Hirán Sánchez Melo, Ph.D.
En las últimas intervenciones en actividades gubernamentales, el presidente Luis Abinader ha destacado que actualmente existe en el país un entorno interno favorable para la inversión. ¿Qué tanto es así? Es la pregunta que pretendo responder en esta entrega.
Veamos.
En la economía dominicana, los agentes económicos —personas físicas, empresas, fondos de inversión, entidades sin fines de lucro, inversionistas institucionales y extranjeros— disponen de múltiples alternativas para canalizar sus recursos hacia distintos activos de inversión privada. Dichas opciones se agrupan principalmente en dos grandes segmentos del sistema financiero: el mercado de dinero y el mercado de capitales, los cuales difieren en su horizonte temporal, nivel de riesgo y liquidez.
En lo que respecta al mercado de dinero, compuesto por instrumentos financieros de corto plazo destinados a la gestión de liquidez, al sostenimiento operativo de las empresas y al financiamiento transitorio de los agentes económicos, se destacan los certificados financieros a plazo fijo emitidos por los bancos múltiples y asociaciones de ahorro y préstamos; los bonos y letras del Banco Central de la República Dominicana; los bonos soberanos del Ministerio de Hacienda; y las participaciones en fondos de inversión de renta fija. Estos instrumentos se negocian generalmente a través de intermediarios financieros autorizados —bancos, puestos de bolsa y sociedades administradoras de fondos— bajo la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).
Por su parte, en el mercado de capitales que abarca los instrumentos de mediano y largo plazo, se tranzan acciones comunes y preferentes, bonos corporativos, y fondos de inversión de renta variable o dedicados al desarrollo inmobiliario. Sin embargo, este segmento sigue siendo incipiente en el país. Esto así, dado que el mercado dominicano se caracteriza por una alta concentración a nivel corporativo y por una limitada oferta de valores privados. Muchas empresas —particularmente las de propiedad familiar o pertenecientes a conglomerados económicos— muestran escasa disposición a emitir acciones o abrir su capital al público, lo que limita la profundidad, la liquidez y el grado de transparencia del mercado bursátil nacional.
Ahora bien, más allá del sistema financiero formal, los agentes económicos también canalizan capitales hacia proyectos empresariales y productivos concretos, físicos: instalación de nuevas unidades económicas, expansión o modernización de operaciones existentes, adquisición de equipos, integración vertical, etc. También es común la reinversión de utilidades dentro de las propias empresas. Adicionalmente, una proporción significativa del capital privado se dirige al sector inmobiliario —viviendas, edificios, apartamentos, villas y terrenos—, que sigue siendo una de las modalidades más tradicionales de inversión en la República Dominicana.
Hasta aquí hablamos de las vías. Falta evaluar el contexto: ¿qué tan favorable es hoy el panorama macroeconómico local para invertir?
Una variable de referencia clave para cualquier inversionista —persona o entidad— es el crecimiento económico esperado. Para 2025 se estima que el crecimiento real cerrará entre 3.0 % y 4.0 %. Ese rango, sin ser exuberante, puede considerarse razonable dadas las condiciones externas: tensiones geopolíticas, episodios de guerra que afectan precios internacionales, medidas arancelarias unilaterales de los Estados Unidos, y un entorno global de tasas de interés todavía elevadas. Para 2026 se proyecta un crecimiento cercano a 5.0 %, lo que implicaría retomar la senda del crecimiento potencial histórico del país.
Otra variable fundamental es la inflación. Esta se ha mantenido dentro de un rango cercano a ±4.0 %, y no se prevé —salvo choques externos severos— que experimente un repunte abrupto. Sin embargo, persiste un riesgo: los precios internacionales del petróleo podrían aumentar si se intensifican o se prolongan sanciones de los Estados Unidos sobre las exportaciones de crudo ruso u otros eventos de disrupción de oferta mundial. Desde el punto de vista financiero, una aceleración de la inflación erosiona el rendimiento real de los instrumentos de renta fija y obliga a los emisores a ofrecer tasas más altas para compensar ese riesgo.
