Por Héctor Linares
Los espacios fiscales para poder satisfacer las obligaciones y compromisos que demanda la sociedad se mantienen como el mayor reto del diseño y formulación presupuestal del país.
Hallar la brecha o salida a una demanda “legal” de asignaciones de recursos que equivale al 10.5 % del producto interno bruto (PIB), se torna en una tarea de reducciones y recortes.
Para ajustar un panorama que de entrada presenta una rigidez presupuestal equivalente al 57.3 % del monto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, se requiere “sacrificar” a muchas entidades.
En el “quita aquí sin tocar allí” que se produce en la Dirección General de Presupuesto (Digepres) pocos fueron los beneficiados con la totalidad de los recursos que les indican leyes, mientras que una gran mayoría sufrieron la “poda” que ya es una costumbre, por la insostenibilidad de las finanzas públicas dominicanas.
En el PGE 2025 los compromisos de asignaciones de recursos mandados por leyes específicas eran de RD$849,930.2 millones, cifra que representa el 10.5 % del PIB estimado del año. Pero en el “sorteo” de asignaciones posibles, el monto realmente plasmado en la Ley de Presupuesto fue de RD$541,746 millones, equivalente al 6.7 por ciento del PIB.
El balance de asignaciones legales que no pudo ser satisfecho fue de RD$308,184.2 millones, igual a un 3.8 % del PIB.
Las leyes y la realidad
Según cifras y explicaciones que ofrece la Digepres en la versión del Presupuesto Ciudadano, publicada en su página web, “cumplir con lo establecido” por distintas leyes habría significado que para el financiamiento del resto del gasto presupuestal quedara solo el 42.7 del por ciento del PGE 2025.
En el Presupuesto finalmente aprobado por el Congreso, el cual usualmente consigna una serie de dispensas del Poder Ejecutivo para bajar las asignaciones legales, el aspecto de fiel cumplimiento es el que asigna a la educación preuniversitaria pública un monto equivalente al 4 % del PIB estimado para el período de la asignación.
Según el mandato legal citado en el PGE 2025, a Educación le correspondía el 4 % del PIB, que representaría el 21.9 % del gasto total del Presupuesto, y la asignación efectiva fue del 22.4 % del gasto, lo que significa que el Ministerio de Educación salió con un extra.
En cambio, los gobiernos municipales experimentaron la mayor merma o recorte en sus “derechos” de asignaciones, que equivalían al 7.6 por ciento del gasto total y apenas recibieron el 1.8 por ciento.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD), con un derecho legal equivalente al 3.8 % del PGE 2025, recibirá durante el transcurso del año el 1.0 % del gasto total.
De los montos que no fueron disminuidos en el proceso están los del pago de la deuda externa, con un equivalente al 3.7 por ciento de la suma total del Presupuesto y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) con 3.3 % del gasto total. El monto corresponde a la aplicación de la Ley de Capitalización del Banco Central, que busca que el Gobierno Central vía el Ministerio de Hacienda transfiera al BC los recursos que éste paga en intereses de los títulos que emitió para el salvamento de los ahorros en los bancos que quebraron en el año 2003. Para resarcir esas pérdidas, llamada déficit cuasi fiscal, se aprobó una ley que mandaba una asignación creciente de una proporción del PIB, pero la disposición no fue cabalmente cumplida por ninguno de los gobiernos sucedidos desde entonces.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha insistido en la necesidad de que se elimine ese déficit, para un mejor manejo de la estabilidad macroeconómica.
Otras asignaciones incompletas
En los recortes también se afectaron las asignaciones de las dos principales agencias recaudadoras del Estado, las Direcciones Generales de Impuestos Internos (DGII) y de Aduanas (DGA). Las leyes que les dieron autonomía a esas entidades les asignaron porcentajes de sus recaudaciones efectivas. Pero los sucesivos déficits presupuestales han hecho que las asignaciones sean inferiores a las que las leyes mandan. Para el 2025 a la DGII le correspondía un presupuesto equivalente al 1.5 % del gasto total, pero recibirá solo el 0.5 %, y la DGA, con derecho a recibir el 0.5 %, tiene asignado apenas el 0.2 %.
La Junta Central Electoral (JCE), con derecho a recibir el 1.3 % del gasto total, quedará con solo el 0.5 %, mientras que el Ministerio de la Juventud recibirá el equivalente al 0.1 % del gasto total, frente a un 0.8 % que según ley le corresponde.
En tanto, el Congreso Nacional, que por ley debía recibir este año el 2.4 % del gasto total, tendrá que conformarse con el 0.9 %.
En el caso del CONANI su asignación será un tercio de la proporción legal que le corresponde, que es de 1,5 % del gasto, y quedó en 0.5%.
Impacto global de la rigidez
La escasez de financiamiento y la poca maniobrabilidad para el manejo de las escasas finanzas han limitado el gasto de capital, que para el año en curso quedó en RD$178,353.7 millones, para una ponderación equivalente al 12 % del gasto total.
Los gastos corrientes, muy afectados por el pago de los intereses de la deuda, representarán el 88 % del total y un monto de RD$1,305,880.9 millones.
El monto asignado para el pago de los intereses de la deuda es de RD$298,486.4 millones, con una representación del gasto total de un 20.4 %.
En la familia de los gastos corrientes también influyen por su monto los gastos de operaciones (en los cuales figuran los renglones salarios y viáticos) y las transferencias corrientes, que tienen en los subsidios un gran componente, especialmente el dirigido al sector eléctrico, que supera los US$1,000 millones anuales.
