La democracia no se mide por cuántos encierra, sino por cuánto respeta la dignidad de quienes, aun siendo cuestionados, conservan el derecho a ser tratados como seres humanos.
Por Rafael Méndez
En la República Dominicana, los titulares sobre personas abatidas en supuestos intercambios de disparos con la Policía Nacional o sobre imputados en casos de corrupción han dejado de ser noticia para convertirse en espectáculo. Apodos degradantes como ‘La Pluma’ o ‘Peluca’ suenan más a novela que a información veraz, y los nombres rimbombantes de animales asignados a expedientes de corrupción, ‘Operación Pulpo’, ‘Operación Medusa’, ‘Operación Calamar’, aunque puedan estar pensados para identificar estrategias internas, cuando llegan a la opinión pública se transforman en etiquetas sensacionalistas que predisponen un juicio previo y, en no pocos casos, una condena anticipada.
Lo que muchos ignoran es que detrás de esas etiquetas no solo se cuestiona la dignidad del imputado, que conserva la presunción de inocencia, sino que también se arrastra a su familia. Hijos, esposas, padres y hermanos cargan con el peso de un estigma que no les pertenece. Una infancia marcada por la burla de los compañeros, una adolescencia señalada por los murmullos del barrio, una vida adulta que arrastra la sombra de un apellido convertido en espectáculo mediático. La herida no se queda en el imputado, se multiplica en quienes nada tienen que ver con el hecho.
Imaginemos a un niño que escucha a sus compañeros decir: “Ese es el hijo del de Medusa”. No ha cometido delito alguno, pero desde ese instante carga con una etiqueta que marcará su desarrollo personal y social. Pensemos en la madre que vive la humillación silenciosa de ver su apellido convertido en carne de titular. Cada mirada ajena, cada comentario en redes, cada susurro en la calle recuerda un dolor que no siempre refleja su historia ni sus esfuerzos por construir una vida digna.
La dignidad humana es un escudo que protege no solo al que cometió un error, sino a quienes lo rodean sin culpa alguna. Y es, además, un espejo que refleja el grado de humanidad de la sociedad que los observa. Cuando se vulnera esa dignidad, la herida se hace colectiva. Protegerla es protegernos a todos, porque detrás de cada proceso judicial hay vidas que merecen respeto, familias que merecen justicia y una comunidad que solo puede sostenerse si recuerda que la dignidad de uno es la dignidad de todos.
Los derechos fundamentales no desaparecen
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha reconocido esta problemática. En una sentencia reciente, prohibió la divulgación pública de nombres degradantes o la promoción sensacionalista de expedientes judiciales, recordando que esa práctica vulnera la dignidad humana y la presunción de inocencia. La decisión busca restaurar la sobriedad judicial y recordar que los derechos fundamentales no desaparecen ni por la notoriedad de un caso ni por la gravedad del delito imputado.
Los medios tienen un papel central en esta dinámica. Al titular con apodos despectivos o exagerar la peligrosidad de un delincuente abatido, contribuyen a la estigmatización del imputado y de su familia. Como ha señalado el Dr. Pedro Mendoza, terapeuta familiar, los titulares que deshumanizan borran también la humanidad de quienes rodean al acusado, perpetuando un ciclo de exclusión y violencia simbólica que atraviesa generaciones.
Proteger la dignidad humana no significa ignorar la responsabilidad penal ni confundir víctimas y victimarios. Significa reconocer que toda persona conserva un núcleo de humanidad que merece respeto, y que vulnerar ese núcleo debilita a la sociedad en su conjunto.
Escenarios de la dignidad en riesgo
Uno de los espacios donde esa erosión se hace más visible es el sistema penitenciario, ya que durante años se ha instalado la idea de que la cárcel es la respuesta automática a casi todos los males sociales. Así, hombres y mujeres son encerrados de manera preventiva como si se tratara de una “medicina social” para calmar miedos colectivos. Pero basta asomarse dentro de esos muros para entender lo que eso significa: celdas sobrepobladas, hacinamiento, condiciones inhumanas.
Personas reducidas a números, a expedientes, a cuerpos depositados en espacios donde, lejos de rehabilitarse, se multiplican la violencia y el abandono. En esas condiciones, la prisión deja de ser sanción legítima y se convierte en un espacio de degradación que hiere la dignidad colectiva.
El otro escenario donde la dignidad se juega, y con frecuencia se pierde, es el mediático. La noticia de un crimen, la imagen repetida de un detenido esposado, la entrevista a familiares desgarrados… todo se transforma en un espectáculo que busca audiencia inmediata. Allí, muchas veces, se difuminan los límites entre informar y condenar. El apodo o el nombre rimbombante operan como sentencia adelantada que condiciona la mirada social.
Justicia sin espectáculo
Frente a estas presiones, los tribunales, y en especial los órganos constitucionales, tienen la tarea de recordar que la dignidad es el punto de partida de todo orden jurídico. La justicia debe ser imparcial y sobria, no un espectáculo mediático. Allí se preserva la memoria de que una democracia no se mide por cuántos encierra ni por la severidad de sus castigos, sino por cuánto respeta la dignidad incluso de quienes están más cuestionados.
Una sociedad justa no se construye sobre la humillación pública ni sobre la condena anticipada. Se construye sobre la convicción de que toda persona, aun en el error, conserva un núcleo de humanidad que merece respeto. Porque una democracia verdadera no teme a la dignidad: la defiende como el más firme cimiento de su convivencia.