En este punto entra un tercer elemento: la tasa de interés: Cuando se trata de inversiones financieras, el inversionista o ahorrante observa dos cosas básicas: la tasa nominal ofrecida y el plazo de inmovilización del capital. Ambas dependen de factores como (i) la liquidez sistémica, (ii) la demanda de recursos de los agentes económicos y (iii) la tasa de referencia del Banco Central. La última decisión de política monetaria fue una reducción de 25 puntos básicos en dicha tasa de referencia. Ese recorte se ha transmitido, en los últimos meses, a una disminución de hasta alrededor de 20 % en las tasas ofrecidas por ciertos instrumentos —por ejemplo, algunos fondos mutuos de renta fija— y el mercado anticipa todavía cierto margen adicional a la baja.
Este movimiento está alineado con la política de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que también redujo su tasa de referencia en 25 puntos básicos, situándola en torno a 3.5 %. En el caso dominicano, la tasa de política monetaria se redujo a 5.5 %, es decir, unos 2 puntos porcentuales por encima de la estadounidense. Esa brecha refleja el mayor riesgo país y funciona como un mecanismo para mantener atractivos los instrumentos en pesos frente a las alternativas en dólares.
Un cuarto elemento es la liquidez del sistema financiero. Actualmente, la economía dominicana muestra un entorno de elevada liquidez tras el vencimiento de aproximadamente RD$150 mil millones en instrumentos del Banco Central. Ese vencimiento liberó recursos que retornaron a los intermediarios, elevando la disponibilidad de dinero y ejerciendo presión a la baja sobre las tasas pasivas. De cara a diciembre se espera un vencimiento de magnitud similar, lo cual podría prolongar esta tendencia de tasas a la baja.
Frente a ese exceso de liquidez, el Banco Central ha venido realizando colocaciones puntuales de letras con el fin de esterilizar parte de esos fondos y evitar presiones indeseadas sobre la inflación o sobre el tipo de cambio. Paralelamente, se realizó una subasta de Notas del Tesoro que cortó cerca de 9.00 % para los vencimientos 2027 y alrededor de 10.49 % para los 2029, logrando captar en torno a RD$20 mil millones. Ese monto resultó menor al esperado originalmente, reflejando abundancia de liquidez y una demanda del mercado por tasas algo más altas en los tramos largos.
Todo esto ocurre en un contexto en el que la Junta Monetaria aprobó un programa especial de provisión de liquidez por alrededor de RD$81 mil millones, dirigido a sectores productivos como la construcción, la agropecuaria, las MIPYMES y las exportaciones. El objetivo es sostener el crédito, abaratar parcialmente el financiamiento productivo y, al mismo tiempo, no desanclar las expectativas de inflación.
Hasta aquí hemos hablado de condiciones monetarias y financieras. Falta un aspecto que, en la práctica, pesa tanto o más en la decisión de inversión real: la rentabilidad esperada.
En la experiencia dominicana, las inversiones en proyectos empresariales, corporativos y de capital extranjero directo responden menos a la “narrativa macro” y más a la tasa de retorno efectiva que garantizan los mercados locales. Y aquí entra un elemento estructural incómodo: en no pocos sectores de bienes y servicios en la República Dominicana predominan estructuras monopólicas u oligopólicas. Es decir, pocos jugadores con poder de mercado, capacidad de fijación de precios y márgenes elevados. Eso, desde la óptica del inversionista corporativo, es atractivo; pero desde la perspectiva del consumidor y la competencia, implica menor innovación, rigidez de precios y barreras de entrada para nuevos actores.
