Por Alfonso Tejeda
Quizás porque su ineficacia es su seña de identidad, y su mención sólo provoca rechazo, ha pasado desapercibida una muy interesante y oportuna propuesta que hizo el presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), para el manejo de la migración regional y en el país.
Durante el conversatorio titulado «De la Política Migratoria Guatemalteca al Reclutamiento Ético y Derechos de las Personas Trabajadoras Migrantes: Una Coordinación Interinstitucional y Multisectorial», Ramón Emilio Goris Taveras, incluye la migración de haitianos y haitianas a República Dominicana, como tema a discutir en esa agenda que propone el organismo regional de diputados.
“A través de las leyes, se puede tratar de tener una migración ordenada, sin que se les criminalice, ya que la migración no es un CRIMEN, (sic) contar con una legislación adecuada se dignifica a la persona migrante, se respeta su humanidad”, propone y advierte Goris Taveras, planteamientos que parecen “salirse del guion” que sigue la mayoría de los sectores en la sociedad dominicana.
Resalta esta propuesta porque ocurre en un ambiente en el que la presencia de haitianos/as en el país está marcada como la peor de las “desgracias”, es nuestro mayor “problema” y se considera como “el peligro” a enfrentar, tarea en la que casi todos/as – sin reparar en leyes, ni condiciones- quieren ser protagonistas en esa batalla de higienización racial.
En la perspectiva del Parlacen, el problema requiere de una atención y compromiso multisectorial, desde los cuales
“brindar una respuesta integral que garantice el enfoque de Derechos Humanos”, mirada que rechaza la mayoría de quienes analizan, administran y son responsables de conducir las políticas migratorias de los y las haitianos y haitianas.
Esa política ha estado marcada por el racismo, sin importar las consecuencias humanas, ni respetar los compromisos y acuerdos internacionales de los que el país es signatario, ni las leyes propias que norman esa presencia en el país, ni los efectos colaterales que puedan tener para el desarrollo económico y la convivencia social.
Son vulneradas alegremente las leyes disponibles para hacer de la migración una práctica consensuada, sin sobresaltos ni crispación, tal como ocurre con la ley 169-14, que dispuso restituir alguna legalidad a más de 200 mil nacidos en el país, descendientes de haitianos, quienes fueron despojados de la ciudadanía, y 11 años después están en un limbo jurídico.
Posterior a esa abusiva decisión del Tribunal Constitucional, República Dominicana rechazó en el 2018 firmar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, al que se había comprometido, pero que la batahola racista convirtió en una lucha cardinal para evitar que los haitianos y las haitianas tengan reconocimiento y garantías de derechos como migrantes.
Que el presidente del Parlacen se atreviera a plantear la necesidad de regular, ordenar y hacer segura la migración regional, y que señalara la situación dominicana, por el momento y en el ambiente que lo propone, es una muestra de valentía, la que tendrá que ejercitar muy de continuo para confrontar a quienes lastimosamente rechazan a los migrantes del vecino Haití, desafío que también sacará a esa entidad de su modorra y anquilosamiento .
