Por Gregorio Montero
No cabe duda, se va entendiendo con mayor claridad, aunque costó bastante, los aportes que deben dar las instituciones de formación y capacitación al proceso de institucionalización del sector público; hoy se sabe que las acciones gubernamentales no tienen sentido si no se apoyan en los hallazgos científicos y técnicos que ponen a disposición las informaciones y los datos necesarios para que los operadores estatales tomen las decisiones más acertadas posibles, y con ello dotar de racionalidad su actuación. Es en este contexto que han tomado y siguen tomando mucha fuerza los espacios de relacionamiento e interacción entre la academia y el Estado, dando incluso origen a un ámbito teórico y práctico cuyo estudio despierta gran interés.
Ese necesario vínculo entre academia y Administración Pública no está exento de tensiones y contradicciones, donde pesa un determinismo histórico y una constante confusión respecto de los roles que una y otra deben jugar en la sociedad, lo que ha dificultado con frecuencia el respeto y la convivencia, como lo hemos afirmado en otros escritos. El asunto es que los planes y programas de estudios e investigación atinentes a temas estatales, si bien deben ser el resultado de una conversación diáfana, franca y respetuosa entre las autoridades estatales y los actores académicos, es preciso también que sean el producto del libre ejercicio de la función educativa, que implica una discusión abierta y autónoma, en la que primen el interés científico y el interés social.
Es esto lo que promueve y caracteriza el pensamiento crítico que debe acompañar toda reflexión y actuación de la academia, aunque el Estado esté de por medio, la libertad académica debe ser garantizada siempre, pues ella representa la pureza y pertinencia de los avances científicos y tecnológicos, especialmente en momentos en que ciertas corrientes pretenden banalizar el rol social de la universidad y restan importancia a la producción de conocimientos y a los datos científicos. En ocasiones pareciera que se niega a la academia su condición de escenario esencial para fomentar la reflexión consciente y objetiva, para tornarla en un espacio intrascendente que sirve únicamente para satisfacer los egos de quienes solo tienen el interés de exhibir títulos vacíos.
El pensamiento crítico de la academia es una convocatoria indeclinable a cultivar la razón por medio de la capacidad analítica, es un llamado a cuestionar toda información que se produce y se obtiene, la ecuanimidad cuenta bastante; el pensamiento crítico es la obligación permanente de ejercitar la nobleza y honestidad académicas, en el que la investigación, el diálogo y las evidencias trazan las pautas para actuar y resolver problemas. Esta es la esencia de la formación y la investigación, construir conocimientos al margen de los prejuicios, entendiendo la realidad; la memorización no es ni por asomo un elemento relevante, pues los interesados llegan a sus propias conclusiones a partir del análisis, el cuestionamiento constante y la evaluación de los datos disponibles.
En los programas de formación y capacitación dirigidos a quienes ocupan cargos públicos, así como en los programas de investigación, el pensamiento crítico debe hacer parte explícita de la metodología que acompaña el proceso de enseñanza aprendizaje, en consecuencia, debe ser evidenciado en cada una de sus etapas y en cada actividad académica, debe serle intrínseco, nunca opcional.
En la gestión pública lo aprendido, el conocimiento, solo tiene sentido si se pone en práctica, pues a gestionar se aprende gestionando, por lo que el ejercicio intelectivo debe encontrar respaldo en el terreno de los hechos, donde los fundamentos académicos son sometidos a prueba constante por el escrutinio y la satisfacción de la ciudadanía; aquí los errores académicos son costosos.
La libertad de la academia para analizar, comprobar y ofrecer información científica confiable es su fundamento filosófico por excelencia, por ello deben velar todos los actores académicos: profesores, autoridades educativas y estudiantes; pero no es su responsabilidad exclusiva, el Estado también debe ser un garante, su rol de regulador, financiador y evaluador de la educación deben servir con fidelidad al pensamiento crítico de la academia. Al final de cuenta el mayor beneficiado de esto es el mismo Estado, quien, en este escenario, se nutre de profesionales y técnicos, aportados por la academia, que son capaces de cuestionar su configuración y forma de actuar, y con base en ello aportar soluciones fundadas en sus conocimientos científicos y evidencias, para la mejora institucional.
