Por Antonio Isa Conde
La agricultura dominicana, un sector vital para la economía, enfrenta importantes desafíos que han afectado su productividad y sostenibilidad. Como consecuencia, las importaciones de alimentos han experimentado un incremento significativo, al punto que, según técnicos consultados, se observa un aumento promedio de 217% en el año 2023 con respecto al 2019, por lo que estiman que el país no produce el 90% de los alimentos que consume.
Lo que explica que no obstante el país haber logrado avances en los índices de subalimentación después de la pandemia, no hemos logrado alcanzar las cifras anteriores y mucho menos alcanzar niveles aceptables de seguridad alimentaria.
La mayoría de los productores son pequeños agricultores con parcelas limitadas, lo que dificulta la mecanización y la adopción de tecnologías modernas, afectando negativamente la productividad.
A pesar de los programas de crédito impulsados, aun con cierta timidez, en los gobiernos del PLD, como los del Banco Agrícola, muchos productores han perdido acceso a financiamiento, debido a la falta de continuidad de las políticas públicas, lo que es usual en nuestro país.
El estado de los caminos vecinales y los sistemas de riego son inadecuados, afectando la capacidad de los agricultores para transportar productos y enfrentar con mayor eficiencia el cambio climático y sus efectos dañinos, así como maximizar el aprovechamiento de los positivos, como las abundantes lluvias, que pudiendo ser una bendición, por momento se convierten en una pesadilla.
Las sequías, huracanes y otros fenómenos climáticos continúan afectando las cosechas.
Debemos hacer, gobierno y productores, un gran esfuerzo por mejorar la producción agrícola en calidad cantidad y precios competitivos.
Muchos programas se pueden desarrollar, entre ellos:
Fomentar asociaciones de productores (clúster) en procura de facilitar la mecanización, el acceso a tecnologías y créditos, así como mejorar los accesos a nuevos mercados y por ende mejorar la rentabilidad de los asociados.
Incrementar los programas de crédito agrícola con requisitos más accesibles, acompañados de seguros para mitigar los riesgos climáticos.
Mejorar los sistemas de riego y los caminos vecinales, claves para garantizar una producción estable y reducir pérdidas postcosecha.
Implementar prácticas sostenibles, como el uso de variedades resistentes, y promover políticas de mitigación ambiental, entre otros.
La agricultura dominicana necesita un replanteamiento estructural y el fomento de políticas públicas que fortalezcan el acceso al crédito, la infraestructura y la adaptación al cambio climático, entre otras cosas.
El sector puede mejorar su competitividad mediante una gestión eficiente y sostenible de los recursos disponibles. Esta no es solo una tarea del Estado, sino también de los propios productores. Mejorando la eficiencia del Estado y los productores, lograremos alcanzar niveles aceptables de Competitividad País.
¡No hay tiempo que perder!
