Por Héctor Linares
Con situaciones simultáneas de elevados beneficios y altas pérdidas de algunos de sus principales componentes, el sector eléctrico público parece estar demandando ser objeto especial en la nueva tanda de reformas económicas que penden en la agenda nacional.
Las dificultades financieras por las que atraviesa el sector eléctrico parecen indicar una urgente y prioritaria necesidad de someterlo a una reforma estructural, primero, o al mismo tiempo que la ya inminente reforma fiscal o tributaria que planea presentar el Gobierno, cuyo alcance pudiera ser dado a conocer esta semana.
Uno de los aspectos que más empuja al Gobierno a operar un presupuesto deficitario es, en términos internos, el de los elevados subsidios, directos e indirectos, que anualmente otorga al sector eléctrico, cuya equivalencia oscila entre 1,500 y 2,000 millones de dólares.
Plantear una reforma tributaria al margen o divorciada de lo que pasa en el mercado eléctrico podría dejar algunas datos sueltos, cuando se vaya a proyectar el gasto corriente en un presupuesto catapultado en mayor proporción por ingresos provenientes de la tributación interna.
El escenario parece retomar las discusiones de hace cuatro anos, cuando se hablaba de que el pacto eléctrico debía ser discutido y aprobado primero que el pacto fiscal, porque muchas de las dificultades y debilidades de las finanzas públicas provienen de las transferencias que hace el Gobierno al sector eléctrico, cuya parte más deficitaria surge de las altas pérdidas que afectan las operaciones de las empresas distribuidoras de electricidad.
Un tercio de la energía generada se pierde en la fase de distribución, lo que constituye el más oneroso aspecto del sector eléctrico.
Es la vinculación del déficit financiero del sector eléctrico con el desbalance de las finanzas publicas lo que puso el debate sobre cuál pacto hacer primero, el eléctrico o el fiscal, dos mandatos de la Estrategia Nacional de Desarrollo cuyo cumplimiento registra largos retrasos.
Organismos internacionales miran y hablan
El impacto de las pérdidas del sector eléctrico en las finanzas públicas no solo es visto y sufrido por el Gobierno dominicano. También los organismos internacionales son observadores permanentes. El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) en sus informes sobre la Republica Dominicana y su economía, dedican amplios comentarios destacando la necesidad de reformas.
Uno de los más precisos es el Banco Mundial, cuyo nombre original es Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, uno de los organismos creados a raíz de la Segunda Guerra Mundial, para contribuir con la recuperación económica de los países. En su más reciente y contundente pronunciamiento, el Banco Mundial expuso para la economía dominicana necesita una reforma de su sector eléctrico para revitalizar su crecimiento.
Una crisis histórica
Las dificultades financieras del sector eléctrico no son nuevas. Datan desde la década de los años 70, cuando el servicio eléctrico era monopólicamente ofrecido por el Estado, a través de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), propietaria de la generación (térmica e hidroeléctrica), la distribución y la transmisión.
Por los constantes déficits que acumulaba la CDE, el Gobierno presidido por el doctor Leonel Fernández propuso la ley de capitalización de la empresa pública, que para el caso de la CDE, tuvo como desenlace la división de ese emporio, al cual se le puso un nuevo nombre, el de Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y se le dio fecha de duración a su existencia, y creando dos empresas nuevas para la generación hidroeléctrica y para la transmisión. De esa ley surgieron las empresas Generadora Hidroeléctrica (Egehid) y de Transmisión Eléctrica (ETED).
Para la parte de distribución y comercialización se crearon las empresas distribuidoras de electricidad del Este, del Sur y del Norte, cuya operación y propiedad fue originalmente compartida con el sector privado extranjero. Pero la alianza duro poco. Para el periodo gubernamental 2000-2004 se produjo la recompra al grupo Unión Fenosa de Edesur, Edenorte, y Ede Este, cuya propiedad era compartida con un grupo norteamericano. Las tres empresas fueron totalmente estatizadas posteriormente.
El tema de la tarifa eléctrica controlada y los fraudes y robos de electricidad heredados en las gestiones de administración de las Ede, se ha convertido en un punto inflexible para mejorar la eficiencia y disminuir las pérdidas.
Ahora, el mercado, totalmente público en la distribución, en la generación hidroeléctrica y en la transmisión, está compartido con el sector privado en la generación térmica.
La CDEEE terminó su periodo de vida y sus funciones y propiedades pasaron al Ministerio de Energía y Minas. El panorama y resultados no han variado mucho con el cambio.
En la comercialización de la electricidad que se produce en el país, hay todavía elevadas pérdidas para los distribuidores y buenas ganancias para los generadores, incluyendo al Estado en la parte térmica y en la hidroeléctrica.
En su último discurso de rendición de cuentas correspondiente al periodo 2020-2024, el presidente Luis Abinader, al destacar los buenos resultados de las principales empresas públicas, reveló que en el 2023 la central Punta Catalina generó beneficios por US$237.0 millones, lo que la convierte en una de las empresas públicas más rentables del país.
Otras dos grandes empresas públicas con grandes beneficios, también citadas por el presidente Abinader, fueron el Banco de Reservas, con unos RD$24,500 millones, equivalentes a un poco más de US$400 millones, y la Refinería Dominicana de Petróleo, con US$40.6 millones de ganancia.
Pero en el sector eléctrico, el Gobierno no solo recibe beneficios (para compensar las pérdidas de las distribuidoras). También transfieren beneficios al fisco, al punto de que son tomados en consideración en los ingresos extraordinarios enviados al Presupuesto Complementario 2024, como ocurre con las empresas ETED y Egehid.
Como accionista dueño de 50 % del capital accionario de las rentables Empresas Ege Haina y Ege Itabo, el Estado, vía el Fonper, recibe millones de dólares anuales.
Esa enredadera de instituciones del sector eléctrico, con buenos beneficios y otras con pérdidas elevadas, en la comercialización de un mismo producto, deberían ser parte de la agenda en una revisión o reforma del sector eléctrico dominicano, el área de la economía con la más dilatada y profunda crisis, como si fuera endémica.