Claramente, el pensamiento crítico será siempre una expresión del perfeccionamiento de la democracia, que debe reflejarse no solo en las instituciones estatales, sino también en los centros de formación e investigación, sean públicos o privados; el control académico por parte de las autoridades gubernamentales constituye un atentado a la libertad académica, igual que la imposición de formas de pensar y actuar a los profesores y estudiantes por parte de las autoridades académicas en nada contribuye al pensamiento crítico. Pensar críticamente desde la academia para mejorar la gestión estatal guarda hoy día una relación estrecha, y así deberá ser siempre, con el bienestar de las sociedades, por lo que el interés general es la clave en cada reflexión crítica.
El pensamiento crítico es causa y es resultado. Como causa, es determinante de las libertades académicas que se resumen en el derecho que tienen los profesores, investigadores y estudiantes de enseñar, investigar, debatir y difundir sus ideas y sus descubrimientos, sin ser expuestos a censuras y represalias de cualquier tipo, especialmente políticas. Esto encuentra explicación basal en la autonomía e independencia de las instituciones académicas para establecer y gestionar sus planes de estudios, en la libertad de cátedra y en la libre expresión de las ideas, pero teniendo en cuenta que esto debe ocurrir en un marco democrático, de respeto, de responsabilidad ética y social, de rigor científico y de dignidad académica.
En tanto resultado, el pensamiento crítico solo germina allí donde los centros académicos son debidamente organizados, en el propósito de aportar al bien común, diseñando programas de estudios bien ponderados y que respondan a las necesidades de la sociedad y del Estado; es el resultado de profesores debidamente formados y conscientes socialmente; también resulta del auto respeto de la academia y del respeto por parte de las autoridades estatales y de los distintos sectores de la sociales. De la misma manera, el pensamiento crítico es consecuencia de estudiantes comprometidos y responsables; en definitiva, este es determinado por la excelencia académica y por el prestigio de las instituciones formativas, ganado por sus aportes e impacto en el avance de la sociedad.
Las universidades, los centros académicos en sentido general, no pueden ser simples espacios donde se reproducen y se transmiten conocimientos, más bien deben ser verdaderos laboratorios donde se construyen y se someten a prueba, especialmente cuando se trata de programas relacionados con las políticas públicas y el quehacer del Estado. Solo de esta forma puede la universidad jugar con éxito su papel transformador y de impulsora del desarrollo nacional, actuando con apego a los principios y valores del pensamiento crítico, formando a la vez ciudadanos y ciudadanas que, también imbuidos de espíritu crítico y de consciencia social, asuman con templanza su responsabilidad y deber de luchar por instituciones públicas fuertes y eficaces.
Es clave luchar en contra de la educación bancaria que, a decir del educador y filósofo brasileño (1921-1997) Paulo Freire, es un modelo en el cual el profesor simplemente “deposita” conocimientos en el estudiante, como si se tratase de una cuenta de banco, obviando su capacidad de reflexión crítica y de creatividad; los conocimientos son archivados y memorizados por los estudiantes para “hacer uso de ellos” cuando se presenta la ocasión, pero sin aportar su propia perspectiva sobre los acontecimientos científicos, pues la racionalidad lógica no es tomada en cuenta. Esta lucha se manifiesta, básicamente, procurando un modelo educativo fundado en el desarrollo de la conciencia crítica que, apoyado en procesos de diálogo, contribuyan a la transformación de la sociedad.
Hoy más que nunca, el Estado necesita de funcionarios y servidores, profesionales y técnicos, que sean capaces de resolver problemas cada vez más complejos, quienes al decidir deben basarse en datos confiables y en una alta capacidad de discernimiento frente la gran cantidad de información disponible, no toda relevante. Esto pone a prueba habilidades laborales que solo las otorgan la capacidad de análisis, la autonomía, la creatividad y la facilidad comunicacional, y todo esto es resultado genuino de una academia que se fundamenta en el ejercicio del pensamiento crítico.
