Por Omar Santana
La "Operación Camaleón", también conocida como el caso Transcore Latam, ha generado un escándalo de proporciones significativas en la República Dominicana. La pretendida modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo por el contrario ha devenido en una compleja trama de corrupción, sobornos y fraudes que involucra a empresas tecnológicas, funcionarios de alto nivel y entidades gubernamentales clave.
A continuación, repasamos lo que se sabe hasta ahora sobre este escándalo que ha puesto en jaque la confianza en los procesos de contratación pública del país.
Los implicados
Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez
El Exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), está acusado de propiciar la adjudicación irregularmente del contrato a Transcore Latam S.R.L. para la modernización de la red semafórica de Santo Domingo. Además, se le endilga ignorar alertas sobre posibles actos de corrupción. Su rol fue clave al garantizar la ejecución de contratos ilegales, lo que, según el Ministerio Público, lo ha vinculado directamente al fraude.
José Ángel Gómez Canaán (Jochi)
Es señalado como el principal cerebro detrás de la operación. Habría utilizado su influencia y conocimiento para estructurar un fraude a gran escala. Gómez Canaán es señalado por supuestamente crear empresas de fachada, como Transcore Latam S.R.L., y manipular el proceso de licitación para beneficiarse con contratos millonarios. Además de ello, se le vincula con actividades de espionaje mediante la utilización de la infraestructura tecnológica del proyecto. También se le culpa del sabotaje de la red semafórica de Santo Domingo desde el pasado 27, 28, 29 y 30 de agosto pasado.
Frank Rafael Atilano Díaz Warden
Es relacionado con la gestión financiera dentro del esquema de corrupción. A Atilano Díaz Warden se le atribuye participar en la manipulación de los fondos obtenidos ilegalmente a través del proyecto, involucrándose en el movimiento de dinero ilícito y en el proceso de lavado de activos. Su participación en el esquema habría sido decisiva para crear la estructura financiera para el fraude.
Pedro Vinicio Padovani Báez
Es identificado como uno de los accionistas principales de Transcore Latam S.R.L. Se le acusa de ser parte de la estructura de lavado de activos. Padovani Báez utilizó su participación como socio para beneficiarse directamente del dinero obtenido ilícitamente mediante la manipulación del proceso de licitación. También habría tenido un rol activo en la coordinación con otros actores del esquema.
Carlos José Peguero Vargas
Socio clave en la operación fraudulenta. Peguero Vargas esta señalado por supuestamente facilitar las conexiones necesarias para asegurar el éxito del esquema de corrupción. Su rol fue fundamental en la coordinación entre las distintas empresas y actores involucrados, asegurando que las maniobras ilícitas no fueran detectadas.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda
Implicado en la operación financiera y logística del fraude. Baquero Sepúlveda fue una figura importante en la ejecución de los procesos que permitieron el desvío de fondos y el control sobre la red semafórica, facilitando las irregularidades técnicas y administrativas necesarias para sostener el esquema de corrupción.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia
Otro de los socios implicados en el esquema, Álvarez Carbuccia trabajó en la estructuración de las empresas y consorcios que participaron en el fraude. Su rol se habría centrado en asegurar la entrada de fondos ilícitos y facilitar la operación comercial de las empresas involucradas en el caso de Transcore Latam S.R.L.
Los orígenes del caso: Una licitación polémica
El caso tiene sus raíces en una licitación pública realizada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) en 2023, para la "Modernización, Ampliación, Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo". Este proyecto, valorado en más de mil 300 millones de pesos dominicanos, buscaba mejorar y modernizar el sistema de control de tráfico en la capital del país, mediante tecnología avanzada, para optimizar la gestión del tránsito.
Sin embargo, desde el inicio, la licitación fue pidera de escándalo. Varias empresas participantes denunciaron irregularidades en el proceso, señalando que los pliegos de condiciones favorecían a una empresa en particular: Transcore Latam, precisamente, propiedad de Gómez Canaán.
La fachada: Transcore Latam
La empresa Transcore Latam S.R.L. es el epicentro de este escándalo de corrupción. Según las investigaciones, Transcore Latam fue registrada como una subsidiaria o extensión de la empresa estadounidense Transcore, un proveedor global de soluciones tecnológicas de movilidad y gestión de tráfico. Sin embargo, las autoridades han revelado que la conexión entre ambas empresas era, en realidad, ficticia.
