Por Octavio Santos
Los espacios más vulnerables de la conservación en la República Dominicana están en la costa baja y en las montañas de mayor pendiente. Así lo establece el informe Caracterización de las Áreas Protegidas Terrestres, publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en agosto de 2025, el primero que organiza con mapas y cifras georreferenciadas la situación del sistema nacional. El documento ubica con nombres y extensión las áreas donde la fragilidad es más evidente: humedales como la Laguna Cabral o Rincón, manglares como los del Bajo Yuna y de Estero Balsa, y parques de alta montaña como la Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo y Armando Bermúdez.
En los humedales y manglares, la vulnerabilidad está asociada a su localización. Son zonas situadas por debajo de los 100 metros sobre el nivel del mar, expuestas a huracanes, oleajes extremos y al ascenso del mar. La ONE precisa que solo el 22 por ciento de la superficie protegida se encuentra en esas altitudes bajas, lo que deja a los ecosistemas costeros en una proporción menor frente a la montaña.
La Laguna Cabral o Rincón, en Barahona e Independencia, con 56 kilómetros cuadrados, y la Laguna Saladilla, en Montecristi, con 31, forman parte de estos espacios. También se registran la Laguna Mallén, en San Pedro de Macorís, con apenas 1.4 kilómetros cuadrados, y la Laguna Prieta, en Santiago, con 0.14. Todos son cuerpos de agua de pequeña escala, estratégicos para aves migratorias y especies acuáticas, pero expuestos por su ubicación.
Los manglares del Bajo Yuna, con 121 kilómetros cuadrados en Samaná y Duarte, y los manglares de Estero Balsa, con 52 en Montecristi, funcionan como barreras naturales frente a tormentas y marejadas. Su extensión, sin embargo, es limitada en comparación con la longitud de la costa dominicana, lo que reduce la representación de ecosistemas marino-costeros dentro del sistema nacional.
Más de dos tercios de la superficie protegida dominicana se localizan por encima de los 200 metros de altitud. En estas zonas se encuentran los parques nacionales de mayor extensión, que cumplen un papel esencial en la regulación hídrica y en la captura de carbono, aunque asentados en terrenos con pendientes escarpadas y suelos frágiles.
El Parque Nacional Armando Bermúdez, con 802 kilómetros cuadrados, y el José del Carmen Ramírez, con 749, conforman el corazón de la Cordillera Central, donde se ubica el Pico Duarte con 3,087 metros de altura. Estas áreas presentan predominio de pendientes inclinadas y muy escarpadas, lo que implica riesgos de erosión y deslizamientos.
La Sierra de Bahoruco, con 1,092 kilómetros cuadrados, aparece igualmente como una de las zonas sensibles. Es reconocida por su biodiversidad única y por su condición de refugio de endemismos, pero su relieve la clasifica dentro de las categorías de pendiente más complejas, lo que requiere manejo especializado. El mismo patrón se observa en Valle Nuevo, con 902 kilómetros cuadrados, donde los bosques de pino y páramo tienen una función crítica en la producción de agua, pero se han identificado huellas de cultivos agrícolas en su interior.
El informe también documenta que en áreas bajo protección estricta existen registros de usos agrícolas. En Las Neblinas, con 40 kilómetros cuadrados en la Cordillera Central, se observan plantaciones de cacao y café en sistemas agroforestales. Aunque representan apenas el 1.3 por ciento de la cobertura de las áreas estrictas, la información confirma que incluso en estas categorías se encuentran usos productivos.
En contraste, zonas como Ébano Verde, con 29 kilómetros cuadrados, y Loma Quita Espuela, con 72, conservan extensos bosques con menor presencia de alteraciones. La mayor área de esta categoría es Loma Charco Azul, en el sur del Lago Enriquillo, con 174 kilómetros cuadrados, cubierta principalmente por bosques y matorrales.
Los monumentos naturales representan otro grupo donde el nivel de uso es significativo. Aunque en conjunto solo abarcan 666 kilómetros cuadrados, concentran más de 739,000 visitantes en 2024, equivalentes al 35 por ciento del total de visitas a las áreas protegidas del país.
El Salto El Limón, en Samaná, con 15 kilómetros cuadrados, y el Salto de la Damajagua, en Puerto Plata, con cinco, son algunos de los casos en los que la afluencia turística es mayor en proporción a la superficie. En el mismo grupo se encuentran las Lagunas Cabarete y Goleta, en Puerto Plata, con 71 kilómetros cuadrados, y las Dunas de las Calderas, en Baní, con 17.
El informe resalta que, en materia de cobertura, los bosques dominan el sistema con un 63.38 por ciento de la superficie total protegida, equivalentes a 7,710 kilómetros cuadrados. Pastizales y matorrales aportan un 26 por ciento, mientras que los usos agrícolas, asentamientos humanos y canteras representan un 4.2.
La Red Socioambiental Nacional denuncia
crimen ecológico en la Laguna de Rincón
La Red Socioambiental Nacional denuncia ante el país y la comunidad internacional el CRIMEN ECOLÓGICO que se comete contra la Laguna de Rincón (o Laguna de Cabral), donde el monopolio hídrico del Consorcio Azucarero Central (CAC), con la complacencia y negligencia del Estado, ha llevado a un proceso de ecocidio sistemático contra uno de los humedales más importantes de la República Dominicana.
La organización señala que la sobreexplotación y desvío de los caños y afluentes que alimentan la laguna, principalmente para irrigar los cañaverales del CAC, han provocado la drástica reducción de los niveles de agua, mortandad masiva de peces, desaparición de aves migratorias y pérdida acelerada de biodiversidad, arruinando además la vida económica de comunidades pesqueras como Cabral y Cristóbal. Estas comunidades han dependido históricamente de la pesca artesanal en la Laguna de Rincón, reconocida durante décadas como el mayor cuerpo de agua dulce del Caribe insular y fuente de alimento, cultura y economía local.
Desde los años 70 y 80, los pobladores han denunciado los efectos devastadores del desvío de ríos y arroyos para beneficio del ingenio azucarero y grandes fincas, luchando una y otra vez contra el acaparamiento del agua.
Hoy, esa historia de resistencia se actualiza ante un proceso de destrucción acelerada que amenaza con borrar un ecosistema vital y con condenar al olvido a quienes han vivido de sus aguas. “Estamos frente a un crimen ambiental que viola la Constitución, la Ley 64-00 y compromisos internacionales como la Convención Ramsar. No se trata de un problema climático inevitable, sino de una política de acaparamiento del agua que está destruyendo un patrimonio natural de toda la nación”, afirmó el ingeniero Leonardo Mercedes, miembro de la Red Socioambiental Nacional en representación de la Coalición Enriquillo.
La Red Socioambiental Nacional exige: 1. La intervención inmediata del Estado para detener el desvío de aguas y restaurar los caudales que alimentan la Laguna de Rincón.
- La suspensión de las operaciones ilegales del CAC que afectan los ecosistemas acuáticos.
- El reintegro de las aguas sustraídas a la laguna, mediante el cierre inmediato de las vías abiertas para la extracción de este bien público, en clara violación al carácter inalienable de las aguas del territorio nacional.
- Un plan urgente de rescate ecológico de la Laguna de Cabral, con participación de las comunidades, científicos y organizaciones ambientales.
- Que se investigue y sancione a los responsables de este crimen ecológico, tanto en el sector privado como en el aparato estatal que ha permitido su ejecución.
