Por Héctor Linares
El retiro del Proyecto de Modernización Fiscal del Congreso Nacional sacó el tema de la discusión legislativa pero no de la agenda nacional.
Tan pronto el Presidente habló al país el pasado 19 de octubre, anunciando el retiro del proyecto porque carecía de consenso para ser aprobado, los sectores empresariales, profesionales y económicos que habían expresado objeciones a la iniciativa, en comunicados que publicaron en la prensa, iniciaron una segunda tanda de comunicados, pero esta vez para “agradecer” que el mandatario escuchara el clamor empresarial y popular.
Pero la mayoría de las asociaciones empresariales que expresaron su gratitud al mandatario por la actitud de “diálogo abierto y democrático”, dejaron abierta la posibilidad discutir alternativas para que el Gobierno pueda agenciarse soluciones que promuevan el crecimiento sostenible.
La decisión generó sentimientos, o al menos expresiones encontradas en la opinión pública, desde un uf de alivio para unos y de frustración otros, hasta un sabor amargo o agridulce para los funcionarios del área fiscal que se presentaron ante la sociedad como los “verdugos” que diseñaron una propuesta que procuraba recaudar unos RD$122,400 millones, equivalentes a un 1.5 % del producto interno bruto (PIB), gravando una serie de bienes y servicios, desde el ñame, yautía, frijoles, frutas y vegetales hasta los servicios digitales y subiendo el impuesto a los intereses a los ahorros y depósitos de un 10 a un 27 %.
También la iniciativa buscaba eliminar una serie de incentivos fiscales que favorecen al turismo, la industria, las zonas francas, la industria textil local, la cinematografía y otras atividades empresariales que surgieron acogidas a leyes que les dan tratamientos impositivos privilegiados.
De esos sectores surgieron la mayoría de las quejas y preocupaciones, igual que de los fabricantes de bebidas alcohólicas y azucaradas, los primeros, porque se aumentaba el impuesto selectivo al ron, cerveza, vino, whisky y otras bebidas, y los segundos, porque se incorporaba su producción al mundo de los impuestos selectivos.
El sector social protestó porque el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), que se le cambiaría el nombre a Impuesto al Valor Agregado (IVA), abarcaría con su tasa única del 18 % hasta los servicios funerarios.
Después del retiro
Cuando el Poder Ejecutivo retiró la pieza del Congreso, además de la acogida que recibió de sectores empresariales liderados por la influyente Asociación de Industrias de la Republica Dominicana (AIRD) y secundada por la Asociación de Industrias de Bebidas no Alcohólicas de la Republica Dominicana, causó decepción en entidades como la Fundación Economía y Desarrollo y el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).
Posteriormente, uno de los principales funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), en declaraciones ofrecidas en Colombia y referidas a toda la región, insistió en la necesidad de que los gobiernos de la zona hagan reformas fiscales.
Esa declaración, proveniente del organismo multilateral más influyente para el país, y las expresadas por entidades empresariales y económicas locales, alimentan la creencia de que el tema de la reforma fiscal no ha terminado, aunque el presidente Abinader dijera que el Gobierno no tenía otro proyecto, y que haría los ajustes necesarios para compensar en parte los recursos que no tendrá, y que se había proyectado recaudar con la propuesta de “modernización fiscal”.
La realidad de las finanzas públicas refleja que el modelo presupuestal no es sostenible con una dependencia tan elevada del financiamiento, de cerca de una tercera parte del Presupuesto Público dependiendo del financiamiento, interno y externo.
No sería fácil conseguir prestamos favorables
Además, pesa mucho en cualquier panorama que se diseñe en materia financiera, debido a que el retiro del proyecto de reforma fiscal pudiera variar las calificaciones de las agencias calificadoras de riesgo hacia la economía del país y su deuda soberana.
La insistencia de organismos internacionales como el FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en que República Dominicana haga reformas económicas, principalmente la fiscal, tiene su origen en que el país tenga sostenibilidad de las finanzas públicas, para que pueda pagar su deuda y mantener su ritmo de crecimiento económico.
Para volver sobre la reforma
El Gobierno pudo “vender” mejor la reforma si la hubiese presentado a través del Consejo Económico y Social (CES) indicando que lo hacía acogiendo un mandato de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 y por su espíritu institucionalista y pensamiento democrático.
En ese escenario, en el cual se discutieron los otros dos pactos mandados por la END 2030, el Educativo y el Eléctrico, se habrían negociado aspectos de la reforma planteada para consensuar una reforma posible, que no necesariamente fuera la presentada originalmente por el Gobierno.
En el CES, un órgano constitucional, tienen representación todos los sectores que fueron a las vistas públicas que convocó el Congreso Nacional y que sirvió de repudio masivo al proyecto, al punto de que obligó al Gobierno a no imponer su mayoría congresional para apoyar la “modernización fiscal’’, nombre escogido para la reforma finalmente abortada.
Posición de la AIRD
En el comunicado que emitió luego del anuncio de retiro del proyecto de reforma fiscal, con el título de “Una nueva oportunidad para el diálogo y la búsqueda de consenso en RD’’, la AIRD agradeció la apertura mostrada por el presidente Abinader “para escuchar las diversas preocupaciones compartidas, tanto las de interés transversal relativas al fomento y la competitividad de la industria nacional , como aquellas de interés específico canalizadas a través de las empresas y gremios que forman parte de la AIRD.
“Conscientes de la necesidad actual de incrementar las recaudaciones fiscales, quedamos a la disposición para retomar el diálogo necesario para construir los consensos que se requieren en el ámbito fiscal y seguir fomentando el desarrollo sostenible de nuestro país”, expuso el poderoso sector industrial dominicano en el documento que más adelante reitera la disposición de ese sector a dialogar y “su voluntad de colaborar en cada iniciativa orientada a construir una República Dominicana más fuerte, competitiva y próspera, con una nueva oportunidad para resaltar nuestro compromiso con el desarrollo del país y el bienestar de todos los dominicanos’’.
