Por Osvaldo Santana
El “compromiso” del Partido Revolucionario Moderno (PRM) nunca constituyó de manera clara uno de los ejes del programa de gobierno de esa organización, y así se puede verificar en el documento “Un país para mi gente” (Lineamientos generales del programa de gobierno del cambio 2020-2024), depositado en la Junta Central Electoral (JCE).
Apenas se consigna lo siguiente: “Las principales problemáticas que caracterizan la situación de las mujeres se pueden resumir en:
a) La pobreza tiene rostro femenino.
- b) Se verifica un aumento de la participación laboral de las mujeres, pero menos oportunidades de encontrar trabajo, a pesar de disponer de un mayor nivel educativo.
- c) Las mujeres presentan mayores tasas de desocupación.
- d) Se mantienen las brechas en los ingresos laborales. En igualdad de condiciones las mujeres ganan menos. e) Persiste el alto riesgo de mortalidad materna.
- f) Persiste la penalización absoluta en el Código Penal de la interrupción del embarazo aún en el caso del riesgo de la vida de la madre…”
En cada uno de los ítems, ese programa detalla una línea de acción para su futuro gobierno del “cambio”, pero no especifica qué hacer con la persistencia de la penalización absoluta en el Código Penal de la interrupción del embarazo, aún en el caso de riesgo de la vida de la madre”.
Una clara intención que sin embargo se convirtió en “compromiso” en los discursos de los principales liderazgos del PRM, con el hoy presidente Luis Abinader a la cabeza. Ahora, cuando aprobaron en el Congreso Nacional el Código Penal, persiste un comportamiento dicotómico o dual, con un discurso en favor de las llamadas tres causales, pero en la práctica haciendo todo lo contrario, mediante la exclusión en lo que resultó la nueva ley.
Desde el inicio, tal proceder podía constituir parte de una muy elaborada estrategia envolvente, cónsona con las tendencias modernas que movilizaban a su alrededor a los grupos sociales y políticos progresistas que se identifican con el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su vida, lo que también es patrocinado por organismos y organizaciones internacionales. Pero esa tendencia encontró una fiera resistencia en la sociedad conservadora dominicana, bajo el liderazgo de las religiones, enfáticamente, la iglesia católica y los evangélicos o protestantes en general, más la derecha política y el conservadurismo empresarial.
De esa forma, el PRM jugó durante un largo tiempo con los progres mientras probablemente aseguraba un determinado comportamiento a quienes veían con mayores posibilidades de aportar votos a su causa proselitista.
Al final, hizo lo que creyó conveniente a la causa del poder, y quizás por esa razón se escuchan, excluidas las tres causales del nuevo Código Penal, voces desde el mismo presidente de la República, la familia presidencial, el presidente del PRM y los líderes del congreso perremeísta declarar que “apoyan” las tres causales, pero solo como simple retórica de la conveniencia.
De esa forma continuaban siendo coherentes con el planteamiento inicial del programa de gobierno, en el que comenta la persistencia en la legislación de la penalización de la interrupción del embarazo, pero sin formular una posición clara en el documento “Un país para mi gente”.
Como el PRM tiene todos los medios y la fuerza para decidir todo lo concerniente a materia legislativa, es claro que simple y llanamente decidió por la opción conservadora, pero aún así, necesita elementos justificatorios para persuadir a sus viejos o actuales aliados del “cambio”.
Durante la campaña para las elecciones del 2020, cuando el candidato Abinader y su PRM se “comprometieron” con la despenalización del aborto por las tres causales, las encuestas sugerían que más del 70% de ciudadanas y ciudadanos de la República Dominicana estaban de acuerdo con la despenalización del aborto en las tres causales.
Ya consumada la aprobación del nuevo código Penal sin las causales, el presidente del PRM José Ignacio Paliza declaró: “Yo soy procausales, el PRM se ha expresado a favor de ellas, y en mi paso por el Congreso, fui de los pocos senadores que votó a favor. No creo en el aborto como herramienta, pero sí creo en su discusión en casos excepcionalísimos”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en las finales previo a la aprobación del nuevo código penal aseguró: "Todo el mundo sabe que yo estoy a favor de las causales, pero aquí no hay votos para las causales, ya se han manifestado”.
La familia presidencial fue parte de un documento que favorecía, en la previa de la aprobación, los eximentes de responsabilidad penal cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el embarazo es inviable, y cuando el embarazo es producto de violación o incesto.
Todavía el pasado lunes 4 de agosto, el presidente Abinader, tras promulgar la legislación, declaró que la misma es perfectible, es decir, que se puede mejor (se asume que dejando abierta la posibilidad de incluir las llamadas “tres causales” en algún momento de la larga vida).
No solo el PRM
Debe decirse que la responsabilidad de la aprobación es, obviamente, del PRM, como grupo mayoritario proveedor de una nueva norma para castigar el crimen, con todos los elementos de avance que contiene, superador del vetusto código napoleónico, pero también hay que señalar que otras fuerzas actuaron en igual dirección, pero sin poses ni simulación, como la Fuerza del Pueblo, que a través de sus voceros se opuso sistemáticamente a la introducción de los eximentes de penalidad en el aborto por las causales.
El PRM carga con toda la responsabilidad y la gloria en la aprobación del nuevo código, pero nadie sabe si los progres de nuevo lo comprenderán y mantendrán su fidelidad y aproximaciones convenientes.
