Por Osvaldo Santana
2026 inicia como una oportunidad para el gobierno de Luis Abinader, después del pesaroso 2025, un año difícil para los dominicanos en general, y en particular para sus autoridades, que vieron caer su estandarte de la transparencia con la gran estafa en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), los traspiés en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), con las licitaciones y contratos amañados en favor de la empresa Transcore Latam SRL, sin olvidar la tragedia del Jet Set, donde murieron 236 personas.
2026 es una oportunidad, porque todavía a la actual administración le quedan dos años y ocho meses para terminar su período, suficientes para superar los tropiezos, especialmente en el año que termina, singularmente, en materia de corrupción, que tanto se comprometió a combatir.
Es una oportunidad no solo para retomar el rumbo en esa materia, sino para los funcionarios cumplir lo que parece obvio, su responsabilidad para hacer lo necesario para que los asuntos del Estado marchen en los términos deseados.
Uno de los mayores cuestionamientos que se hace al gobierno es sobre la calidad de la gestión, y la oposición ha sido persistente en señalar deficiencias por la “incapacidad de los funcionarios” o a la impericia en el desempeño, aunque la mayoría corre con cinco años en ejercicio.
Pero al margen de lo que pueda argumentar la oposición, es más que evidente que para una gobernanza eficaz es fundamental que haya eficiencia verificable en resultados.
En efecto, la queja, más allá de la oposición, de la gente, es sobre la tardanza en la terminación de las obras públicas, como ha ocurrido con la autopista Duarte, la extensión de la línea 2 del Metro hacia Los Alcarrizos y la expansión de la Línea 1 hacia San Felipe de Villa Mella, la interminable carretera Enriquillo-Pedernales, y la olvidada vía desde Sabana de la Mar a Hato Mayor, para solo citar algunas, y ni hablar de obras mayores paralizadas como las partes complementarias de la presa de Monte Grande y el sueño de la autopista del Ámbar, un proyecto que el propio presidente Luis Abinader ha alentado tanto.
Pero más allá de las obras inconclusas, o las prometidas, es importante que el funcionariado entienda que más que palabras se requiere acción, que se afirma en el cumplimiento cabal del compromiso contraído por la población.
Aunque hay quejas de que los funcionarios no rinden cuentas, que el único que da la cara es el presidente, no se trata tampoco de que ahora empiecen a hacer ruido, sino simplemente que satisfagan en esta nueva fase las expectativas.
Es que mejoren el desempeño de la gestión, que trabajen más y con mayores niveles de eficiencia, que los proyectos se materialicen sin desplomes, que las obras se terminen en los plazos previstos.
Materializadas las obras comprometidas, este año podría significar un recomienzo que permita recuperar la reputación desplomada en 2025, especialmente después de la defraudación de SENASA, que decretó la desconfianza en las autoridades y elevó la indignación social a un grado demasiado alto.
En 2026 simplemente no puede haber otro escándalo de corrupción como lo ocurrido en SENASA. Algo semejante podría provocar daños irreparables a la imagen de la Administración, y especialmente a su capacidad para cumplir sus deberes y obligaciones, según los mandatos de las leyes y la Constitución.
Procrastinar también tiene implicaciones
Hasta ahora, lo que se recomienda es que el gobierno haga, y no deje de hacer lo que manda la ley.
Sin justificación alguna, el presidente Abinader persiste en incumplir la ley 590-16 en lo concerniente a la designación del nuevo jefe de la Policía.
El general Ramón Antonio Guzmán Peralta fue designado el 14 de noviembre de 2023, mediante el decreto 557-23, y pese a la norma, continúa en el puesto.
El artículo 23 de la ley 690-16, establece que la designación del director general de la Policía es atribución del presidente de la República. “Párrafo. La designación del director general de la Policía Nacional se hace por un período máximo de dos (2) años, sin perjuicio de la potestad del presidente de la República de disponer su separación anticipada”.
No es el caso de los ministros o demás funcionarios de la Administración, que el presidente puede mantener en el puesto indefinidamente, por la razón que entienda, por eficientes, por lealtad o la razón que fuese. Es su voluntad y recae sobre sus amplias atribuciones.
Lo que se entiende
Lo que se entiende es que el mandatario no debe mantener situaciones que deriven en piedra de escándalo, especialmente ahora, cuando inicia un Año Nuevo, con un presupuesto deficitario, y el peso de la deuda, ante una población irritada, a la cual no se le podrá hablar de reforma fiscal para recaudar más recursos, y más bien, debe hilar fino para evitar complicaciones mayores desde el inicio de este 2026.
