Por Bernardo Hirán Sánchez Melo
El Gobierno dominicano ha iniciado un proceso de fusión de ministerios y adecuación de entidades gubernamentales con aparente duplicidad en sus funciones. Esto con el propósito de eficientizar las instituciones que conforman parte del Gobierno Central y lograr ahorros en el gasto público.
Dado que puede ser afectada la actual nómina del sector público es propicio conocer algunos datos e indicadores que puedan arrojar luz sobre el desempeño de los servidores públicos y el aporte del Gobierno en la generación de ingresos y empleos en la población dominicana en su condición de sector público empleador y generador de bienes y servicios.
Veamos:
En el sector público se registra un total de 729,509 servidores públicos (SISALRIL), de los cuales 43.0%, pertenecen a la administración pública y defensa (ENFT-BCRD) y el restante 57.0% están empleados en el sector público descentralizado.
Los 729,509 colaboradores públicos representan 14.58% del total de empleados en el sector formal e informal (5,002,384 personas según la Encuesta de Trabajo del BCRD). Y muestra una cifra significativa de 30.7% en la totalidad de empleados formales. Es decir, el sector público contribuye a la generación de empleos formales y en gran medida de calidad. Por su parte, el sector privado absorbe el restante 69.3% de los empleados formales, y apenas un 34.7%, de los empleos totales formales e informales.
Es importante comparar el desempeño del sector público respecto al sector privado, esto para derribar ciertos mitos de la supuesta mejor eficiencia del ente privado sobre el Estado dominicano.
En el sector primario, es decir, en el sector agropecuario, se emplea un 7.4% del total de ocupados (ENFT-BCRD) con un valor añadido de un 7.1% al PIB, muestra de cierta mejora en la producción de productos agrícolas y pecuarios a partir del uso de tecnología, transporte mecánico y mecanización, aunque en muchos de los rubros de producción agrícola y pecuario prima aun el uso extensivo de la mano de obra no cualificada, por lo que el aporte a la productividad en la creación del PIB presenta un valor ponderado de 28.6%. El sector secundario, la industria, la manufactura y construcción suman un 18.0% de la fuerza laboral ocupada, con un valor añadido de 28.2% al PIB, y un aporte a la productividad de un 46.4% ponderado. En tanto, el restante 67.0% está ocupada en los sectores terciarios, es decir, servicios y comercio, aportando un 57.1% al valor añadido del PIB (sin incluir la administración central y defensa), para un ponderado en el aporte a la productividad de 25.2%.
Se debe destacar que la baja ponderación en el aporte a la productividad en el sector servicio se debe a que no obstante ser uno de los sectores que mayor empleos genera, subsectores como el comercio, que emplea el 20.4% de los ocupados, tan sólo aporta el 8.4% al valor añadido del PIB.
Lo anterior es importante tomarlo en consideración al momento de diseñar políticas públicas y tomar medidas respecto a liberar servidores públicos. Dado que el mercado formal del sector privado no tiene la capacidad de absorber una parte significativa de la población económicamente activa (PEA), esto así por las limitaciones del mercado local, los elevados costos de producción, por la escasa productividad de los factores de producción, una oferta de los sectores productivos limitada y la naturaleza propia de las empresas privadas, que es maximizar los beneficios privados por encima de las bondades sociales.
Debe añadirse a esta realidad que muchas empresas del sector privado reciben a través del gasto público incentivos fiscales a los fines de que puedan generar empleos, generar divisas o aportar al PIB.
Es relevante destacar que los empleados en los subsectores educación y salud pertenecientes al sector público suman un 45.2% (329,950 servidores) del total de ocupados en los sectores formal e informal. Es decir, en gran medida, los empleados del sector público están ocupados en áreas que aportan a la formación de capital humano.
En tanto, no más de 280,000 empleados prestan servicios en más de 89 instituciones del Estado que garantizan el cumplimiento de las funciones propias de su naturaleza y mandato constitucional: regulatorio de todos los sectores económico y social, prestador de servicios a la población y entidades privadas, financiador del desarrollo, y preservación del Estado mismo.
En lo que respecta a la calidad, nivel y estructura del gasto del sector público será objeto de otro artículo, aunque se puede adelantar que la administración central y defensa muestran un gasto en conjunto respecto al PIB de un 2.09%, cifra inferior al 3.0% de valor añadido al PIB. Es decir, el Gobierno Central no sólo es garante del funcionamiento y la existencia misma del Estado dominicano, sino también que contribuye al PIB de manera positiva (3.0% – 2.09% = 0.91).
Por último, no se registra en las estadísticas ningún país desarrollado con gobierno pequeño y falto de instituciones suficientes para cumplir las funciones de un Estado moderno.
Bernardo Hirán Sánchez Melo, Ph.D.
En autor es Economista
Hacienda tiene vice ministerios de Presupuesto y contabilidad; de Patrimonio; del Tesoro; de Credito Publico; de Politicas Tributarias y Tecnico Administrativo. MEPYD tiene viceministrrios de Planificacion, de Analisis Economico Social; de Cooperacion Internacional; de Ordenamiento Territorial y Administrativo y Financiero. Esta ultima es la umica que coordina con presupuesto de Hacienda. No hay posibilidad de anular las politicas sociales y participacion coudadana y menos anular el ordenamiento Territorial mumicipal y regional conforme lo estanlecen las leyes ultimas.