Por Santiago Torrijos Pulido
Legal Expertise Liaison en Fridman, Fels & Soto (USA)
LL.M. de Georgetown Law
La desconfianza en el Estado no suele aparecer en las estadísticas económicas. No se mide en puntos del PIB ni se refleja directamente en los presupuestos públicos. Sin embargo, es uno de los factores más caros que puede enfrentar una sociedad. Su costo es silencioso, acumulativo y profundamente desigual: encarece la vida cotidiana, frena la inversión y empuja a millones de personas hacia la informalidad.
Cuando los ciudadanos no confían en las instituciones, cada trámite se convierte en una sospecha. Obtener un permiso, registrar una propiedad o iniciar un negocio deja de ser un procedimiento administrativo para transformarse en una carrera de obstáculos. Se duplican documentos “por si acaso”, se recurre a intermediarios innecesarios y se asume que, sin un empujón adicional, el proceso no avanzará. El tiempo perdido -horas, días, a veces meses- tiene un costo económico real que rara vez se reconoce.
La informalidad es, en muchos casos, una consecuencia directa de esa desconfianza. No se trata simplemente de una cultura del incumplimiento ni de falta de educación cívica. Para miles de pequeños comerciantes, trabajadores independientes y emprendedores, operar fuera del sistema es una decisión racional. Si cumplir la ley implica trámites interminables, costos imprevisibles y un trato desigual, la informalidad aparece como una forma de supervivencia. El problema es que esta salida individual termina debilitando el sistema para todos.
La desconfianza también funciona como un impuesto invisible sobre la inversión. Los inversionistas -locales y extranjeros- no solo evalúan tasas impositivas o incentivos fiscales; observan la previsibilidad institucional. Cuando las reglas cambian sin explicación, cuando los contratos no se respetan de manera consistente o cuando la aplicación de la ley parece depender de quién es el actor involucrado, el riesgo percibido aumenta. Y cuando el riesgo aumenta, el capital se encarece o simplemente se va a otro lugar.
Este fenómeno tiene además un efecto regresivo. Las grandes empresas pueden absorber costos adicionales, contratar asesores y navegar la complejidad burocrática. Las personas comunes y los pequeños negocios no. Para ellos, la desconfianza institucional se traduce en menos oportunidades, menor crecimiento y mayor vulnerabilidad. Así, la desigualdad no solo se produce por la falta de recursos, sino por la falta de reglas confiables.
Paradójicamente, el Estado también pierde. Menos confianza implica menor recaudación, menor cumplimiento voluntario y mayor gasto en fiscalización y control. Se entra en un círculo vicioso: ante la evasión y la informalidad, se crean más controles; esos controles, si no son eficientes y justos, generan más desconfianza; y esa desconfianza alimenta nuevamente la evasión.
Romper este ciclo no requiere discursos grandilocuentes, sino consistencia. Instituciones que funcionen de manera previsible, trámites simples, reglas claras y un trato igualitario generan confianza no porque prometan perfección, sino porque reducen la incertidumbre. La confianza no surge de la propaganda, sino de la experiencia cotidiana del ciudadano frente al Estado.
En última instancia, la desconfianza es un lujo que una sociedad no puede darse. No porque sea moralmente indeseable, sino porque es económicamente devastadora. Cada vez que se normaliza la idea de que “así son las cosas”, se acepta un costo oculto que todos terminamos pagando.
