Por Nelson Cuevas Medina
Durante los meses de febrero y mayo de 2024, la República Dominicana celebró elecciones municipales y presidenciales, marcadas por una campaña electoral anticipada.
Entre 2020 y 2024, el país fue testigo de un incesante bombardeo político en todos los medios de comunicación, en las avenidas, calles, plazas públicas, centros deportivos, con el único fin de lograr posicionamientos electorales.
A pesar de que las elecciones de 2024 ya concluyeron, en el país persiste desde ya, un ambiente de campañas anticipadas y un activismo político constante, como si el proceso electoral no hubiera terminado.
Esto refleja la continuidad de un ciclo político interminable y agotador, tanto para los actores políticos como para la ciudadanía.
Aunque la Ley 20-23, Orgánica de Régimen Electoral, establece plazos claros para el inicio de las campañas y otorga a la Junta Central Electoral (JCE), la facultad de regularlas, la falta de medidas contundentes por parte de esta entidad ha permitido que el desorden persista.
Estos prolongados períodos de campaña evidencian la fragilidad de la legislación electoral y la ineficacia del organismo encargado de regular su cumplimiento.
El artículo 97 de la ley es claro en cuanto al inicio de una campaña electoral. En su párrafo II se establece que: "toda elección será precedida de una proclama que dictará y hará publicar la Junta Central Electoral".
Además, se estipula que "el inicio de una campaña para las elecciones deberá ser publicado a más tardar setenta (70) días antes de la fecha en que debe celebrarse".
Sin embargo, a pesar de estas disposiciones, la JCE no ha actuado conforme a su mandato, lo que pone de manifiesto tanto su ineficacia como su falta de voluntad para frenar las violaciones.
El prolongado activismo político ha sido impulsado también por las estrategias comunicacionales del gobierno y los principales partidos, como el PRM, la Fuerza del Pueblo y el PLD.
Durante el último cuatrienio, se recurrió a encuestas de cuestionable fiabilidad, muchas de ellas carentes de rigor científico, con el fin de generar percepciones favorables o contrarrestar resultados adversos. Eran causantes de fatiga, dudas, preocupaciones, entre la población votante adversa a sus resultados. ¿Se recurrirá otra vez a esa práctica?
Por otro lado, los dirigentes políticos ya están inmersos en plena campaña de cara a las elecciones de 2028. Líderes como Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, entre otros del PLD, y más de veinte posibles candidatos dentro del PRM, entre ellos David Collado y Carolina Mejía, ya han comenzado a recorrer el país.
A la par, el presidente Luis Abinader ha continuado con su programa "La Semanal", en el que promueve las acciones del gobierno y presenta su agenda semanal. Al mismo tiempo, el expresidente Leonel Fernández ha reactivado su espacio comunicacional "La Voz del Pueblo", enfocado en cuestionar las estadísticas oficiales del gobierno y en imponer una agenda propia con temas críticos para el debate público.
Al indagar sobre los efectos más allá de nuestro contexto, encontramos una diversidad de opiniones entre conocedores internacionales en la materia.
Este fenómeno de campañas permanentes ha sido analizado por expertos en ciencias sociales, como el sociólogo francés Pierre Bourdieu y el filósofo alemán Jürgen Habermas, quienes advierten que "la sobreexposición a dinámicas electorales puede erosionar la calidad del espacio público y afectar el medio ambiente". Estos pensadores también señalan que "esta tendencia debilita el debate democrático y convierte la política en un espectáculo mediático."
Para evitar el desgaste de la ciudadanía y preservar la integridad del sistema democrático, es fundamental que la JCE actúe con firmeza y sancione las campañas anticipadas.
La Ley Electoral es clara respecto a los plazos y responsabilidades de los partidos en cuanto a la propaganda. Cumplir con estos plazos es elemental para fomentar una participación ciudadana informada y responsable, así como para garantizar un proceso electoral equitativo.
Es fundamental que el gobierno se enfoque en cumplir con su mandato, implementando su programa de gobierno y respondiendo a las verdaderas necesidades de la sociedad, así como a las promesas que lo llevaron al poder. Al mismo tiempo, el país necesita una oposición seria y responsable, a la altura de las exigencias de la democracia dominicana.