A pesar de que Transcore Latam fue presentada como una empresa capaz de manejar proyectos tecnológicos de gran envergadura, como la modernización de la red semafórica, las investigaciones han descubierto que la entidad carecía de la experiencia y capacidad técnica necesarias para ejecutar el proyecto adjudicado. En lugar de ser una filial directa de la compañía matriz en Estados Unidos, Transcore Latam fue establecida como una estructura autónoma y, en esencia, fue utilizada como una fachada para obtener contratos públicos de manera fraudulenta.
Las irregularidades en el proceso de licitación —donde otras empresas fueron excluidas o desistieron tras detectar fallos en los pliegos de condiciones— facilitaron que Transcore Latam se alzara con el contrato para el proyecto valorado en DOP 1,300,000,000. Además, una vez adjudicado el proyecto, la empresa infló costos y sobrevaloró los servicios prestados, lo que permitió el desvío de fondos públicos para beneficios privados, estableció la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa.
El Sabotaje: Apagón de los semáforos
Uno de los aspectos señalados en el caso es el presunto sabotaje tecnológico perpetrado por Transcore Latam que provocó el apagón masivo de la red de semáforos en la capital, lo que causó caos vehicular y serios problemas en la gestión del tránsito. Las investigaciones revelan que este apagón no fue accidental ni debido a un fallo técnico, sino una acción deliberada dirigida desde la infraestructura controlada por Transcore Latam.
Los equipos instalados por la empresa incluían controladores semafóricos que permitían el manejo remoto de la red de semáforos desde un Centro de Control Semafórico gestionado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Sin embargo, Transcore Latam habría aprovechado su control de la infraestructura para interrumpir intencionalmente el servicio, creando una situación de caos como presión para asegurar más fondos o para encubrir sus irregularidades en la ejecución del contrato.
El espionaje: La supuesta red de vigilancia ilegal
Además del sabotaje, Transcore Latam está implicada en una trama de espionaje tecnológico. Según el expediente, la infraestructura instalada por la empresa incluía equipos y software que no solo permitían el control de la red semafórica, sino que también facilitaban la interceptación de comunicaciones cercanas.
Utilizando las frecuencias no autorizadas, los dispositivos instalados por Transcore Latam tenían la capacidad de interceptar llamadas telefónicas, datos de navegación por internet y transmisiones de video de dispositivos que operaban en la misma banda de frecuencia o en frecuencias adyacentes.
Fueron técnicos del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), quienes habrían descubierto que los semáforos estaban siendo manipulados utilizando frecuencias no autorizadas, específicamente la banda de 2.300 MHz. Aunque la empresa había solicitado estas frecuencias para la transmisión de datos entre los semáforos y el centro de control, los informes técnicos concluyeron que el uso de estas frecuencias no era necesario, ya que la red semafórica podía funcionar utilizando frecuencias libres.
El espionaje ilegal habría permitido a Jochi Gómez y su equipo obtener acceso a información confidencial de ciudadanos, empresas, e incluso, de entidades gubernamentales, lo que representa una grave violación a la privacidad y seguridad nacional. La red de espionaje no solo estaba limitada a la intercepción de comunicaciones, sino que también incluía la capacidad de dirigir ataques “jamming”.
Entre las herramientas utilizadas por Transcore Latam para estas operaciones ilegales se encuentran drones equipados con cámaras y equipos de vigilancia, que fueron desplegados para monitorear en tiempo real actividades en áreas urbanas clave. Estos drones eran parte de un sistema de recolección de datos que servía tanto para el control del tráfico como para actividades de inteligencia clandestina.
Aurix, SAS: ¿Cuál es su rol?
En el marco del caso Transcore Latam, AURIX S.A.S., una empresa vinculada al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi), aparece como un actor clave en actividades ilegales de inteligencia y espionaje en la República Dominicana. Según el expediente, esta empresa firmó un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Defensa de la República Dominicana (MIDE) el 23 de junio de 2020, con una vigencia de 12 meses, bajo el liderazgo de Rubén Darío Paulino Sem, quien era ministro de Defensa en ese momento. Este acuerdo facilitó la participación de AURIX en tareas de recopilación y análisis de información sensible, relacionada con la seguridad nacional.
