Por Antonio Isa Conde
En mis recientes críticas al proyecto de reforma fiscal titulado “Un proyecto fiscal que amenaza
la clase media”, publicado entre otros medios por pronosticamedia.com, expresé mi preocupación en el
sentido de que la propuesta presentada por el gobierno es regresiva.
Si bien reconozco que la República Dominicana necesita una reforma fiscal, es fundamental
señalar que la propuesta actual afecta desproporcionadamente a los sectores de menores
ingresos, en especial a la clase media, que ya soporta una pesada carga tributaria.
En lugar de enfocarse fundamentalmente en aumentar los ingresos del Estado por la vías más
fáciles y convencionales, la reforma debería esforzarse en corregir las ineficiencias estructurales que han estado sangrando nuestros recursos durante años, especialmente la industria minera.
Lo triste del caso es que ese proyecto se ha manejado durante años y se han elaborado dos
anteproyectos de leyes con este propósito:
- Proyecto de Ley de la Minería Nacional.
- Anteproyecto de Ley de la Gestión Nacional de la Renta Estatal Minera.
Esos proyectos están ahí y podían introducirse con pocos cambios en brevísimo tiempo.
Los mismos fueros elaborados por Ministerio de Energía y Minas (MEM) durante el último gobierno del PLD con el objetivo de modernizar y regular de manera más justa y
sostenible la explotación minera en el país.
Elaborados tras tres años de discusiones con el sector privado, logró cierto consenso, aunque algunos sectores continuaron expresando oposición debido a sus intereses
particulares.
En el caso del Proyecto de Ley de Minería que fue presentado al Congreso y perimió, se
planteaban conquistas trascendentes.
Veamos:
- Participación del Estado: Se establece una participación mínima del Estado en la
renta minera del 40%, garantizando que las comunidades y el país reciban una porción
justa de las riquezas extraídas del subsuelo, incrementando así los beneficios directos
para el Estado.
- Reducción de la Duración de Concesiones: La duración máxima de las concesiones de explotación se reduce de 75 a 40 años, lo cual permite una revisión y
actualización más frecuente de las condiciones bajo las cuales se opera la minería en el país.
- Regalías Mineras: El nuevo esquema de regalías aseguraba que las empresas mineras paguen regalías independientemente de si reportan beneficios, evitando que se extraigan minerales sin la correspondiente compensación al Estado.
La vieja ley vigente 146-71 permite que, debido a decisiones gerenciales de reinvertir o
no obtener beneficios durante un tiempo, los propietarios no paguen la regalía, pero se llevan el mineral, dejando solo los pasivos ambientales.
Este aspecto fue combatido duramente por el MEM y los defensores del proyecto, quienes argumentaban que los recursos no renovables no debían ser extraídos sin un
beneficio razonable para el Estado.
- Sostenibilidad Ambiental: El anteproyecto incluye disposiciones específicas para el cierre de minas y la corrección de pasivos ambientales, garantizando que las
operaciones mineras se realicen de manera sostenible y responsable con el medio ambiente.
- Transparencia y Rendición de Cuentas: La propuesta incorpora principios de juridicidad, transparencia y rendición de cuentas, lo cual busca asegurar una gestión
más ética y eficiente del sector minero.
El nuevo marco legal propuesto por el MEM buscaba equilibrar los beneficios para el Estado y los inversionistas, promoviendo un modelo “ganar-ganar” y asegurando que la minería contribuya al desarrollo sostenible del país.
Según explicó el MEM en su momento, la propuesta “transformará el desarrollo de la industria extractiva en la República Dominicana e impulsará su desarrollo sostenible”.
Aunque se alcanzó cierto consenso durante las discusiones, algunos representantes del
sector privado y políticos a su servicio expresaron su oposición, defendiendo sus intereses particulares.
Argumentaban que las nuevas regulaciones podrían tener
impactos negativos en la inversión y la operatividad de las empresas mineras, pudiendo desalentar la inversión extranjera y afectar la competitividad del sector minero en el país.
El anteproyecto fue presentado en el Congreso por el MEM en un acto público, pero lo dejaron perimir, al igual que muchos otros, cuyo único objetivo era contribuir al
desarrollo sostenible de nuestro país, comprobándose una vez más que hay legisladores que son instrumentos pagados de aquellos sectores que viven de la explotación
inescrupulosa de las riquezas de nuestro país y de los recursos del Estado.
Bajo esa misma premisa los técnicos del MEM trabajaron en la elaboración del anteproyecto de ley que buscaba crear el Sistema Nacional de Gestión de Renta Estatal
Minera (SINAGEREN), para impulsar el desarrollo de las comunidades con los ingresos del Gobierno provenientes del sector extractivo, mediante un uso planificado y transparente.
El proyecto de legislación que enviamos al Poder Ejecutivo, donde quedó engavetado,
partía de la visión de que la riqueza del subsuelo debe servir para el desarrollo sostenible bajo estos principios: desarrollo del país y de las comunidades mineras y
distribución equitativa y transparente de los fondos mineros.
En el ámbito nacional, para tener acceso a esos fondos iba a ser necesario someter planes de inversión a la aprobación del Ministerio de Economía Planificación y
Desarrollo.
Esa propuesta de ley contemplaba que los ingresos mineros se distribuyeran en tres
partidas: una para el gobierno central, otra para las comunidades y la tercera se
destinaría a la creación de una reserva como acción preventiva ante las probables
reducciones futuras de la renta minera, de manera que no se detuvieran proyectos e
inversiones iniciados a nivel comunitario o nacional con dichos fondos.
No queremos las inversiones de empresas que vengan a explotar nuestros recursos naturales a costa de destruir nuestro habitad y de las condiciones de vida de nuestra
gente.
Creemos en la explotación de nuestros recursos naturales de manera sostenible, económica, ambiental y socialmente responsable.
En este proceso de reformas es fundamental retomarlo, sin importar su paternidad. Sus
beneficios económicos, sociales y medioambientales son transcendentes y justas.
Suman, no restan.
