Lito Santana
Según pasan los días, mayor es la desilusión que genera el uso de la tarjeta Supérate, buque insignia de los planes sociales del Gobierno dominicano.
La degeneración no viene solo por los contantes regalos que de manera masiva lleva a cabo el Gobierno por fechas especiales, como aquello de la Semana Santa y las habichuelas con dulces, o el “Cariñito a las Madres”, en su día, o el “Bono a Mil” por el inicio del año escolar y más reciente “La brisita Navideña” por las festividades del fin de año, sino que la frustración mayor llega ahora cuando los beneficiarios de Supérate se han quedado sin cuarto y “arriendan la tarjeta”.
Los días 15 de cada mes se activan los depósitos oficiales para que los beneficiarios retiren los alimentos de estas tarjetas y ahí viene una gran estafa al programa.
Hay dos modalidades de mal manejo que espantan. Una es que las familias pobres entregan su tarjeta a los dueños de negocios, casi siempre almacenes de provisiones y supermercados, que inmediatamente quedan retenidas y cada vez que les colocan los fondos van a buscar lo que les den en el comercio.
Hay personas de estas que no vuelven a ver su plástico, hasta que viene una renovación. Las buscan en el comercio, van a la Gobernación y luego regresan a los cajones del comerciante.
Pero en esa modalidad por lo menos reciben las supuestas raciones que les corresponden, no así otros aportes que vienen con el plástico, como el Bono Gas, El Subsidio Eléctrico o la cuota destinada a los envejecientes. Todo esto es manejado por el almacén o el supermercado.
Pero la estafa más grande al programa es la otra forma de engaño, desarrollada por miles y miles de beneficiarios. Se trata del sistema de “arrendamiento de la tarjeta”. Consiste en entregarla por un año, a cambio de 10 mil pesos como monto único.
De modo que, a pesar de que el programa trae 1,650 pesos mensuales para consumo, 480 pesos mensuales para gas propano, 350 pesos para Bono Luz y hasta mil pesos para envejecientes, para un aproximado de 3,480 pesos mensuales, equivalentes a 41, 760 pesos, la gente se conforma con 10 mil pesos juntos, perdiendo 31, 760 pesos por año que el Gobierno eroga de todos modos.
Cuando en el mes de septiembre la dirección del programa anunció sanciones a 57 beneficiarios y beneficiarias que cedieron sus tarjetas a Brayan Eduardo Lorenzo, en San Cristóbal, imputado por el delito de violación a las disposiciones contenidas en la Ley 53-07 Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y en el artículo 405 del Código Penal Dominicano, sobre estafa contra el Estado, en perjuicio de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), se pensó que esta gente iba a “coger cabeza”, pero no, ahora el desastre es mayor.
Quizás los técnicos de este programa deban descender a otras comunidades, sobre todo con altos niveles de pobreza, para contactar esta realidad. La zona de San Juan puede ser el inicio.
Por favor paren estas estafas a los subsidios del Gobierno.
