Por Octavio Santos
SANTO DOMINGO. En un contexto cargado de presiones internas, desbordamiento migratorio y creciente soledad internacional frente a la crisis haitiana, el Ministerio Público dominicano ha dado una señal que podría marcar un giro en la respuesta estatal: la promesa de perseguir no solo a los migrantes irregulares, sino también a los sectores de poder que facilitan y se benefician del tráfico ilícito de personas.
La procuradora Yeni Berenice Reynoso emitió el pasado 25 de abril la "Instrucción General para las Investigaciones del Tráfico Ilícito de Migrantes", en el marco de la creación de la Unidad de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC). Esta instrucción coloca en el centro de atención a funcionarios públicos, militares y policías que pudieran formar parte de redes criminales vinculadas al tráfico de migrantes.
La apuesta es audaz: desarticular las estructuras internas de corrupción que han permitido durante años el flujo irregular de personas a través de la frontera. Una meta ambiciosa que, de lograrse, podría redefinir el papel del Estado en un momento de enorme fragilidad institucional y social.
Una estrategia que aún debe probarse
La nueva instrucción establece que los fiscales del país deben otorgar alta prioridad a las investigaciones sustentadas en evidencias o inteligencia sobre la participación de funcionarios en redes de tráfico. En estos casos, la medida ordena solicitar la suspensión inmediata de los involucrados y avanzar en la inmovilización de activos, desde cuentas bancarias hasta vehículos e inmuebles.
Su ejecución efectiva está todavía por verse.
¿Podrá el Ministerio Público sostener esta línea de acción frente a presiones políticas, resistencias internas y tentaciones de impunidad? Es temprano para afirmarlo, pero el solo hecho de enunciarlo de manera formal ya constituye un paso que no se había dado de forma tan clara en administraciones anteriores.
El contexto que empuja el cambio
Esta estrategia no surge en el vacío.
La República Dominicana se enfrenta a una situación sin precedentes: el colapso de Haití bajo la violencia de pandillas, el abandono de la comunidad internacional y el cierre, en la práctica, de las posibilidades de una salida diplomática rápida.
Mientras Estados Unidos congela fondos para la misión internacional y Rusia y China bloquean cualquier esfuerzo de pacificación a través de la ONU, la carga migratoria recae en suelo dominicano.
Las deportaciones masivas, la destrucción de viviendas precarias y las redadas en comunidades vulnerables han sido parte de la respuesta gubernamental. Pero también han desatado críticas internacionales que amenazan con aislar diplomáticamente al país si las acciones no respetan los derechos humanos.
En este entorno, donde el riesgo de actuar solo contra los migrantes expone a República Dominicana a sanciones morales y diplomáticas, perseguir a las redes de tráfico —y especialmente a los funcionarios corruptos— podría ofrecer un equilibrio necesario: una forma de actuar firmemente, pero sobre bases legales y legítimas.
Una unidad de élite: esperanza en construcción
La nueva Unidad de Investigación, que estará bajo la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), contará con miembros de agencias de inteligencia, seguridad y defensa, seleccionados bajo estándares internacionales.
También dispondrá de recursos tecnológicos avanzados, programas de formación en investigación compleja y evaluaciones periódicas para garantizar su eficacia y transparencia.
Si esta unidad logra operar con independencia, rapidez y rigor, podría convertirse en una herramienta clave no solo para combatir el tráfico de migrantes, sino para enviar un mensaje más amplio: que la corrupción vinculada a delitos transnacionales será enfrentada, sin importar cuán alto lleguen sus responsables.
Sin embargo, lograrlo exigirá más que buenas intenciones. Exigirá valentía política, respaldo institucional y una voluntad sostenida que, hasta ahora, no ha sido una constante en la lucha contra las redes de trata de personas en la región.
Una oportunidad, pero también una encrucijada
El Ministerio Público parece haber comprendido que la respuesta a la crisis migratoria no puede seguir basándose únicamente en deportaciones masivas o medidas represivas en la frontera.
La decisión de perseguir los intereses económicos y políticos que sostienen el tráfico ilícito de migrantes sugiere un reconocimiento de que el problema es mucho más profundo: una red de complicidades que corroe al propio Estado.
¿Será suficiente esta nueva estrategia? ¿Permitirá un cambio real en las dinámicas de corrupción que alimentan la migración irregular? Todavía es pronto para saberlo.
Pero si el Ministerio Público consigue llevar ante la justicia a los verdaderos responsables —y no solo a los migrantes que arriesgan su vida buscando una oportunidad—, la República Dominicana podría dar un paso histórico: pasar de ser víctima y espectadora de la crisis regional, a ser un actor que defiende su soberanía desde el fortalecimiento de sus propias instituciones.
La esperanza está, ahora, en la ejecución.
