Por Nelson Cuevas Medina.
“Las principales fuerzas políticas ignoran los plazos legales, imponen candidaturas desde las cúpulas y profundizan una crisis institucional que la Junta Central Electoral no contiene”.
En la República Dominicana, el juego político, esa campaña molestosa y a veces asfixiante, ha comenzado mucho antes de lo permitido por la ley. A espaldas de las normas que rigen el sistema electoral, los principales partidos han iniciado procesos internos que lucen marcados por la imposición, la exclusión y el irrespeto a los plazos legales.
Ya nada importa. Todo esto ocurre producto de la pasividad de los órganos llamados a arbitrar, como la Junta Central Electoral, (JCE) que sólo observa o hace llamados, "corrige" sin actuar. La democracia partidaria, más que ejercida, parece ser administrada desde las cúpulas, mientras se profundiza una crisis institucional que amenaza con volverse estructural. La modificación de las normativas electorales se hace necesaria, con la inclusión real y aplicable de regímenes de consecuencias.
Mientras tanto, el país atraviesa una etapa política marcada por el irrespeto a las normas electorales. La práctica política en que se vive lleva a momentos de creciente deterioro institucional. Dirigentes de los principales partidos del país han iniciado de forma anticipada el proceso de promoción de sus candidaturas presidenciales, contraviniendo abiertamente lo dispuesto en la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y la 20-23, Orgánica del Régimen Electoral.
Está establecido por la normativa electoral que las precampañas solo pueden desarrollarse dentro de los plazos legalmente definidos, con el objetivo de garantizar condiciones equitativas y preservar la integridad del proceso democrático. Las organizaciones políticas deben presentar sus candidaturas al menos 90 días antes de la fecha de las elecciones generales. La Junta Central Electoral está llamada a regular y velar por el cumplimiento de estas disposiciones, aunque en la práctica no siempre lo hace.
El escenario actual revela una preocupante tendencia a ignorar los límites legales, generando una percepción de impunidad que pone en riesgo la transparencia y la legitimidad del sistema electoral dominicano. La abstención inducida es el más vivo ejemplo.
El PLD parece dispuesto a reincidir en una práctica ya cuestionada por los órganos electorales, al convocar un proceso interno anticipado, disfrazando la imposición de candidaturas bajo el argumento de una “consulta”. Esta estrategia no solo evade los plazos establecidos por la ley, sino que vulnera el derecho a ser elegido, excluye a posibles aspirantes que surjan posteriormente y consolida una estructura partidaria cerrada y antidemocrática. Solo dos candidatos lograron inscribirse antes del plazo fijado por su Comité Político. ¿Insistirán en su osadía? Es algo que está por verse.
El miedo a disentir o contradecir "al líder" se ha vuelto una norma dentro del PLD. Quienes se han atrevido a hacerlo han sido marginados o expulsados. No sorprende, entonces, que los resultados hayan sido tan previsibles como desastrosos. El candidato impuesto para las elecciones del 2024 nunca logró conectar con el electorado, y hasta su propio Jefe de Campaña terminó renunciando. Abel Martínez condujo a su partido a una derrota vergonzosa que ha quedado registrada en la historia reciente.
La experiencia con Abel Martínez, resultado de una “consulta” interna sin transparencia, dejó una lección que el PLD no aprende o no quiere aprender. Su pobre desempeño electoral, con apenas un 10% de apoyo, reflejó el rechazo ciudadano a un candidato impuesto. Hoy, con un partido aún más dividido, varios de los llamados “presidenciables” han optado por marginarse del proceso interno convocado, con silencio "denuncian" su carácter anticipado y que resulta excluyente. El PLD no solo arrastra una profunda crisis de credibilidad, sino que insiste en repetir las mismas prácticas que lo condujeron al colapso y la actual crisis interna.
A pesar de ello, y en abierto desafío a una decisión reciente del Tribunal Superior Electoral (TSE), que ha advertido "que no podrán seleccionarse candidatos presidenciales en el primer trimestre del 2026″, el PLD insiste en repetir la misma fórmula, ignorando tanto la ley como las lecciones del pasado reciente.
Danilo Díaz, miembro del Comité Político y portavoz del danilismo, ha reiterado públicamente que el PLD "celebrará su consulta interna en marzo del próximo año", bajo el argumento de que “el partido necesita una figura que unifique”. Es de todos conocido que, detrás de esa narrativa se oculta una práctica ya conocida, y es la de imponer candidaturas desde la cúpula, bloquear aspiraciones legítimas y preservar el control a cualquier precio, incluso a costa de vulnerar la ley y profundizar las fracturas internas de un PLD cada vez más debilitado.
No solo es el PLD. Del lado del oficialismo, el panorama tampoco es el más transparente. Aunque el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no ha convocado formalmente sus procesos internos, ya se observan señales de una precampaña, con aspiraciones promovidas desde el poder y en abierta contradicción con el marco normativo vigente.
La imposibilidad constitucional de una nueva candidatura de Luis Abinader ha abierto el terreno a varios ministros y altos funcionarios que, con su visto bueno, ya comienzan a medir simpatías. Se destaca entre ésta la figura de Carolina Mejía, promovida por su padre el expresidente Hipólito Mejía, lo que ha avivado una pugna interna entre los distintos grupos que aspiran a heredar la “antorcha” del poder.
La Fuerza del Pueblo, que en las pasadas elecciones desplazó al PLD y se consolidó como la segunda fuerza política del país, mantiene a Leonel Fernández como su figura central e indiscutible rumbo a 2028. Tampoco ha estado exenta de presiones ni de maniobras, tanto internas como externas. Desde medios y plataformas digitales alineados con el oficialismo se ha desplegado una estrategia mediática que busca dividir al liderazgo en esa organización, enfrentando simbólicamente a Leonel Fernández con su hijo, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, y contraponiendo a este último con figuras del PRM como el ministro de Turismo, David Collado. Las encuestas igual de prematuras han empezado a hacer su papel.
Se trata de una operación cuidadosamente bien orquestada, que utiliza esas firmas encuestadoras como herramientas de manipulación para posicionar artificialmente a ciertos actores como favoritos del electorado, sin considerar su afiliación real o peso político dentro de sus partidos. Esta táctica no persigue reflejar por el momento el sentir ciudadano, sino sembrar dudas, promover rivalidades y debilitar desde dentro la cohesión que se presume existe en la Fuerza del Pueblo.
El objetivo es claro. Erosionar la figura de Leonel Fernández, crear una sensación de conflicto interno y provocar una fractura anticipada como partido de oposición, debilitar su naciente estructura nacional, y crear la narrativa que lo debilite como su ya definido candidato que luce estable. Se intenta desacreditar su capacidad de competir con fuerza en 2028, no desde el debate político, sino desde la construcción de nuevas percepciones inducidas. En paralelo, este mismo patrón comienza a reproducirse en el PRM, donde también se perciben señales de una pugna latente por la sucesión presidencial.
La democracia dominicana no solo enfrenta el desafío de una competencia desigual entre partidos, sino también el de estructuras internas cerradas, procesos ilegítimos y una institucionalidad electoral cada vez más debilitada. Cuando las leyes se interpretan según la conveniencia de las "cúpulas", la voluntad de sus militantes pierde su lugar. Y mientras los organismos reguladores responsables guardan silencio o miran hacia otro lado, el futuro electoral se va moldeando entre imposiciones, calculados intereses personales y manipulaciones mediáticas. Si no hay un giro firme hacia la legalidad, la transparencia y la apertura, lo que hoy se presenta como estrategia terminará siendo una sentencia para la democracia misma en el sistema de partidos.
