Por Osvaldo Santana
La política de anticorrupción y transparencia del gobierno del presidente Luis Abinader recibió un contundente golpe con la formalización de la acusación por fraude y estafa en el Seguro Nacional de Salud (SENASA).
La denuncia original de corrupción en SENASA, además del deterioro de la prestación de servicios y pagos a los suplidores de todo tipo, había sido hecha este año por la Fuerza del Pueblo.
La revelación de esa agrupación fue puesta a menos por el presidente Abinader en uno de los encuentros con la prensa en La Semanal, en el Palacio Nacional, pero semanas después, debió ordenar una investigación a cargo la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y la nueva dirección de SENASA.
El lunes 8 de diciembre fue sometido a la justicia el exdirector del SENASA, Santiago Hazim, y otras siete personas, detenidas desde el sábado pasado, acusadas por la Procuraduría General de la República de apropiarse de recursos de la administradora de salud estatal mediante un sistema fraudulento de compras o prestaciones de servicios ficticios.
La estafa contra SENASA ronda no menos de RD$15,900 millones, mediante sobrefacturación, alteración de los costos de las prestaciones, distracciones diversas de recursos, en coalición con empresas prestadoras de servicios o productos a la institución.
Mediante la llamada “Operación Cobra”, el ministerio Público capturó a Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero del Senasa; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud; el empresario Eduardo Read Estrella, de Khersun S, A; a Cinty Acosta Sención, de IntraCare; Ramón Alan Speakler Mateo, del grupo Suilrod, y Ada Ledesma Ubiera, por la farmacéutica Lufarka, y a Rafael Martínez Hazim, el pasado lunes. Santiago Hazim se entregó después que fue requerido.
Este caso, si bien no derriba la política de transparencia y cero impunidad, porque al final el gobierno ha reaccionado mediante la persecución judicial de sus funcionarios, debilita la campaña anticorrupción del pasado, y especialmente, la presentación de la actual administración como ejemplo de manejo pulcro de los recursos púbicos.
El hecho hace que se piense en las denuncias de irregularidades en el ministerio de Educación durante la gestión de Roberto Fulcar, que, si bien no terminó en la justicia, sembró dudas y no se sabe que se dispusiera una investigación.
Santiago Hazim y el PRM
La corrupción en SENASA no solo impacta la política anticorrupción de Abinader, también pone en tela de juicio la idoneidad de los instrumentos, medios y personas que llevaron a cabo la campaña política para alcanzar el poder, toda vez que Santiago Hazim no es un elemento más, sino el jefe del sector externo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y hombre de confianza del más alto nivel.
También la corrupción en SENASA hace inevitable pensar en los escándalos que conlleva la captura de colaboradores, municipales y congresuales, capturados por narcotráfico, claves también en la campaña electoral que condujo a la elección de las actuales autoridades.
Y pensar que la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch ha dicho que ha enviado a la procuraduría general de la República decenas de casos de corrupción, pero se desconocen los detalles que se haya movido la acción pública.
¿Traición?
Lo menos que habría que suponer es que ha habido traición a la confianza que el presidente de la República y a los líderes del PRM depositaron en todas esas figuras involucradas en corrupción o narcotráfico.
El país observa perplejo cómo desde septiembre del año pasado el gobierno va de escándalo en escándalo, sea por deficiente desempeño, como ha ocurrido con deterioro de servicios públicos, como el eléctrico, la transportación de pasajeros a cargo de empresas públicas como el Metro de Santo Domingo, las deficiencias hospitalarias y ahora la impresionante trama corrupta destapada en SENASA, develada inicialmente por voces opositoras.
La corrupción en INTRANT
Pero antes, en 2024, se destapó la trama corrupta en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTRANT). Fue el caso de la famosa “corrupción semafórica”, que “provocó la detención de su exdirector, Hugo Beras, y otros implicados, como José "Jochi" Gómez Canaán, de Transcore Latam, por irregularidades en contratos, fraude, falsificación y sabotaje al sistema de control de tráfico en Santo Domingo, lo que llevó a una investigación de la PEPCA y acusaciones de corrupción y usurpación de identidad relacionadas con la empresa Transcore Latam”. (IA). También fue detenido Samuel Baquero, exdirector de Tecnología del INTRANT y otros ejecutivos de las empresas involucradas.
Es el caso Camaleón, mediante el cual fue investigada la adjudicación de contratos millonarios a Transcore Latam, empresa vinculada a "Jochi" Gómez, para la modernización y gestión de la red semafórica, alterando requisitos para beneficiarla.
En agosto de 2024 hubo un caos vial masivo, cuando Transcore Latam cesó servicios y reemplazó dispositivos sin autorización, lo que el Ministerio Público consideró como un sabotaje.
Los implicados enfrentan cargos por fraude administrativo, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, lo que causó un perjuicio millonario al erario.
La esperanza ciudadana
La esperanza ciudadana es que no estemos ante otros hechos desconocidos que involucren estos niveles de desfalco de los dineros públicos o más escándalos de servidores actuales o pasados asociados al negocio del narcotráfico. No debe olvidarse la advertencia del ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza, de que podría haber más casos.
Sería un golpe a la imagen de transparencia en que se afirma el gobierno, que apostó a la lucha contra la corrupción como un paradigma en el servicio público.
NOTA AL MARGEN
El presidente Abinader tiene pendiente sustituir al jefe de la Policía, que cumplió su período de dos años, según la ley 590-16. El general Ramón Antonio Guzmán Peralta fue designado el 14 de noviembre de 2023, mediante el decreto 557-23. Pese a la norma, continúa en el puesto.
El artículo 23 de la ley 690-16, establece que la designación del director general de la Policía es atribución del presidente de la República, quien deberá escoger “a un oficial general policial activo, quien ostentará, durante el ejercicio de la función, el rango de Mayor General.
“Párrafo. La designación del director general de la Policía Nacional se hace por un período máximo de dos (2) años, sin perjuicio de la potestad del presidente de la República de disponer su separación anticipada”.
Es una atribución del presidente disponer la designación, pero no así prolongar la permanencia de un jefe policial en el puesto. Es probable que los obedientes policías estén esperando la sustitución de su jefe. Y no se espera que la permanencia de Guzmán Peralta en el puesto al margen de la ley se convierta en otra piedra de escándalo en la Administración.
