Por Osvaldo Santana
Hasta el gobierno dominicano está en conocimiento de que la estafa en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) erosionó su imagen y ha perdido aprobación popular.
Esa realidad no está en discusión y el propio presidente de la República ha sugerido que su confianza fue traicionada por sus colaboradores en la institución desfalcada con más de 15 mil millones de pesos.
La cuestión fundamental sin embargo estriba en las siguientes interrogantes que debe plantearse el gobierno. Si lo anterior es cierto, que es cierto, ¿qué tan profundamente ha calado en la conciencia nacional?; ¿cómo lo ha percibido la clase media? ¿Tienen los sectores más empobrecidos conocimiento suficiente sobre lo que ha pasado, y peor aún, ¿el tema forma parte de sus diálogos cotidianos? Todavía más, ¿lo han padecido cuando trataron de recibir un servicio sanitario, o han sido víctimas de procedimientos indebidos por la voracidad de quienes desde el Estado materializaron la gran estafa?
Otra interrogante mucho más importante: más allá del conocimiento que tiene la gente de lo que pasó, ¿qué tan profundo es el grado de irritación, en general?
Además, ¿tiene el gobierno información suficiente sobre el pensamiento y la opinión de la gente acerca de lo que ha ocurrido, y cómo está siendo visto o valorado?
Para los gobernantes es necesario saber qué realmente piensa la gente sobre el robo en SENASA.
Más aún, es prudente pregunta: ¿se ha sentido el poder en su más alto nivel conmocionado por todo esto, de verdad ha asimilado la magnitud, la gravedad del fraude, no solo en dinero, sino a la proclama de honestidad a toda prueba en la Administración previamente defendida por el presidente?
Las interrogantes anteriores podrían ser respondidas desde una perspectiva simple. “Siempre ha habido robos públicos, siempre se ha robado al Estado”. Pero esa sería una racionalización justificadora con graves implicaciones.
Otros elementos a quienes habría que tomar en cuenta ante este drama son aquellos colaboradores provenientes de la sociedad civil, que fueron parte de las campañas anticorrupción del pasado, que llegaron al Estado imbuidos de la mejor buena fe, para mejorar el servicio público, y ahora se han conformado con el silencio.
Y es que el robo en SENASA ha impactado dramáticamente el eje central del discurso oficial: la honestidad, la transparencia. El gobierno del cambio surgió para dejar atrás la corrupción, frente a la cual la consigna es la “tolerancia cero”.
Ahora, al gobernante le será muy difícil reconstruir su discurso anticorrupción y ejemplificar con la integridad.
La corrupción del pasado, que tanto se combatió, pierde trascendencia ante lo ocurrido, sin mencionar otros casos de menor cuantía en la actual administración.
Vista las cosas en esta perspectiva, ¿qué estrategia estará construyendo el poder para restaurar los daños, más allá del discurso de que no habrá impunidad?
El efecto de la erosión de la credibilidad tiene su impacto en la gobernanza y serán necesarias respuestas que permitan atenuar el impacto del estremecimiento colectivo.
Hacia el futuro
En esa dirección, una campaña al interior del gobierno para prevenir de manera efectiva potenciales casos de corrupción podría jugar un papel atenuador.
Nuevos casos resultarían devastadores para la credibilidad del gobierno de la moral, la honestidad y la transparencia. Al gobierno correspondería entonces tomar la iniciativa y evitar que los señalamientos con fundamentos provengan de la sociedad civil o de la oposición política o social.
Más narcotraficantes en el gobierno, otro escándalo mayor, a decir verdad, nadie lo desearía. Demasiado para una Administración que se afirmó en valores que, como van las cosas, se están derrumbando.
