Por Santiago Torrijos Pulido
Legal Expertise Liaison en Fridman, Fels & Soto (USA)
LL.M. de Georgetown Law
En semanas recientes, las noticias han recogido investigaciones y juicios de enorme repercusión internacional. En Estados Unidos, el caso de Sean “P. Diddy” Combs, quien fue absuelto de los cargos más graves de crimen organizado y tráfico sexual, pero condenado el 3 de octubre de 2025 a 50 meses de prisión al transportar personas con fines de prostitución. De otro lado, Luigi Mangione —acusado del homicidio del CEO de UnitedHealthcare— obtuvo la desestimación de los cargos de terrorismo, aunque el proceso sigue abierto por asesinato en segundo grado. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado el 11 de septiembre de 2025 por el Supremo Tribunal Federal a más de 20 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe logró que el Tribunal Superior de Bogotá revocara su condena el 21 de octubre de 2025, ordenando la reapertura del proceso bajo nuevas reglas procesales.
Mencionarlos no implica atribuirles culpabilidad. De ninguna manera. Lo que sí queda claro es que estos casos, por su elevado perfil público, ponen en evidencia la exigencia institucional de que incluso los procesos más mediáticos se conduzcan con garantías, y realzan el rol del abogado penalista, cuyo deber es asegurar que el juicio valga por sus procedimientos —no por los titulares— y que la verdad se decida conforme a reglas, no a gritos.
De ahí surge la pregunta que persigue a la abogacía penal:
“¿Usted defendería a alguien incluso si fuera culpable?”
La inquietud es comprensible. Para muchos, ofrecer defensa a quien ha cometido un delito resulta moralmente inaceptable. Pero negar defensa equivale a renunciar al juicio moderno. Sin defensa, el proceso se transforma en un ritual inquisitorial donde la presión social sustituye a la prueba y la condena se dicta en la plaza digital, no en los tribunales.
Los penalistas asumimos un compromiso ético: proteger la vida y la dignidad humanas frente al poder del Estado y el prejuicio. El juramento implícito del defensor es preservar lo que aún puede preservarse —la libertad, el debido proceso, la presunción de inocencia— sin confundir defensa con absolución, ni técnica con impunidad. La defensa penal no avala conductas; garantiza procedimientos justos.
Defender no es “ganar a toda costa”. Un abogado puede escoger sus causas, pero jamás puede alterar pruebas, sobornar testigos, intimidar o manipular el proceso. Quien lo hace deja de ejercer la defensa y pasa a delinquir.
La confianza entre cliente y abogado es el corazón del sistema. Solo con confidencialidad una persona puede admitir errores, explicar circunstancias y revelar lo que nunca contaría en público. Esa franqueza es la condición de posibilidad de una defensa real; sin ella, el derecho de defensa se vacía. Si conversaciones privadas pudieran grabarse o usarse en juicio, ¿cómo confiar la propia verdad al defensor? Sería como pedir a un paciente que oculte síntomas a su médico.
El proceso penal no puede descansar en una sola versión de los hechos. La tarea del defensor es mostrar la “otra cara de la moneda”, no para inventarla, sino para completar el cuadro y que el juez decida con toda la información. Juzgar sin oír ambas partes sería tan injusto como diagnosticar sin examinar.
En su esencia, la defensa penal no es la defensa de un crimen; es la defensa del derecho de toda persona —culpable o no— a ser tratada con justicia.
Precisamente cuando los casos son más ruidosos y las pasiones más intensas —como en los de figuras del espectáculo o de la política— resulta más urgente recordar ese principio, y es allí donde el papel del penalista se vuelve más visible y más necesario que nunca.
