Por Osvaldo Santana
El asesinato de cinco personas en La Barranquita de Santiago a manos de miembros de la Policía, que despertó el desentendimiento social frente a la violencia de ese cuerpo en nombre de la eliminación de los delincuentes, habría provocado un “redireccionamiento” de la política del Estado frente al crimen.
Era más que evidente que los mandos policiales venían actuando bajo una prédica que incluía el uso de la fuerza letal contra personas señaladas como enemigas de la seguridad ciudadana por un simple registro de la Policía, lo que se convertía en una lista de la muerte. Tan recurrente y rutinaria devino la aplicación del código 29, el cual citó el presidente Luis Abinader, que “faculta” a los agentes para matar en nombre de la ley. Tan lejos llegaron, que, en los informes sobre violencia, bajo los auspicios del ministerio de Interior y Policía, se habla de “muertes en acción legal”, a los caídos en las ejecuciones extrajudiciales.
Ante el descenso de la criminalidad policial legitimada, tras la matanza de La Barranquita, los medios interrogaron a la ministra de Interior y Policía, licenciada Faride Raful, y su respuesta fue impresionante. Según publicó Diario Libre: “la ministra de Interior y Policía… afirmó que la reducción de los reportes de personas abatidas en supuestos intercambios de disparos con agentes del orden responde en parte a un cambio de actitud de la ciudadanía y a una mayor disposición a acatar instrucciones de las autoridades durante intervenciones policiales”.
Sugiere que los asesinatos extrajudiciales son el resultado de la acción policial por la actitud ciudadana, lo que implica una grave generalización, al margen de que exime a la uniformada el uso frecuente de la fuerza letal al margen de la ley.
“La ministra destacó que el objetivo de las autoridades es garantizar la seguridad sin que se registren incidentes fatales, e insistió en el respeto mutuo entre población y agentes. Consideró que la disminución en los casos podría reflejar mayor conciencia social sobre el papel de las instituciones y la necesidad de preservar la vida durante los operativos. De igual forma, subrayó la importancia de que los ciudadanos cooperen cuando los agentes se acercan a requerir información o intervenir en situaciones de orden público. "Estas situaciones no deben darse. Del lado de nosotros, es entender que los ciudadanos están respetando a las autoridades", citada por Diario Libre.
Más allá de las declaraciones de Faride
Desde la matanza de La Barranquita sólo hay registradas tres muertes ejecutadas por agentes de la policía. El 19 de septiembre, en la Laguna de Nisibón, provincia Altagracia, en un operativo antidrogas de la DNCD los agentes mataron a José A. Santana de los Santos, porque “abrió fuego contra la patrulla”. El 30 de septiembre, en Los Rieles de Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, en “un operativo policial de DICRIM”, Enrique Doñé “enfrentó armadamente” (sic) a una patrulla y fue abatido con múltiples impactos”. El 21 de octubre, agentes de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) frustraron un asalto a mano armada contra un taxista, lo que derivó en persecución hasta Hato Damas, San Cristóbal. En el tiroteo cayó abatido Juan M. García Corporán (“El Menor” o “Juampas”, 22 años), presunto líder de la banda. Otros dos sospechosos resultaron heridos y arrestados.
Apenas tres muertos, una clara reducción de la tendencia que llevaba la Policía y que a la ministra le resulta difícil reconocer.
Según los registros oficiales, a octubre habían ocurrido 1,065 homicidios, de los cuales 170 fueron ejecutados por la Policía en los llamados "intercambios de disparos", una clara manifestación de cómo la Policía actúa como multiplicadora de la violencia. Y es que los policías instruidos para matar adoptan los mismos patrones de conducta que los criminales, e igual matan con facilidad, con el mismo proceder de aquellos a quienes persiguen.
Tantas muertes en “intercambios policiales”, método que no es nuevo en la institución, parece formar parte del instrumental policial frente al crimen. Obedece obviamente a una política direccionada, que no puede ejecutarse sin un mandato. Pero también constituye la mejor expresión del fracaso de la política represiva del gobierno frente a los criminales.
Parece que a la Procuraduría general de la República le resulta más fácil identificar la delincuencia que a su propio brazo ejecutor de la prevención del crimen. Esa institución, sin disparar un tiro, ha desarticulado varias organizaciones criminales con decenas de detenidos.
La investigación preventiva y la captura de los potenciales o reales criminales a largo plazo resultan más redituales con los asesinatos a manos de la Policía, no solo porque se colocan al margen de la ley, sino porque se constituyen en una amenaza para la seguridad ciudadana que las autoridades pretenden garantizar.
Una mirada más honesta hacia la Policía, sin pretender encubrir sus acciones o convertirla en víctima de una población desobediente, podría conducir a encontrar métodos que no conlleven la acción letal contra las personas como primer recurso en una cualquiera circunstancia.