A esto se suma el componente tributario. En las últimas dos décadas, la estructura fiscal ha tendido a descansar menos en los impuestos directos (progresivos) sobre la renta y el patrimonio, y más en figuras menos onerosas para grandes grupos empresariales. El indicador de concentración tributaria ha pasado —según estimaciones— de 65.2 a 48.9, lo que sugiere una menor carga relativa de impuestos directos sobre los grandes contribuyentes y una mayor dispersión en las fuentes recaudatorias. Esa configuración ha resultado funcional para ciertos capitales corporativos, pues preserva márgenes después de impuestos y aumenta el atractivo de reinvertir utilidades localmente.
Hay, además, dos patas adicionales de la mesa de inversión que suelen darse por sentadas, pero que son decisivas.
La primera es la estabilidad política y social. Un clima interno predecible —sin choques de gobernabilidad, sin estallidos sociales significativos, sin saltos bruscos de riesgo institucional— es tan importante como las variables macroeconómicas clásicas. Estabilidad política significa seguridad jurídica del capital, continuidad regulatoria y menor probabilidad de interrupciones súbitas en la operación de los negocios. Para el inversionista, eso equivale a reducir riesgo no financiero y mejorar el perfil riesgo-retorno del país.
La segunda es la pata burocrático-institucional, sobre la cual el propio presidente de la República ha hecho observaciones públicas.
Emprender en la República Dominicana sigue siendo, para muchos, un acto de valentía. No por falta de talento ni de voluntad empresarial, sino por la compleja maraña burocrática que todavía rodea los procesos de formalización y registro de empresas. Convertir una idea en una empresa formal implica navegar trámites dispersos, repetidos y muchas veces inconexos entre sí.
Pese a avances tecnológicos y a la creación de plataformas como “Formalízate”, impulsada por el Gobierno como herramienta de simplificación, la realidad operativa sigue siendo más lenta de lo que debería. Falta integración efectiva entre la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), las Cámaras de Comercio y Producción, las entidades bancarias y, en ocasiones, hasta la Procuraduría General de la República. El resultado es que el emprendedor enfrenta requisitos que no siempre conversan entre sí, formularios que cambian sin previo aviso y portales que prometen gestión en línea, pero exigen presencia física.
Eso genera tres consecuencias: pérdida de tiempo, aumento de costos de entrada y desconfianza en el sistema. Paradójicamente, el discurso oficial promueve la formalización, pero el andamiaje institucional, tal como está, desincentiva la formalización efectiva. Lo que debería ser un proceso ágil, digital y transparente, todavía se parece demasiado a un laberinto de pasos, validaciones y pagos.
¿Qué hacer entonces?
Como recomendación inmediata, especialmente pensando en el tejido empresarial local (micro, pequeño y mediano), el país necesita una reforma real del sistema de formalización y registro empresarial. No se trata solo de digitalizar formularios, sino de interoperar plataformas. Un registro único debería, de manera automática, generar o validar la razón social en ONAPI, inscribir en la DGII y matricular en la Cámara de Comercio, sin obligar al ciudadano a repetir la misma información una y otra vez.
Ese paso institucional —menos espectacular que inaugurar una obra física, pero mucho más transformador en términos de productividad— tendría dos efectos económicos directos. Primero, bajaría el costo de entrada al emprendimiento formal, ampliando la base productiva nacional. Segundo, permitiría que más ahorro interno fluya hacia actividades productivas formales (no solo hacia inmuebles o instrumentos financieros de corto plazo), lo cual diversifica la matriz de inversión nacional y agrega valor a la producción interna.
En conclusión: la economía dominicana ofrece hoy un menú amplio de instrumentos financieros y activos reales para invertir, en un contexto macro relativamente estable y con señales monetarias acomodaticias. Pero persisten tres nudos que limitan la calidad de la inversión de largo plazo: (1) la baja profundidad del mercado de capitales privado, (2) las rigideces institucionales que frenan la formalización y (3) la concentración de poder de mercado en sectores clave. Resolver esos nudos —además de exhibir cifras de crecimiento— es lo que realmente convertiría al país en un destino de inversión sólido y sostenible.
El autor es economista.
