Por Federico Pinales
Hay muchas instituciones públicas y privadas que ponen a las personas a firmar documentos comprometedores sin permitirles leerlos en su totalidad, especialmente aquellos de carácter legal, elaborados previamente por abogados que representan a estas empresas e instituciones.
Además de hacerlos firmar, también se niegan a proveerles copia de lo firmado, alegando “que son documentos privados de la empresa o institución.”
Con ese método se han cometido muchos delitos, despojando a personas humildes de sus derechos de propiedad, de reclamar injusticias o comprometiéndolos seriamente en actos fraudulentos en los cuales ellos nunca han participado, ni se han beneficiado.
Para muestra un botón: Hace dos años una abogada de la Comisión de Titulación de Terrenos del Estado puso a mi madre a firmar unos documentos en los cuales, sin ella saberlo, renunciaba a más de 500 metros cuadrados de un solar de más de 900 metros cuadrados que tiene en la calle Duarte de Nigua, provincia San Cristóbal.
A mucho ruego me entregaron una copia del documento. Cuando lo leí en la casa, descubrí que la habían puesto a firmar un documento por un solar de 441 metros cuadrados, habiendo suministrado previamente una declaración jurada y un plano catastral elaborado por un agrimensor, con la medida real de terreno.
Ellos también habían hecho su propia medición del solar completo.
Cuando le reclamé a la abogada, ella llamó a un agrimensor para aclarar la situación y éste lo que dijo fue: “tienen dos opciones, agarrar el título con esa medida o empezar el proceso de nuevo”.
Aceptamos sobre la base de que nos entregarían el título en tres meses y que luego nos legalizarían la otra parte.
Ya llevamos más de dos años dando viajes para retirarlo y en cada visita encontramos una historia nueva y una cara diferente exigiéndonos documentos que ya han sido entregados previamente y sus constantes requerimientos nos han costado semanas de viajes para Nigua, San Cristóbal, a Santo Domingo y a la oficina de la Comisión de Titulación, ubicada en Uniplaza Centro, de la avenida 27 de Febrero.
La última persona que me atendió trató de calmar la ira que yo sentía ante la burla y la impotencia, frente a tanta irresponsabilidad institucional.
Esa persona me pidió disculpa en nombre de la institución, pero el problema aún persiste, mis pérdidas nadie me las ha reparado y el título aún no aparece.
En otro orden, la pasada semana una señora residente en Estados Unidos, que se encontraba hospedada en un hotel del Mirador Norte, de esa capital, se cayó al salir del elevador, porque el piso estaba mojado, según me contó.
Ella relata que se lastimó el brazo izquierdo y luego se fue a su casa. Poco después, la llaman del hotel para que fuera a firmar un documento, sin explicarle el contenido.
Cuando llegó pretendían obligarla a firmar un papel donde ella liberaba de responsabilidad al hotel y al personal de servicio, por haberse caído en un área mojada.
Intentaron jugar con la inteligencia de la dama, se negó a firmar, pese a la presión que le pusieron, indicándole que “eso no era nada”.
Ante su negativa, entonces le dijeron: “Ah, entonces eso indica que usted piensa demandar”.
Como se puede observar, hubo una doble desconsideración. No le pidieron disculpas, la hicieron pagar un taxi para hacerla ir al hotel para que firmara un documento renunciando a sus derechos y liberarlos a ellos de su responsabilidad en el accidente.
Situaciones similares atraviesan muchas personas con las llamadas instituciones y empresas prestadoras de servicios, entre ellas, las de tecnología, hospitales y bancos, que a través de contratos abusivos en los cuales el mayor peso del compromiso y desventajas aparece en letras muy pequeñas, difíciles de leer. De esa forma, captan beneficios vulnerando los derechos del consumidor.
