio, se persigue agilizar los procesos de contratación, reducir cargas administrativas y acelerar las decisiones de adjudicación, en beneficio tanto de las entidades públicas como de los proveedores. La simplificación no implica relajar los controles ni debilitar la transparencia; por el contrario, busca hacer más inteligentes y eficientes los mecanismos de control, sustituyendo la burocracia innecesaria por herramientas modernas, digitales y funcionales.
En este sentido, la Ley 47-25 representa un salto cualitativo en la modernización del sistema dominicano de contrataciones públicas, al promover la digitalización integral de los procedimientos, la unificación y reutilización de documentos, la verificación automática de datos y la eliminación de etapas secuenciales lentas y redundantes. Este enfoque se refleja, de manera especial, en el impulso a modalidades como la contratación simplificada para compras de menor cuantía y en el uso de plataformas electrónicas que permiten procesos más dinámicos, trazables y accesibles.
El principio de simplificación se concreta en varias líneas de acción fundamentales, entre las cuales están: reducción de requisitos, procesos más ágiles, automatización de los procesos administrativos, y simplificación de los procedimientos.
Asimismo, con la simplificación de la carga administrativa persigue objetivos estratégicos claramente definidos, entre los cuales están mejorar la eficiencia administrativa, procurar una competencia efectiva, y consolidar la transparencia y buena administración.
La Ley núm. 47-25 sobre Contrataciones Públicas es una manifestación concreta de esta tendencia modernizadora. Su énfasis en la simplificación procedimental, en la digitalización y en la creación de modalidades más dinámicas, como la contratación simplificada, busca agilizar las compras públicas, mejorar la gestión institucional y responder con mayor rapidez a las necesidades de la ciudadanía.
En ese orden, hay que destacar que se están dando pasos sólidos para la simplificación burocrática en la República Dominicana. Una prueba de ello es la implementación del Programa Burocracia Cero, creado mediante el Decreto núm. 640-20, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la administración pública, simplificar trámites, eliminar trabas burocráticas y reducir costos económicos/sociales. Este programa busca la transformación digital y la transparencia en las instituciones gubernamentales.
De igual manera, en el año 2021, se promulgó la Ley No. 167-21 de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. Además, se han emitido otros decretos, para complementar el referido programa, entre los cuales están el decreto 92-22, a través del cual se instruye a las instituciones públicas a digitalizar sus servicios y, según el mismo, habilitar medios de pago electrónico; decreto 707-22, el cual establece la Unidad de Gestión de Resultados para monitorear el cumplimiento de los objetivos del programa y el decreto 316-24, mediante el cual se refuerza las acciones para la simplificación de trámites,
En conclusión, el principio de simplificación de la carga administrativa refleja una tendencia global hacia una gestión pública más ágil, eficiente y centrada en las personas. Su desafío consiste en lograr un equilibrio virtuoso entre la necesaria transparencia y control del gasto público, y la agilidad que demanda una administración moderna, eliminando cuellos de botella administrativos y transformando la contratación pública en una herramienta eficaz al servicio del interés general.
Por tales razones, donde la simplificación se aplica con inteligencia y responsabilidad, la Administración gana en eficiencia, los proveedores ganan en accesibilidad y la sociedad gana en confianza institucional.
