Por Alfonso Tejeda
El guion se repite de manera cíclica, y pese a esa repetición frecuente, que supone haberse aprendido la tarea, los resultados también muestran fallas a la hora del examen: organismos internacionales de derechos humanos persisten en sus denuncias por el tratamiento a los haitianos residentes en el país, que de acuerdo a la legislación vigente, más del 90 por ciento están en situación de irregulares a partir de la sentencia 163-13 (2013) del Tribunal Constitucional que los despojó de derechos civiles.
Ocurrió ahora con la reiterada preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió al gobierno reevaluar la gestión migratoria a partir de las 15 medidas que en abril del 2025 implementó para reducir la presencia de haitianos en República Dominicana, que tiene como su principal mecanismo las deportaciones, las que parecen estar normadas por establecer nuevo récord de expulsados cada semana.
Irreductible es la responsabilidad del Estado dominicano para establecer y aplicar la política migratoria en el territorio nacional, componente cardinal en el amplio fenómeno que es la movilidad de personas en y entre países, la que también está regulada por ordenamientos de organismos internacionales de los que el país es compromisario para atender necesidades y garantizar los derechos de quienes están en esa condición.
Como en cada ocasión -aunque en esta oportunidad ha sido menos el fervor “patriótico”-, las autoridades responden los señalamientos y críticas a la gestión migratoria desde una actitud unilateral, alegando el derecho constitucional que lo ampara, pero desconociendo la complejidad social y económica del mismo, y eludiendo las implicaciones humanas que rodean ese fenómeno, que es a partir de donde los organismos internacionales hacen los señalamientos y reclamos.
De aquellas 15 disposiciones establecidas en abril del 2025, tres son las más cuestionadas: el desempeño en el resguardo fronterizo, caracterizado por “una porosidad” inexplicable a la luz de los recursos humanos, técnicos y materiales desplegados en esa zona; la desgarradora atención médica a pacientes (parturientas en especial) haitianas/os en hospitales públicos, y la abusiva comercialización de las deportaciones.
Dable es reconocer que han mejorado las condiciones y manera en que trasladan a los “posibles deportados” -así entre comillas-, porque eso va a depender de la disponibilidad económica del apresado -o de si tiene alguna relación salvadora-, que también condicionan el ingreso de irregulares al país, pese a que la frontera “está sellada”, a decir de las autoridades, y en los hospitales públicos a los pacientes haitianos les dan servicios tal como si fuera atención de emergencia.
Las quejas cíclicas de los organismos internacionales que denuncian una práctica consuetudinaria requieren de las autoridades otro enfoque más amplio en cuanto a combinar la responsabilidad constitucional del país en la política migratoria con el respeto a derechos humanos de los impactados por esa, que, a más de un mandato cristiano, es también un acto de dignidad y solidaridad.
