Por Alfonso Tejeda
Quien, como yo, con más vergüenza que esperanzas y encandilado por los rechazos anteriores a promulgar el Código Penal, suponíamos que Luis Abinader tomaría la misma decisión que sus dos antecesores en el cargo, ahora tenemos que ver si el anuncio de la ley 74-25 pudiera resultar entre “los grandes proyectos” del presidente, antes de certificar condenatorias sentencias que ya se propalan como definitivas y con rangos históricos.
Sin considerar anteriores compromisos que asumiera con la aprobación de las tres causales del aborto y otras promesas que también son del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ni la opinión de las cuatro mujeres de su hogar, tampoco que el ministerio de la Mujer se opusiera y que Milagros Ortiz Bosch, en su entorno, les advirtieran de la inconsecuencia de validar lo aprobado por el Congreso para sustituir el código vigente, Abinader, “contra viento y marea” dirigió la barca por una ruta equivocada, a consideración de muchos y muchas que reclaman esa asistencia de salud para las mujeres y garantía legal para el personal médico que las asistan en un trance de esa índole.
En lo inmediato, prima la percepción de que promulgar el texto aprobado en el Congreso es la nota más alta que alcanza Abinader como figura principal del conservadurismo político, decibeles que se presumían eran de exclusiva tesitura de otros a los que ya se les endilgaba una titularidad indiscutible, inalienable, algo imposible para que lo protagonizara alguien a quien se le reconoce decencia, pero que, sobre todo, prometiera un cambio.
La frustración por lo consignado en la anunciada Ley 74-25 en cuanto a derechos y protección de la mujer y la niñez, se justifica porque la situación actual malogra la dignidad y el bienestar de esos conglomerados, y ese dolor se remueve con la insensibilidad y la prepotencia en el uso del poder que disponen petulantes, a los que su ignorancia y maldad convierten en miserables títeres, más allá del oropel de ocasión con que se muestran.
Asentados en esa autocomplacencia es que se explica su desprecio a otras voces y opiniones, las que desestiman porque las consideran insignificantes en el entramado del poder, y a las que creen anular repartiendo “migajas”, tal como hicieron con el artículo que propone una eximente del aborto solo en una de las tres causales, e incrementan las sanciones penales del feminicidio, pero desconocen otras violaciones de las que son víctimas las mujeres en pareja.
Eufóricos por “actualizar” el Código Penal, una pieza contemporánea al nacimiento de la República, los partidarios de esa aprobación resaltan la trascendencia del hecho, el que algunos más sensatos y con los pies en la tierra advierten de las carencias de la pieza, también de las posibilidades de mejorarla, dudas y esperanzas agrupadas en una denominación de reciente incorporación: “vacatio legis”, término latino de fácil traducción al dominicano: “la carga se arregla en el camino”.
El presidente Abinader, por momentos, parece desentendido de los grandes temas a que los convoca la responsabilidad de su cargo, y en este caso, la vacatio legis debe ser un mecanismo para convertir el antiguo Código Penal, uno “de sus grandes proyectos”, en una ley 74-25 contemporánea a la modernidad que vive la sociedad dominicana.
¡Ahora, ese compromiso incrementa la deuda patrimonial con su familia, acrecienta sus réditos con la palabra empeñada, cuestiona la coherencia institucional del Gobierno en el apoyo al ministerio de la Mujer, lo confronta en su respeto a doña Milagros, y desafía su legado al responder ante la sociedad a la que prometió cambio!