El acuerdo tenía como objetivo, según lo presentado, la colaboración en la identificación de perfiles de personas físicas y jurídicas con riesgos potenciales, utilizando herramientas de inteligencia artificial y software avanzados de detección de amenazas. AURIX se comprometía a cooperar en la protección de las instalaciones, personal y activos del Ministerio de Defensa, permitiéndole operar con amplias libertades dentro del territorio nacional y en coordinación con las Fuerzas Armadas.
El problema radica en que no se encontraron registros oficiales del acuerdo dentro del MIDE ni de los pagos o relaciones formales con AURIX. Un oficio emitido el 21 de marzo de 2024 por el entonces ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, y respaldado por los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas, confirmó la inexistencia de vínculos oficiales entre la empresa de Gómez Canaán y el Ministerio de Defensa. “Esto revela que el acuerdo fue hecho de forma oculta y con malas intenciones”, dice el Ministerio Público, lo que constituyó una violación de la Constitución y la Ley 139-13, que regula las atribuciones y facultades de las instituciones militares.
Además, se descubrió que AURIX usurpaba las atribuciones de otras agencias estatales, como la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público, llegando a instalar sistemas de videovigilancia con el uso indebido de logotipos oficiales.
La Policía Nacional confirmó, en una comunicación del 4 de octubre de 2024, que no existía ningún convenio o acuerdo con AURIX, lo que refuerza las acusaciones de que esta empresa operaba al margen de la ley, utilizando sus conexiones y acceso privilegiado para actividades ilícitas.
El papel de AURIX en el caso Transcore Latam no solo involucró su participación en la licitación fraudulenta del sistema semafórico, sino también en actividades de espionaje y manipulación de información confidencial, comprometiendo la seguridad nacional. Este acuerdo ilegal entre AURIX y el Ministerio de Defensa fue clave para que Gómez Canaán expandiera su red de control y vigilancia dentro de las instituciones estatales, utilizando su empresa como fachada para estas operaciones ilícitas, según el expediente acusatorio en su contra.
La función de Inprosol
Uno de los elementos más sorprendentes del caso ha sido la participación de Inprosol, una empresa originalmente dedicada al cultivo de arroz. Fundada en 2017 en San Cristóbal, Inprosol cambió su objeto social para incluir servicios tecnológicos y brindar capacidad de equipamiento a la empresa Transcore Latam, ganadora de la cuestionada licitación.
Este cambio abrupto en el perfil de la empresa ha generado dudas sobre su verdadera capacidad para asumir un proyecto de esta magnitud. Según el Ministerio Público, Inprosol habría sido utilizada como una "fachada" para justificar ciertas operaciones fraudulentas y desviar fondos a través de contratos que excedían su capacidad operativa.
Las pruebas del Ministerio Público
Las autoridades han señalado un amplio cúmulo de pruebas testimoniales y periciales que sustentarían las acusaciones de corrupción y fraude. Entre ellas, se destacan las siguientes:
- Documentos internos de INTRANT que muestran cómo se manipularon los términos de la licitación para favorecer a Transcore Latam. Estos documentos, además, revelan que la empresa no cumplía con varios de los requisitos técnicos necesarios para llevar a cabo el proyecto, pero aun así fue seleccionada como ganadora del contrato.
- Comunicaciones electrónicas entre los implicados, en las que se evidencian las negociaciones y sobornos a funcionarios públicos para que garantizaran la adjudicación del proyecto a Transcore Latam.
- Contratos y facturas que muestran sobrevaloración en los costos de los equipos y servicios prestados por Transcore Latam e Inprosol, lo que permitió desviar una parte significativa de los fondos destinados a la modernización del sistema de semáforos.
Las solicitudes del Ministerio Público
El Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción para los principales imputados, entre ellas 18 meses de prisión preventiva para Hugo Beras y Jochi Gómez. Esta solicitud se basa en la gravedad de los delitos imputados, que incluyen asociación de malhechores, fraude, soborno y lavado de activos, entre otros.
Además, se ha solicitado que se declare la complejidad del caso, lo que permitiría a las autoridades disponer de más tiempo para investigar más a fondo el entramado de corrupción.
Lo que viene
El caso aún está en una fase preliminar, ni siquiera se han conocido medidas de coerción, y se espera que las investigaciones continúen en los próximos meses. Las autoridades han anunciado que seguirán recolectando pruebas y que podrían imputar a más personas que estarían vinculadas al esquema criminal.
