Por Osvaldo Santana
Diversos factores se han conjugado en los últimos meses sugerentes de un deterioro en la imagen de pulcritud y buena gobernanza de la administración del presidente Luis Abinader.
Esos factores, que más bien pudieran considerarse “ingredientes” que impactan negativamente la Administración, tienen el agravante de que la mayoría han surgido en la dinámica social, o peor aún, a causa de deficiencia de desempeño oficial, que incluso han dado lugar a destitución de funcionarios, lo que no logra atenuar las quejas sociales.
Aunque en algunos de los casos, como la señalada corrupción en el Servicio Nacional de Salud (SENASA), se pretendió sugerir que se trataba de una malicia de la oposición para dañar el prodigio de la prestación sanitaria a los pobres, a pocos días debió dejarse a un lado tal argumentación y admitir que más allá del olor, había descomposición.
Incomprensible aún, después de negarla, el propio gobierno dijo que la había advertido en noviembre del año pasado, señalamiento que igual llevó a otra pregunta, y si lo sabían, por qué no procedieron.
La cuestión es que, si bien los opositores han intervenido con denuncias, los hechos o situaciones que golpean la imagen de transparencia brotaron casi por generación espontánea, y están a la vista de todos, y pudieron ocurrir por imprevisión o ineficacia del propio gobierno.
Alejan la posibilidad de la reforma fiscal
En un ambiente semejante, se aleja enormemente la posibilidad de presentar a la ciudadanía la idea de aportar mayores sacrificios para mejorar las finanzas públicas, para satisfacer sus demandas de servicio y bienestar social: la acariciada reforma fiscal, que venía siendo insinuada tras la designación del nuevo ministro de Hacienda, quien agotó una agenda con los más importantes sectores económicos sobre la necesidad de tal reforma.
En el esquema, incluso, la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) venía a la perfección, porque avalaba la necesidad de la reforma fiscal que contribuyera a mejorar los ingresos públicos.
Pero los eventos que han marcado las semanas sucesivas y anteriores a esas visitas, para nada ayudan en una cuestión tan fundamental.
En un panorama en el que es demasiado evidente una irritación social a flor de piel, estimulada por la caída del servicio eléctrico (exacerbada por un aparente hecho fortuito como el apagón del aeropuerto de las Américas), denuncias de corrupción, quejas extendidas por incremento de precios en productos básicos y hasta el pollo como centro de debate; desmejora de los servicios de salud y en los indicadores sanitarios, y la queja de que muchas obras iniciadas en el período anterior no terminan en el tiempo deseado, obras de gran impacto en las principales ciudades… ruidos fundados o no sobre la calidad de la terminación en la línea 2-C del Metro de Los Alcarrizos, etcétera, etcétera.
O retrasos para el inicio en otras que fueron compromisos de campaña, a consecuencia de la renovación adelantada de la concesión de los aeropuertos a Aerodom, que aportó 775 millones de dólares al gobierno, y que el presidente Abinader en campaña anunció que se realizarían con ese aporte.
Específicamente, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y antes Leonel Fernández, han preguntado: ¿qué ha pasado con esas obras?, como la prometida “la construcción del puente levadizo en sustitución del flotante del río Ozama, con 50 millones de dólares equivalentes a RD$3,000 millones de pesos dominicanos; el puente paralelo al Jacinto Peynado que une la avenida Máximo Gómez con las Hermanas Mirabal en Santo Domingo Norte; el paso a desnivel de la carretera Sabana Perdida – La Victoria, con intersección de la avenida Charles de Gaulle”.
Aunque algunas han sido iniciadas, como la solución vial en la República de Colombia, pero el PLD preguntó el lunes 29 de septiembre por la “Unidad Traumatológica del hospital de San Cristóbal”; por “el asfaltado en La Caleta, Boca Chica y zonas aledañas al Aeropuerto Las Américas, con más de RD$21 mil millones de pesos prometidos; apenas se ejecutaron RD$276 millones en Boca Chica….”
La transparencia, un intangible cuestionado
En un panorama como ese, la transparencia que ha sido caballo de Troya del gobierno, junto con la campaña contra la corrupción, puede verse debilitada en un escenario como este.
En efecto, sin mucha resonancia, la salida de Homero Figueroa del gobierno, el hombre que llevaba la vocería en la campaña por la transparencia y la integridad, ha sido cuestionado por una contratación “mediante varios procedimientos de excepción, utilizando como justificación la confianza y experiencia del contratista, a pesar de haber recibido mediante resolución una aclaración sobre el uso de ese tipo de proceso”.
“En 2024, mediante la Resolución RIC-114-2024, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) le indicó al Diecom que la justificación planteada para realizar el citado proceso de excepción no era una condición que respaldara ese procedimiento.
“La resolución data de junio de 2024, dictada a raíz de una solicitud de investigación presentada por la Fundación Jurídica para la Defensa de los Pobres contra el proceso DIECOM-CCC-PEOR-2023-0001, el cual ascendió a 1,450 millones de pesos y del cual se beneficiaron cuatro empresas: Aordominicana, All Media, OMD Dominicana y Advanced Media Center.
“A principios de este año, las cuatro firmas, representadas por: Alejandro Peña Defilló (Aordominicana), Ricardo Ginebra Pou (All Media), Johnny Matos Jáquez (OMD Dominicana) y María Milagros Peña de Ortega (Advanced Media Center) volvieron a ser seleccionadas por el Diecom en procesos de excepción, esta vez con contratos y adendas ascendentes a 2,700 millones de pesos.
“En su documento, la DGCP especifica que para fundamentar un procedimiento de excepción por exclusividad se debe realizar un estudio previo de mercado en el que se determine que existe una cantidad limitada de proveedores con vocación de atender la necesidad institucional”, registró Diario Libre el 24 de septiembre.
La violencia policial
Las muertes cometidas por la Policía en los llamados “intercambios de disparos”, bajo el alegato de que se trata de elementos antisociales, igual impactan la seguridad ciudadana, y en particular, el respeto a los derechos humanos.
Los antisociales, que, con sus crímenes a la población al hastío, tanto que se generalizó un temperamento silenciosamente aprobatorio de las acciones policiales.
Ese temperamento estimuló a la Policía y a estamentos de poder, a convertir las muertes en “intercambios de disparos” como licencia para matar, como si fuese una política de Estado.
La aplicación del llamado “código 29”, con aliño eufemístico de “muertes en acción legal”, lenguaje utilizado por la Policía para referirse a las mismas, llegó a su clímax con la matanza de cinco personas en La Barranquita de Santiago.
Pero desencadenó la indignación social. La barbarie policial entonces recibió el repudio condigno que se extendió hasta los gobernantes.
Este hecho se agregó a los demás ingredientes que vienen impactando la imagen del gobierno, y degradan la política la transparencia e integridad, en el manejo de la cosa púbica.
Con un panorama así, se dificulta la adopción de cualquier medida que tienda a robustecer la fiscalidad, a riesgo de enfrentar una imprevisible rebeldía social.
